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LUCHA ESTIBADORES

Los estibadores no ceden al intento de liberalización del sector por parte del Gobierno

Este miércoles finalizó la primera reunión entre estibadores, Gobierno y patronal, tras el rechazo del Real Decreto en el Congreso. No se alcanzó ningún acuerdo. Los estibadores no aceptan la liberalización del sector.

Ivan Tamajón

Barcelona | @Ivan_Borvba

Miércoles 22 de marzo | 19:49

Se levantaron de la mesa sin acuerdo. Estibadores, patronal y Gobierno no alcanzaron un punto de encuentro en su primera reunión de negociaciones después de haber sido rechazada la reforma del sector en el Congreso.

Tras más de 5 horas de reunión, el principal escollo para alcanzar un acuerdo lo sigue definiendo la petición de los sindicatos (Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, UGT, CCOO, CIG y USO) de garantizar la subrogación del empleo.

El ataque que pretende llevar a cabo la patronal contra los estibadores busca precarizar el sector, y concretamente mediante la liberalización de la contratación. Se pretende así romper con el apartado del actual convenio que regula que las empresas estibadoras deben participar en las Sociedades Anónimas de Gestión de Trabajadores Portuarios (SAGEP) para contratar a los estibadores.

Es por este motivo que desde los sindicatos y los propios estibadores existe un rechazo frontal a aceptar cualquier negociación con la patronal y el Gobierno que no regule por ley la subrogación de empleo. Fuentes de los trabajadores aseguraron tras la reunión que “es necesario que haya una norma que regule y garantice el empleo”, insistiendo en que es un “asunto central”.

Antolín Goya, coordinador de la Coordinadora de Trabajadores de Mar (principal sindicato del sector), sentenciaba que “la única forma de garantizar el empleo es hacerlo por el Decreto o en otra norma legal […] cualquier otra forma de garantía legal, aunque sea Decreto Ley, la podemos ver y estudiar”.

Dentro de las medidas que desde los sindicatos han puesto sobre la mesa de negociación está una rebaja salarial del 6% (un 5% más un 1% que también exigen a las empresas) como mecanismo de mejora de la productividad de los puertos españoles.

Esta medida, sin embargo, no saciará los apetitos de la patronal. Especialmente desde el auge de la crisis, la mayor parte de los sindicatos han venido “encarando” los conflictos con esta voluntad, ofrecer todo tipo de concesiones, esperando una respuesta positiva desde la empresa, la patronal o el Gobierno, que en la mayoría de casos no ha llegado.

Qué duda cabe que las empresas del sector, con la americana JP Morgan a la cabeza, buscan rebajas salariales en el sector para hacer más competitivo los puertos europeos frente a los de otras regiones, como puede ser el caso de África del Norte. Algunos datos, como los de la consultoría PWC (Pricewaterhouse) apuntaban a rebajas salariales “necesarias” que podrían alcanzar un 60%.

¿Por qué no se habla del incremento del volumen de contenedores en un 5,5 % el curso pasado? ¿O del incremento de toneladas de mercancías -un 3%- en 2016? ¿Por qué no se “filtran” datos o se escriben ríos de tinta de los suculentos beneficios que la patronal extrae del sector portuario?. Básicamente porque tras el ataque a los estibadores en el Estado español se esconden grandes beneficios para las empresas, y ni sus medios de comunicación ni sus representantes políticos, tienen la más mínima intención de airear.

No hace falta irse lejos en el tiempo para recordar el caso de TMB Barcelona, cuando Mercedes Vidal, miembro del Ayuntamiento de Barcelona, mostró públicamente los salarios de los trabajadores de metro. Lo mismo ha sucedido y sucede con los estibadores, pero lo cierto es que este discurso responde a una campaña de desprestigio del sector en huelga.

Es por ello que el Gobierno se mantiene en su casilla de salida repitiendo el mismo discurso, “La reivindicación de la subrogación por ley constituye una dificultad insalvable”, aseguraba en nombre del Gobierno Julio Gómez-Pomar.

El número dos de Fomento, volvió a recordar que “esa imposición (la subrogación del empleo) por ley es contraria a la legislación y la normativa europea”. Es por ello que lamentó que “los estibadores y sindicatos hayan puesto sobre la mesa antiguas propuestas de difícil encaje”.

El propio ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ha ratificado las palabras de Gómez-Pomar. El ministro ha asegurado que recoger la subrogación por ley es algo que la “Comisión Europea no permite”, a la vez que ha definido la propuesta del Gobierno como “ambiciosa”.

El Gobierno de Mariano Rajoy se encuentra contra la espada y la pared. Por un lado, tiene a la Comisión Europea y una potente empresa norteamericana (JP Morgan) presionando para que se materialice el ataque contra el sector de los estibadores. En el caso de la CE bajo amenaza de sanción. Por otro lado, tiene a los estibadores y sus organizaciones, que ya han demostrado que “mostrando un poco de músculo” han sido capaces de quebrar la aritmética parlamentaria y la voluntad de Europa-Troika y ganar la primera batalla.

El ataque a los estibadores es un ataque al conjunto de la clase trabajadora y los sectores populares que venimos pagando los costes de la crisis. El Gobierno, las instituciones europeas y la patronal dejan claro que los ataques van a continuar. Por eso mismo no es casualidad que el número de trabajadoras y trabajadores en pie de lucha siga creciendo.

Frente a esta situación es necesaria la coordinación de estas peleas, exigiendo un plan de lucha a los sindicatos, que permita crear un frente único para pelear por nuestros derechos y contra los ataques del capital. En este escenario difícilmente los estibadores puedan rehuir la pelea.

Es imprescindible que la lucha de los estibadores sienta el apoyo del resto de la clase trabajadora y sectores populares. Si derrotan a los estibadores los trabajadores estaremos en peores condiciones para pelear por recuperar los derechos y conquistas perdidas. Que con la solidaridad puedan pelear por el 100% de sus demandas y por mantener las condiciones laborales que ganaron décadas atrás en las calles, contra los ataques de la patronal, el Gobierno, la Unión Europea y los medios de comunicación capitalistas.






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