Política

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Los armados de causa de la Gendarmería

La Gendarmería Nacional reprimió, detuvo y posteriormente armó una causa penal contra Victoria Moyano, nieta restituida y dirigente del CeProDH; Guillo Pistonesi, dirigente del PTS; María Chaves, dirigente de Pan y Rosas, y Patricio del Corro, legislador electo de la Ciudad por el PTS-FIT.

Rosa D'Alesio

@rosaquiara

Sábado 8 de noviembre de 2014 | Edición del día

En el transcurso de estos cinco meses de lucha los trabajadores de Lear sufrieron atropellos por parte de la Gendarmería: causas armadas, presencia de miembros de las Fuerzas de Seguridad infiltrados en la manifestaciones, detención de una nieta recuperada, violación de los fueros contra los diputados y legisladores Nicolás del Caño y Christian Castillo, y violación incluso de los propios protocolos de actuación de las Fuerzas de Seguridad. Más de veinte militantes fueron detenidos y posteriormente se les armó causas penales. Decenas de heridos fueron hospitalizados. Durante el operativo los efectivos dispararon con balas de goma hacia el cuerpo de los manifestantes, lo que está prohibido por las normativas del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Por todo esto ningún gendarme está procesado. Este accionar provocó reiteradas crisis al gobierno nacional, que persistió en esa práctica ilegal, ilegitima y violenta. Pero la lucha de los trabajadores de Lear, junto a un amplio movimiento solidario y las reiteradas denuncias que realizó el PTS y el CeProDH, obligó a que la jueza Sandra Arroyo Salgado, dictara un fallo a favor de los trabajadores. La Gendarmería no podrá intervenir más durante las manifestaciones de los trabajadores de Lear.

Un nuevo operativo comandado por el “gendarme carancho”

Una semana después de que fingiera ser atropellado,(ver nota ¿Dónde está el gendarme Carancho?) el 8 de agosto, ante otra caravana solidaria por Lear, el mismo Torales (gendarme carancho) dirige el operativo en el que embiste el auto en el que viaja Victoria Moyano, junto a Cháves, Pistonesi y Del Corro. Detuvieron su auto y dentro de él tiraron mucho gas pimienta y rompieron las ventanillas del vehículo para termina bajando a Cháves, Pistonesi y Del Corro violentamente y llevarlos detenidos a un destacamento de la Gendarmería. Posteriormente le armaron una causa penal. Ironías de la vida, ese mismo día la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, hacia público que había recuperado a su nieto apropiado por la dictadura.

Denuncia ante el PROCUVIN

La abogada Myriam Bregman, dirigente del PTS y del CeProDH, denunció esta causa penal (junto al colectivo de abogados del CeProDH), ante el Ministerio Público Fiscal de la Nación en el área de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (PROCUVIN). Esta denuncia fue acompañada de material fotográfico y videos registrados por los canales de televisión.

Damos a conocer en exclusiva esta denuncia y los tramos relevantes de la causa que armó la Gendarmería contra una nieta recuperada y sus compañeros de militancia.

Myriam Bregman señaló “denunciamos ante el PROCUVIN estos operativos de la Gendarmería y exigimos que se investigue la responsabilidad del Comandante de Gendarmería Juan Alberto López Torales y del secretario de Seguridad Sergio Alejandro Berni, quien ha reconocido públicamente que comandó este operativo y ha reivindicado el accionar de la Gendarmería en el mismo”. Bregman agregó que plantearon por escrito que “el accionar de la GNA constituyó una grave violación a los derechos humanos, por eso el resultado de la presente investigación nos involucra particularmente ya que se relaciona con nuestra práctica cotidiana y con la afectación de los derechos de reunión, de manifestación y de asociación”.

El operativo de represión, detención y armado de causa

En la denuncia que presentó la abogada Bregman se deja constancia cómo fueron los hechos ocurridos el 8 de agosto donde se organizó una caravana solidaria con los trabajadores de Lear.
Ese día la Gendarmería se presentó desde temprano con decenas de carros de asalto e hidrantes y centenares de uniformados armados y con perros.

Las víctimas de esta causa armada relataron por escrito que “nos encontrábamos circulando a bordo de un auto… Al pasar por la empresa Lear, desde las ventanillas de los autos y sin detener la marcha, mostramos pancartas expresando solidaridad con la lucha de los trabajadores de esa empresa…”, y agregan “Cuando los gendarmes perciben esa muestra de solidaridad, tan colorida como inofensiva, aparecieron una decena de motocicletas de esa fuerza y cerraron el paso a los dos autos que estaban al frente de esa improvisada caravana, provocando a la vez un taponamiento para la circulación de los vehículos que venían por detrás. De las pruebas fílmicas y fotográficas surge de modo indubitable que efectivamente fue la Gendarmería la que impedía la circulación.”

Uno de los momentos más tensos de la jornada fue cuando uno de los gendarmes vio que en el asiento de atrás estaba María Victoria Moyano Artigas (nieta restituida por las Abuelas de Plaza de Mayo, nacida en el Pozo de Banfield) y se encaminó hacia al auto donde comenzó a hostigar a las cuatro personas que viajaban en él. Los gendarmes hacen una puesta en escena y a viva voz acusan a María Victoria y a sus acompañantes de haber chocado una motocicleta de la Gendarmería, amenazándolos con que serán detenidos. Por esto sostienen que “…los efectivos que participaron del procedimiento eligieron el vehículo en el que viajábamos con María Victoria, a quien esta misma fuerza y unidad de Gendarmería espió ilegalmente en el marco del denominado “Proyecto X” por tratarse de una destacada referente de los organismos de derechos humanos comprometidos con cada lucha que dan los trabajadores de la zona norte del conurbano bonaerense.” Y agregan “Nos alarmamos porque ya conocíamos lo ocurrido la semana anterior cuando el Comandante de Gendarmería Juan Alberto López Torales en una manifestación similar se arrojó sobre un automóvil simulando que había sido atropellado…”

Fotografía: Ignacio Smith

Durante los incidentes la prensa fue retirada violentamente del operativo para que no quedara registrado su accionar. Trabajadores de prensa de la TV Pública, de CN23 y de Canal 26 fueron golpeados. De todos modos las imágenes pudieron ser registradas. En ese momento la Gendarmería armó una especie de ‘corralito’ para encerrar a los diputados Nicolás del Caño y Christian Castillo, que fueron privados ilegalmente de su libertad de circulación y de expresión para interceder ante la arbitrariedad que estaban presenciando. La Gendarmería, una vez más, violó los fueros parlamentarios de Castillo y Del Caño. María Victoria relata a Izquierda Diario lo que ocurrió momentos antes de ser detenidos “fuimos privados de nuestra libertad y acusados de haber atropellado una moto, cosa que nunca había ocurrido, en ese momento el comandante de gendarmería López Torales dio la orden de ‘aprehendan a María Victoria Moyano’. Comenzaron a forzar la puerta trasera izquierda para bajarme del auto; pero me resistí a tamaña arbitrariedad.” El jefe del operativo ordenó tirar gas pimienta dentro del vehículo, mientras los gendarmes rompían los vidrios. María Victoria cuenta que “No veíamos nada, se nos paralizaba la respiración, yo sufro de asma.”

Los gendarmes rompieron el vidrio del conductor y arrancaron de su asiento a Guillermo Pistonesi, quien sufrió heridas producto de la rotura de los vidrios. Después hicieron lo mismo con los demás ocupantes. Los periodistas registraron el momento en que golpearon a Patricio del Corro en el piso y cómo seguían tirándole gas lacrimógeno en la cara (las imágenes fueron trasmitida por Crónica TV). En estas imágenes se demuestra que hubo alevosía por parte de la Gendarmería. Un ataque desmesurado por una demora de tránsito.

Fotografía: Ignacio Smith

María Victoria explica “nos atacaron con brutalidad porque somos militantes de izquierda que nos solidarizamos con trabajadores que luchan por sus puestos de trabajo.” Y agregó “la legislación indica que el automóvil es una extensión de la propiedad domiciliaria del conductor. Sufrimos un allanamiento arbitrario, sin orden judicial y completamente violento.” María Victoria vuelve a ese día: “primero detienen nuestro auto, supuestamente, por una infracción de tránsito. Pero se invadió el vehículo y se hicieron detenciones ilegales con abuso de autoridad y violencia física contra todos los ocupantes”. Después fueron esposados y trasladados a una base de Gendarmería. Dentro de la dependencia identificaron a personas que en un primer momento se habían hecho pasar por manifestantes, y que luego participaron en las vejaciones a las que fueron sometidos. Incluso daban indicaciones al resto de los efectivos.

La denuncia ante el PROCUVIN deja constancia que los gendarmes involucrados en el hecho no tenían identificación.

María Victoria padeció durante una semana un cuadro de asma e irritación en las vías respiratorias. Sus brazos quedaron con fuertes marcas azules de la fuerza que contra ella ejercieron.

Las pruebas contra Gendarmería

Hasta acá queda claro que lo actuado por la Gendarmería es de una gravedad extrema dado que se produjo en el marco de un conflicto colectivo laboral. Una violación al legítimo derecho a manifestarse, reunirse y expresarse libremente. Y que además armó una causa fraguando los hechos por lo cual presentaron falsos testigos.

Estos hechos se dieron en el marco de una escalada represiva encabezada por el Secretario de Seguridad de la Nación Sergio Alejandro Berni como una respuesta hostil hacia el reclamo laboral por 200 despidos. Solo así se puede explicar el ataque brutal que sufren las caravanas solidarias con los trabajadores de Lear, que solo llevan pancartas y tocan bocina.

En la denuncia presentada por los abogados del CeProDH se responsabiliza al Estado argentino por estos graves acontecimientos. Citan un informe de 2009 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que reafirmó la responsabilidad internacional de los Estados miembros de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por la actuación de las fuerzas de seguridad internas, sean locales o nacionales. En dicho informe, la CIDH destacó las obligaciones asumidas por los Estados de adoptar medidas para prevenir la vulneración de los derechos de las personas, a la vez que recordó la responsabilidad asumida por los Estados por la actuación de sus agentes y terceros, indistintamente de la jurisdicción interna de que se trate.

El comandante de Gendarmería Juan Alberto López Torales, fue apartado de este operativo, pero los abogados del PTS y el CeProDH no fueron notificados dónde fue derivado. Hasta hoy, tanto Torales como el ex militar Coronel Roberto Galeano, no fueron procesados pese a las pruebas irrefutables que los incriminan.







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