Política Chile

DERECHOS HUMANOS

Londres 38 repudia palabras de presidente de la Corte Suprema

El sitio de memoria Londres 38 emitió una declaración para repudiar las palabras del Presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, quién se pronunció a favor de la libertad de los violadores de derechos humanos.

Martes 15 de noviembre | 09:02

Según señala la declaración de Londres 38, Una vez más, Hugo Dolmestch se ha pronunciado en favor de la libertad de los condenados por violaciones a los derechos humanos en dictadura. Sus declaraciones se basan en supuestos falsos y contradicen los principios básicos del derecho internacional en materia de verdad y justicia.

En entrevista con el diario La Tercera, Hugo Dolmetsch hace dos afirmaciones falsas: una, que "el derecho humano de las víctimas se cumplió" puesto que los victimarios fueron condenados; y la segunda, que "ahora viene el derecho humano de los condenados".

La primera afirmación del ministro no corresponde a la realidad. Se ha vuelto un lugar común afirmar que en Chile se hizo verdad y justicia pero con ello se oculta la impunidad existente: la inmensa mayoría de los casos de personas detenidas desaparecidas o ejecutadas, denunciados durante la dictadura, fueron cerrados o amnistiados por los tribunales sin que se realizaran investigaciones efectivas. En los procesos reabiertos durante los últimos 25 años, los jueces se han limitado a establecer judicialmente el paso de las víctimas por los centros de detención y tortura sin determinar la suerte corrida por estas, las circunstancias y responsables.

Así es como, después de más de 40 años de los hechos, de los 1.193 casos de personas detenidas y desaparecidas, apenas han sido encontrados e identificados los restos de 148. Asimismo, solo 117 de los 1.373 ex agentes procesados, acusados y condenados, están cumpliendo prisión efectiva. En consecuencia, lo que afirma el presidente de la Corte suprema es manifiestamente falso: el derecho de las víctimas -y de la sociedad—, a la verdad y a la justicia, no se ha respetado.

Justificando su posición, en declaraciones anteriores el ministro Dolmestch había afirmado que "lo más importante es la verdad", no la sanción, omitiendo que en Chile no ha habido ni lo uno ni lo otro, debido a un verdadero sistema de encubrimiento e impunidad y al pacto de silencio entre los victimarios. Ello contradice lo establecido por el derecho internacional respecto a la obligación de los estados de adoptar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de crímenes cometidos por agentes del Estado, esclarecer lo ocurrido, y en los casos de desaparición forzada, determinar el paradero de las víctimas, entregar sus restos a los familiares, y castigar a los responsables. Por el contrario, la impunidad respecto de estos crímenes encuentra continuidad bajo los gobiernos civiles en tres casos de desaparición forzada, de responsabilidad de agentes del Estado, se trata de José Huenante, detenido en 2005, en Puerto Montt, José Vergara en 2015, en Alto Hospicio y de Hugo Arispe, en 2001, en Arica.

La segunda afirmación de Dolmestch falta igualmente a la verdad. Decir que "ahora viene el derecho humano de los condenados" equivale a desconocer que, a diferencia de sus víctimas, sus derechos sí han sido respetados puesto que han tenido acceso a defensa, no han sido objeto de tortura ni malos tratos, y cumplen condenas en general bajas en recintos carcelarios especiales. Sin mencionar que durante cuatro décadas permanecieron en la impunidad y que, salvo contadas excepciones, la mayoría de ellos ha obstruido el establecimiento de la verdad, mentido reiteradamente, evadido la acción de la justicia e, incluso, algunos se mantienen prófugos sin que los organismos policiales los hayan detenido.

Diversas autoridades han reconocido que durante la dictadura "toda la sociedad pudo haber hecho mucho más" en defensa de los derechos humanos. Pero este reconocimiento es inútil y tardío si no va acompañado de nuevas y decisivas medidas que permitan avanzar en verdad y justicia.

Finalmente, exigen que el congreso aprueba una indicación para que los violadores de derechos humanos no puedan salir en libertad, una política para exigir la entrega de información que tienen agentes de la dictadura, la desclasificación y apertura de archivos a fin de hacer efectivo el derecho al libre acceso a la información pública, obligación a las fuerzas armadas de entregar sus documentos al Archivo Nacional.
acio de memorias




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