Política

EN PRIMERA PERSONA

López y Maldonado, el mismo lodo del Estado encubridor

Once años, el dolor intacto. Ahora potenciado por una nueva desaparición. Más allá de comparación alguna -sin oportunismos ni amnesias- un sórdido episodio de 2011 grafica más de una década de impunidad.

Adriana Meyer

Periodista

Domingo 17 de septiembre | 11:33

Once años, el dolor intacto. Ahora potenciado por una nueva desaparición. Más allá de comparación alguna -y a prudente distancia tanto del oportunismo macrista como de la amnesia e ignorancia sobre el caso que ostentan aquellos kirchneristas que se animan a minimizar el rol que tuvieron los poderes del Estado durante su administración para encubrir- el desfile de puesteros, camioneros y matrimonios que pasaron por el caso de la desaparición del joven Santiago Maldonado trajo a mi memoria un sórdido aunque elocuente episodio ocurrido en la causa por la desaparición del Viejo, como le decían sus compañeros sobrevivientes a Jorge Julio López.

Corría febrero de 2011 cuando la modorra estival se vio conmovida por un anuncio oficial. El entonces ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, confirmó la existencia de una persona con identidad reservada que decía conocer el paradero de López, desaparecido la mañana del 18 de septiembre de 2006 cuando se disponía a alegar contra el genocida Miguel Etchecolatz, en el primer juicio que llegaba a su veredicto tras la anulación de las leyes de impunidad.

El abogado que representaba al “nuevo testigo” había indicado el supuesto lugar donde enterraron a López, en el parque Pereyra Iraola. Su hijo Rubén se había reunido con Casal y luego dijo: “Siempre tenemos la esperanza de saber qué pasó aunque no sea la mejor noticia”. Junto a su esposa y al abogado de la familia, Alfredo Gascón Coti, habían llegado hasta el ministerio bonaerense para conocer los detalles de las “revelaciones”. El funcionario les dijo que él sólo fue el “nexo” luego de que apareció esta persona para decir que tenía datos sobre el caso. Le tomaron declaración en el área de personas desaparecidas, y ese testimonio fue sellado, lacrado y enviado al poder judicial federal.

Unos meses antes, en septiembre de 2010, los hijos de López habían ido a ver al gobernador Daniel Scioli para pedirle ayuda con la difusión de la desaparición de su padre. Al día siguiente el excandidato presidencial aumentó la recompensa para quien diera información sobre el testigo desaparecido, una de esas medidas que nunca trajo otra cosa que pistas disparatadas al expediente y que los protocolos sobre desaparición forzada de personas señalan como ineficaces para estos casos.

El representante del “testigo” resultó ser un mediático abogado; Alejandro Sánchez Kalbermatten, que empezó a recorrer los canales de televisión. En el programa de Mauro Viale, su cliente “Facundo” dijo: “Tengo un vínculo de confianza con un individuo que me dice que tiene el dato de adentro de la Policía Bonaerense, y me deja en claro que Julio López está muerto y enterrado, y me precisó que estaba en la infraestructura de la estación ferroviaria del parque Pereyra Iraola, donde aparentemente la fuerza tendría tomado todo el territorio, esa persona pensó que iba a mantener el secreto pero como ciudadano no puedo cargar con este peso, pero igual pedí no dar mi nombre ni otros datos por temor a lo que pueda pasarle a mi familia”. Ante cámaras, su abogado agregó que los motivos del secuestro de López tuvieron que ver con su declaración contra Etchecolatz. En ese momento, Viale anunciaba que la búsqueda había fracasado.

Rubén López había pedido que se presente a declarar, y el fiscal federal Carlos Dulau Dumm lo esperaba en la fiscalía, pero el poseedor del presunto dato clave no acudió allí, sino a los estudios de América 24. Durante las 48 horas posteriores al anuncio de Casal nadie logró que tampoco se presentara el abogado en Tribunales.

Tres días duró el procedimiento que puso patas para arriba todo el parque y la estación, con rastrillajes y excavaciones. “Atento a la difusión pública que ha tomado la presente diligencia, la Unidad Fiscal comunica que concluyó con los trabajos de búsqueda que se inició por una denuncia recibida por el Ministerio de Seguridad, con resultado negativo”, dijeron los fiscales Dulau Dumm y Hernán Schapiro.

Además destacaron que se actuó con “los medios humanos y materiales más calificados, el inestimable apoyo del Equipo de Antropología Forense, la PSA, la Federal, la Aduana y el Ministerio de Seguridad nacional”.

Nilda Eloy, como López, testigo en la causa contra Etchecolatz, concluyó que “el testimonio fue falso”. Y agregó: “Una siempre tiene expectativas de que aparezca Julio, pero no se puede dejar de sospechar por la forma de presentación de la denuncia”. En una conferencia de prensa, Rubén expresó: “Nos tomaron el pelo a todos”.

Tragedia y farsa

Un año y medio tardaron los querellantes de Justicia Ya! en conseguir el cambio en la calificación del caso, para que pasara a ser desaparición forzada. El mismo tiempo se tomó la justicia para apartar a la directamente sospechada Policía Bonaerense, que hizo y deshizo a su antojo en el expediente. Los videntes y cazarecompensas tuvieron mejor trato que las verdaderas pistas, que apuntaban a los genocidas, y que estuvieron desatendidas y finalmente arruinadas.

Mientras tanto, usinas de servicios de inteligencia y “periodistas” como Jorge Asís se dedicaron a calumniar a López, como es costumbre, revictimizándolo. También hubo amenazas a abogados, testigos y funcionarios judiciales, así como operativos espectaculares para las cámaras como el de Atalaya (partido de Magdalena), con presencia de perros adiestrados y tecnología como la que ahora despliegan sobre el Río Chubut.

Cuando, luego de mucho insistir, esa querella logró que fuera allanada la cárcel de Marcos Paz, el Servicio Penitenciario Federal dio aviso a los represores detenidos en el llamado pabellón de lesa humanidad, entre ellos Etchecolatz, por lo cual el resultado fue casi nulo y hubo que hacer un segundo procedimiento sorpresivo.

El entonces vocero del ministro de Justicia Alberto Iribarne no tenía un sólo argumento sólido para justificar lo sucedido: los presos VIP tenían líneas de teléfono, celulares y visitas libres. Durante meses la Bonaerense hizo escuchas a los presos comunes de Marcos Paz en lugar de a los represores.

Los casi cien cuerpos del expediente son un muestrario de situaciones similares que evidencian que el poder político no supo, o no quiso, ir a fondo para encontrar a los culpables de la desaparición de López. Los funcionarios ya les habían advertido a las abogadas Myriam Bregman y Guadalupe Godoy que no podían arriesgarse a poner en peligro la “gobernabilidad” ante la palmaria prueba de que nueve mil policías que habían ingresado a la Bonaerense durante la dictadura aún seguían en actividad.

Así como entonces Adriana Calvo (de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos) advertía sobre la explosiva combinación de ineficacia, negligencia y complicidad, hoy Isabel Huala alerta: “¿Quién le pone el cascabel al gato si el Estado está con el gato?”

Jorge Julio López y Santiago Maldonado hicieron elecciones de vida con conciencia política, si bien no enmarcadas en una militancia orgánica, y decidieron accionar con coherencia respecto de sus ideas de verdad y justicia. La residual maquinaria represiva nunca desmantelada los sorprendió en un estado de vulnerabilidad -uno en un barrio periférico de La Plata, otro en medio del desierto patagónico- y reinstaló en el inconsciente colectivo la posibilidad de desaparecer en democracia.






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