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REFERÉNDUM 1-O CATALUNYA

Los “comunes”: ambigüedad frente a Catalunya, respeto al Régimen del 78

La fecha del 1-O se acerca y las tensiones entre el Govern y el ejecutivo español aumentan. Ante esta situación, los “comunes” mantienen una ambigüedad útil al Régimen del 78.

Ivan Tamajón

Barcelona | @Ivan_Borvba

Miércoles 6 de septiembre | Edición del día

Foto: EFE

Durante la actual semana se están produciendo los movimientos más relevantes de cara al referéndum del 1-0, cuanto menos los más relevantes a nivel institucional. La tensa sesión en el Parlament de Catalunya de ayer miércoles por la aprobación de la Ley del Referéndum, y las respuestas del Ejecutivo de Mariano Rajoy, dibujan una situación cada vez más límite en términos institucionales.

A lo largo del “procés”, pero sobre todo en estos últimos meses ante la llegada de las fechas “definitivas” -si bien en un proceso tan complejo como éste es difícil aventurarse a movimientos o pronósticos-, los “comuns” han profundizado su posición ambigua sobre el 1-O y el democrático derecho a decidir del pueblo de Catalunya.

Como una cantinela bien aprendida, se han limitado a repetir la fórmula de “derecho a decir”, pero “acordado” y con “garantías”, es decir, esperar que a través de la legalidad de la Constitución del Régimen del 78 se pueda ejercer tal derecho. Algo a todas luces inviable.

Esto es así hasta el punto en que a día de hoy Catalunya en Comú, con su líder Xavier Domènech y Ada Colau -alcaldesa de Barcelona- al frente, aún no tiene posición fija frente al 1-O. La reunión de la coordinadora nacional de los “comuns” está fechada para hoy jueves día 9, y será entonces cuando se elabore un documento que entre los días 12 y 14 de septiembre tendrán que votar los inscritos de la formación.

Por su parte, la marca de Podemos en Catalunya, Podem, ha escenificado estos últimos meses un aumento de la tensión con la dirección de Pablo Iglesias. Desde Podem, y tras una votación en sus círculos, se apostó por abstenerse en la votación de la Ley del Referéndum, y se resolvió participar del 1-O pero sin reconocer su carácter vinculante, sino como muestra de movilización social, es decir, un 9-N “bis”. Mientras que desde Podemos y la dirección de Iglesias directamente se apostaba por la no participación en el 1-O.

De hecho durante la sesión parlamentaria de ayer miércoles el grupo parlamentario Catalunya Si Que Es Pot, del que forma parte Podem, se partió. Casi la mitad del grupo abandonó el hemiciclo en protesta con la dirección de Rabell y Cuscubiela que no les permitieron expresar su punto de vista diferenciado al de los “comuns”, ICV y EUiA, que por momentos competían con el PSC, Cs y el PPC en su oposición al 1O.

Albano-Dante Fachín, líder de Podem, ha señalado que el no dejarles intervenir “va en contra de la pluralidad de CSQEP”. Esta división de Podemos se materializará el próximo lunes 11, en la Diada, donde Podem participará de un acto en el que hablarán entre otros la diputada de la CUP Eulalia Reguant y representantes de las Marchas de la Dignidad, mientras que Pablo Iglesias participará del acto de Catalunya en Comú.

Sin lugar a dudas el derecho de autodeterminación de Catalunya ha sido el talón de Aquiles de la “nueva” política de Catalunya en Comú. Una prueba que han intentado solventar con ambigüedad en su discurso pero con unas acciones claras. Desde posiciones tan determinantes como la alcaldía de Barcelona, Ada Colau no ha podido afirmar siquiera la disponibilidad de locales municipales en la capital catalana para la celebración del referéndum. En sus últimas declaraciones, concedidas el pasado lunes, afirmaba que tan solo cedería los espacios si “no se pone en peligro a funcionarios”. Es decir si una resolución judicial lo prohíbe, algo probable, los colegios permanecerán cerrados.

Esta afirmación es un oxímeron para cualquiera que viva en este mundo. Pretender que el gobierno de Mariano Rajoy haga algún tipo de concesión a aquellos que de cualquier modo participen en el 1-O es una quimera.

No mucho más lejos se ha mostrado en sus declaraciones el líder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, asegurando en reiteradas ocasiones que el referéndum fechado para el 1-O es “un 9-N con más intensidad”. En su malabarismo aseguraba que si bien la propuesta del Govern y la CUP “no es nuestra hoja de ruta, las reacciones y procesos judiciales iniciados por el gobierno central hacen necesario el derecho a decidir”.

Sin lugar a dudas las “presiones” y ataques que se critican desde los “comunes” son ciertas, nadie podría esperar otro accionar del Estado español, desde el Gobierno, hasta la judicatura y la policía. La cuestión en este punto es que frente a estos ataques no se responde depositando más esperanzas en ese Estado. Más bien lo contrario, la movilización popular es la única garantía contra los ataques del Estado español contra los funcionarios que participen del proceso, algo que en ningún caso está presente en el discurso o la práctica de los “comunes”.

Que exista una distancia tan pronunciada entre su discurso (una Catalunya soberana, una Catalunya valiente, derecho a decidir...) y su actitud (absoluta inoperancia), no responde a casualidades o fenómenos inexplicables.

El rol restauracionista del Régimen del 78 al que están apostando los “comunes” -con Pablo Iglesias a la cabeza y su apuesta por un cogobierno con Pedro Sánchez- cogió forma definitiva tras el pacto en el ayuntamiento de Barcelona con los socio-liberales y enemigos del derecho de autodeterminación del PSC. En este sentido solo hay que ver la actitud de los socialistas catalanes en la votación de la Ley del Referéndum, abandonando el hemiciclo catalán y abogando por la intervención del Tribunal Constitucional. Un calco de las amenazas de Soraya Saez de Santamaría en la mañana de ayer.

Pero parece ser mucho más importante sostener este tipo de pactos que una defensa decidida por el democrático derecho del pueblo catalán a votar su futuro. La fórmula del derecho a decidir “acordado” y “con garantías” es, en esencia, la negación del propio derecho a decidir.

En este sentido, los “comunes” han cedido a los cantos de sirena del PSC y el PSOE que promueven, aun incipientemente, un pacto entre Catalunya en Comú y el PSC de cara a unas hipotéticas elecciones autonómicas en Catalunya.

Esta profundización de la “nueva” política como flanco izquierdo del Régimen del 78 es, en última instancia, una piedra más para la realización del propio referéndum el 1-O. Con la vía institucional al rojo vivo y con el poder del Estado español preparado para usar todos los mecanismos coercitivos contra el pueblo catalán, tan solo la movilización social, en las calles, e independiente del Govern, puede pelear por imponerlo.

La actitud de los “comunes” (y de Podemos en el resto del Estado), legitima al bloque constitucionalista por izquierda y dificulta que el proceso de autodeterminación del pueblo de Catalunya despierte algún tipo de simpatía y solidaridad en el resto del Estado.

Una estrategia de restauración del Régimen, duramente tocado por la crisis económica y política abierta en el 15M, donde esta vez ellos puedan jugar el rol de “pata izquierda” del “nuevo” Régimen, esos socios de turno que en esencia legitiman el grueso de las políticas, y entre ellas, la de la defensa acérrima de la indisoluble unidad nacional de España, tan bien atada por Franco y la Transición.

Para que el 1-O pueda realizarse de forma efectiva y pueda defenderse e imponerse su resultado, es imprescindible que en Catalunya y el resto del Estado surja un movimiento en defensa del derecho a decidir del pueblo catalán en oposición al bloque constitucionalista y las respuestas represivas del Estado .Pero también una alternativa a la estrategia “procesista” de Junts pel Si, donde la movilización es un elemento controlado y de presión.

La política de mano extendida de Catalunya en Comú para con su deseado socio, el PSC, es un freno para que surja un movimiento que imponga el derecho a decidir en las calles, y haga de este proceso un verdadero motor para acabar con el Régimen del 78.

Es la única forma de abrir verdaderos procesos constituyentes, en Catalunya y el resto del Estado, donde en la agenda política estén las cuestiones sociales y económicas esenciales para las clases populares y la clase trabajadora, además de las reformas democráticas elementales como la supresión del Senado o la eliminación de la Corona.








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