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Los aliados de Macri para una nueva etapa del ajuste

El gobierno planea lanzar medidas de ajuste de “segunda generación”. Esta semana afianzó lazos con las Fuerzas Armadas, la burocracia sindical y los gobernadores. Los tarifazos y el derecho a huelga.

Fernando Scolnik

@FernandoScolnik

Jueves 4 de agosto de 2016 | Edición del día

El diario Clarín dedicó ayer una editorial, escrita por uno de sus principales columnistas, al problema de la gobernabilidad. Desde sus páginas, el matutino le alertó al macrismo que “atravesar agosto” será un desafío debido a la “situación conflictiva laboral-social”.

La recesión económica, que continúa durante el segundo semestre, no hace más que multiplicar las contradicciones del gobierno nacional, entrampado entre la necesidad de llegar con “buenas noticias” al ya cercano año electoral, de un lado, y las exigencias del establishment de profundizar el ajuste implementando las llamadas “reformas de segunda generación”, del otro.

Efectivamente, tras el levantamiento del cepo, la devaluación, el pago a los fondos buitre, los tarifazos, la anulación y baja de retenciones, el macrismo evalúa una segunda tanda de medidas a pedido de los grandes empresarios que reclaman por una mayor productividad, afectada según ellos por conflictos sindicales, ausentismo, juicios laborales y accidentes de trabajo. Según quieren hacer creer los empresarios, la posibilidad de una mayor explotación de los trabajadores sería la condición para traer las prometidas inversiones, que se siguen demorando.

En muchas empresas esto tiene valores concretos. Por dar solo un ejemplo, y como denunciamos desde La Izquierda Diario, este sábado 30, en avisos clasificados del partido de Zárate, una de las zonas más industrializadas del país, se requería como condición para un puesto de trabajo “NO haber trabajado ya en empresas como Lear, Pepsico, Mondelez, Kraft, Gestamp, Plascar”.

El lector atento advertirá que el aviso pedía entonces no haber sido parte de las fábricas del sindicalismo más combativo de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Una forma nada sutil por parte de la empresa de advertir que quiere trabajadores que no se organicen para defender sus derechos. Esta situación sería ideal para los empresarios que piden "productividad".

En el terreno salarial, ayer el jefe de Gabinete Marcos Peña dejó en claro que el gobierno nacional rechaza de plano la reapertura de paritarias, a pesar de la escalada inflacionaria. Incluso, falsificando todos los datos disponibles, afirmó que “lo que vemos es que los acuerdos que se realizaron reflejan lo que será la inflación que viene. Esperamos que a través del diálogo se pueda ver que el salario y el poder adquisitivo se van a ir recomponiendo mes a mes".

Los factores del orden para el ajuste

El problema del plan del gobierno y los empresarios radica en que el humor social no está bien predispuesto para recibir una nueva dosis de malas noticias. Las protestas por los tarifazos, que hoy siguen en discusión en los tribunales de justicia y en las calles, fueron un síntoma claro en este sentido. Peor aún, Cambiemos teme que el malestar sea capitalizado en votos por fuerzas opositoras el año que viene.

En cuanto a la gobernabiliad para profundizar el ajuste, el macrismo toma sus medidas, que en estos días consistieron en alinear a los poderes fácticos como factores de orden contra el pueblo trabajador, para acallar y disciplinar cualquier esbozo de protesta.

Esta semana, el primer capítulo en este sentido fue el día lunes, cuando Mauricio Macri tuvo su primera “cena de camaradería” con los altos mandos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. En ella, el presidente, entre otras definiciones, afirmó que “para crecer, desarrollarnos y generar empleo tiene que haber paz y tranquilidad”, además de sostener que “las Fuerzas Armadas tienen que cumplir “un rol preponderante en esta nueva etapa”. El evento fue un paso más en intentar la tarea estratégica de represtigiar a las fuerzas armadas genocidas.

Sin embargo, no fue ésta la única corporación a la que apeló el macrismo estos días. Con efectos mucho más inmediatos y concretos, el martes, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el gobierno confirmó la tregua con las cúpulas de las centrales sindicales, afianzándola con $ 2704 millones de manera inmediata y $ 30.000 millones en bonos, en concepto de deuda para las obras sociales.

Se trata de un reclamo histórico de la burocracia sindical, ávida de manejar esa caja que estos dirigentes millonarios usan sin ningún control de las bases trabajadoras.

El resultado para el macrismo fue inmediato. Ayer el dirigente de la CGT que fuera kirchnerista en los últimos años, Antonio Caló, afirmó que "hablar de paro es muy prematuro. Espero que todos recapacitemos, porque los paros generales son el último arma que tenemos los trabajadores, y ojalá podamos solucionar las diferencias con el Gobierno y evitemos las medidas de fuerza. La cosa no está fácil, pero vamos a acompañar para que el país salga adelante, no queremos poner piedras en el camino”.

Para Antonio Caló el paro siempre es prematuro. Así como estuvo en contra de los paros durante los gobiernos kirchneristas, lo sigue haciendo durante el macrismo, a pesar de más de 100.000 despidos, tarifazos y una escalada inflacionaria. Ayer expresó “profunda preocupación” por más de 20.000 suspensiones y 5.000 despedidos en los últimos meses en el gremio metalúrgico que él mismo dirige, pero ninguna predisposición para tomar medidas para enfrentar estos ataques. Al igual que a los dirigentes de las centrales que fueron opositoras durante el kirchnerismo, varios millones sobre la mesa lo convencen de hablar mucho y no hacer nada. Posiblemente sea ése mismo el resultado del plenario de secretarios generales de mañana viernes.

La burocracia sindical no es la única que recibió jugosas sumas por estos días. El martes también se firmó el acuerdo federal por el cual el gobierno nacional girará $ 37 mil millones a las provincias. En este caso también los millones unieron en un mismo evento a figuras de bandos políticos diferentes: estuvieron presentes desde Gerardo Morales hasta Alicia Kirchner. Ya el primer semestre mostró que todos ellos coinciden no sólo en aplicar el ajuste, sino también que la mayor parte del Frente para la Victoria votó en el Senado leyes claves para el ajuste, como aquella que permitió el pago a los fondos buitre.

Mientras todo esto sucedía, una importante lucha se desarrollaba en la Seccional Haedo de la Unión Ferroviaria. Allí los trabajadores, con apoyo de la izquierda y otros sectores, se organizan para rechazar los efectos del accionar de otra corporación, la Justicia. Apoyándose en un fallo reaccionario de la Corte Suprema que busca limitar el derecho a huelga, la operadora Trenes Argentinos anunció que denunciará a la seccional y a Rubén “Pollo” Sobrero por el paro de la semana pasada. Como denunció Nicolás del Caño, presente en la lucha, la “Corte Suprema apunta a descabezar todo sector combativo y democrático que a pesar de que la burocracia sindical no mueve un dedo, se organizan y salen a la calle”.

Contra los planes del macrismo y los empresarios, este martes 9 la izquierda y el sindicalismo combativo marcharán a Plaza de Mayo para denunciar el ajuste, ganar las calles para denunciar la tregua de la burocracia sindical y exigirle a las centrales un paro nacional con movilización a todas las plazas del país, para poner en movimiento la fuerza del movimiento obrero hasta derrotar el ajuste. En cada pelea avanza el desafío de construir una fuerza de miles en los lugares de trabajo, de estudio y en los barrios para pelear contra el ajuste y plantear una alternativa política de los trabajadores, independiente de los capitalistas.







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