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Los despedidos de la Secretaría de Adicciones siguen en reclamo por su reincorporación

Los trabajadores de la Secretaria de Adicciones se encuentran en conflicto por el despido de 30 compañeros contratados.

Viernes 29 de septiembre | Edición del día

En medio de la conmoción general por la muerte de Huguito, el joven de 15 años en rehabilitación por adicción al paco, los trabajadores de la Secretaría de Adicciones de la provincia continúan reclamando por sus puestos de trabajo.

En el mes de agosto, Braulio Fanlo, director de la Secretaría, informó a los trabajadores que no había más presupuesto y que, por lo tanto, no habría renovación de contratos. Con esta medida dejaban en la calle a 30 trabajadores sociales y talleristas de los barrios más castigados por el narcotráfico. La Secretaría depende del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Gabriel Yedlin.

Tras denunciar que el ministro Yedlin se había limitado a ofrecer apenas 20 contratos de locación con fecha de caducidad en enero de 2018, y completamente precarios en cuanto a derechos laborales, los trabajadores de la Secretaría de Adicciones, reunidos en asamblea permanente, emitieron un nuevo comunicado el pasado 26 de septiembre en el que afirman que: “las autoridades de la Secretaría de Adicciones no los dejaron firmar (…) Ayer el Ministro de Desarrollo Social Yedlin, manifestó que esos contratos también permiten la incorporación de pasantes”.

De esta manera buscan barrer con los profesionales y talleristas capacitados por años de trabajo, mediante pasantías con fecha de caducidad para tres meses después de las elecciones.

El martes pasado estaba previsto una reunión de los despedidos con la comisión de adicciones de la legislatura de la provincia, sin embargo los legisladores oficialistas René Ramirez, Nancy Bulacio, Elena Cortalezzi, Eduardo Bourlé, y Sara Asan faltaron en bloque y dejaron plantados a los trabajadores, demostrando la intención de ir hasta el final con el desmantelamiento de la Secretaría de Adicciones en una adaptación en clave provincial a la agenda macrista de ajuste al gasto público.

El Cepla y las promesas de campaña

También el desmantelamiento del Centro Preventivo Local de Adicciones (cepla) de la Costanera también suscitó el fuego cruzado entre el ministro Yedlin y los funcionarios macristas de la provincia.

Recordemos que este centro había comenzado a construirse en junio de 2015 y se detuvo en diciembre de ese mismo año cuando el gobierno nacional interrumpió el envío de fondos. La provincia finalmente rescindió el contrato a la empresa ByM, que llegó a percibir más de 6 millones de pesos por una obra inconclusa, sin disponer desde entonces ninguna partida presupuestaria para finalizar la obra.

Durante todo el 2016 y buena parte de este año el gobierno provincial se limitó a denunciar la responsabilidad del gobierno nacional por la falta de fondos mientras que los funcionarios macristas como el legislador Federico Masso (Libres del Sur) consideraba “inadmisible” que el gobierno nacional disponga de los recursos para concluir la obra. Hasta Patricia Bullrich, en su visita a la provincia del 5 de agosto (cuando Santiago Maldonado llevaba 4 días desaparecido por la Gendarmería) habló de la responsabilidad del gobierno provincial en la interrupción de la construcción del Cepla.

En los últimos días ambos bandos pasaron de echarse las culpas a anunciar por separado dos proyectos simultáneos para construir el centro, pero para después de las elecciones.

La Dirección de Arquitectura y Urbanismo anunció un proyecto para construir un centro con el mismo presupuesto y fondos de la provincia, mientras que los legisladores radicales Canelada y Estofán anunciaron un proyecto de ley para expropiar un inmueble bajo jurisdicción del intendente Germán Alfaro.

La problemática de las adicciones no es individual, sino profundamente social y político. No hay futuro para los jóvenes en una provincia en la que impera la desocupación y la precarización laboral extrema, con un 40% de la población activa que no pudo completar los estudios, y uno de cada cuatro jóvenes que quedan marginados del sistema educativo y del mercado laboral.

Desde Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, pide al ejército en las calles y el servicio militar obligatorio para los jóvenes que no tienen trabajo ni estudios. Nuevamente apela a una solución de fuerza para combatir la desigualdad social.

Rechazando de plano las propuestas, desde el Frente de Izquierda Alejandra Arreguez manifestó su apoyo a la lucha de los despedidos de la Secretaría de Adicciones y rechazó la conscripción obligatoria para los desocupados exigiendo un plan integral de becas y trabajo en blanco para todos.

Los trabajadores de la SA siguen en estado de asamblea permanente y movilización por la reincorporación de los 30 despedidos, contra la precarización laboral y el desmantelamiento de las políticas públicas en materia de adicciones.






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