Economía

LEY DE EMERGENCIA ECONÓMICA

Lo que encubre la “solidaridad social”: el ahorro fiscal que pide el FMI

La suspensión de la movilidad jubilatoria tiene gran impacto, por encima de la suba de retenciones al campo. Consultoras estiman que la Ley de emergencia generaría un ahorro fiscal de entre 1 % y 2 % del PBI.

Sábado 21 de diciembre de 2019 | 00:12

A pesar de las modificaciones que se fueron realizando sobre la Ley de emergencia económica, uno de los principales ejes que la componen es la suspensión de la movilidad jubilatoria por 6 meses, y las medidas fiscales que elevan la recaudación. Todo en función de liberar recursos para el pago de la deuda, concretizando la “voluntad e pago” que Alberto Fernández le declaró al FMI y a los acreedores privados.

Esta fue la lectura que hicieron los “mercados” del proyecto, por eso en la semana los bonos en dólares registraron subas y el riesgo país – aunque se mantiene en niveles muy elevados- cayó por debajo de los 2000 puntos.

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Según distintas consultoras el ahorro fiscal –que recae con fuerza en la suspensión de la movilidad jubilatoria- se ubica entre 1 a 2 puntos de PBI. El cálculo el que estima Ecoview, la consultora de Miguel Kiguel, se acerca al 2 % del PBI, mientras que para Elypsis el ahorro fiscal podrían estar entre 1 y 1,9 % del PBI "dependiendo del ajuste previsional". Otra estimación de AIRAF sostiene que el ahorro del Estado se acercaría a 1,5 % del PBI.

El ahorro fiscal y la suspensión de la movilidad jubilatoria

Para la consultora Elypsis que evalúa dos escenarios: “El cálculo del ahorro asociado a la Ley de Emergencia depende crucialmente del supuesto sobre el de la evolución de los haberes previsionales.”

En su escenario de base que arroja un ahorro fiscal del 1 % del PBI suponen “que a partir de marzo las prestaciones sociales se ajustarán por la inflación del período.”
En el otro escenario suponen “que la movilidad previsional en 2020 se reemplaza por los dos bonos de 5000 pesos indicados en la Ley, las medidas contempladas en el proyecto implicarían un ahorro fiscal de 1,9% del PBI, del cual un 0,9% del PBI se explicaría por el ajuste en el gasto previsional fruto de la suspensión de la movilidad. Sin embargo, creemos que este supuesto no es realista.”

El informe de IARAF titulado “Una redistribución de ingresos y de gastos que dejaría al déficit primario 2020 en niveles muy similares al de 2019”, advierte que es preciso tener en cuenta que los cálculos se realizan sobre escenarios posibles, pero “aún hay muchas variables por definir en materia de subsidios y el nivel de ajuste discrecional que se decidirá mientras dure la suspensión del mecanismo de movilidad de jubilaciones y pensiones.”

Sus estimaciones sobre un escenario que llaman Escenario del proyecto de ley en discusión, arroja que el ahorro fiscal sería “equivalente a al menos 1,5% del PBI y haría que el déficit primario desapareciera al cierre del año que viene” y generaría prácticamente un equilibrio primario en 2020.

Los cálculos de IARAF sostienen que por la suspensión de la reforma tributaria y de la ley de movilidad jubilatoria, el Estado logra un ahorro del 0,77% del PBI, es decir, el equivalente a unos u$s3.300 millones.

Desde el punto de vista de los ingresos extras, todo el paquete de mayores ingresos aportaría 1% del PBI, o u$s4.300 millones. Entre ellos se encuentran: “los Derechos de exportación (generaría un efecto de ingresos neto al nivel nacional de 0,4% del PIB), el aumento de Bienes Personales (+0,27%del PIB), el nuevo Impuesto a la compra y ahorro minoristas en dólares (+0,31% del PIB); a las que se agrega el resto de medidas (cambios en impuestos Internos a los automotores y en impuesto al Cheque que aumentan la presión fiscal, y cambios en Ganancias sobre renta financiera que la disminuye) que en conjunto podrían tener efectos compensatorios entre sí.”

Mientras las medidas de “gasto social” tienen el siguiente peso: el bono de $5.000 a jubilados de bajos ingresos y de $2.000 a beneficiarios de AUH, generaría un aumento del gasto equivalente al 0,12% del PIB. Y la implementación de la tarjeta de alimentos, el otorgamiento de microcréditos por parte del Estado y la devolución de IVA en un esquema progresivo, representa un 0,18% del PIB.

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Emergencia económica para renegociar la deuda

Aunque existen variables a determinar que modifican las estimaciones, por ejemplo si el congelamiento tarifario implicará una suba de los subsidios a las empresas –otra vieja receta- es indudable que la suspensión de la movilidad es un eje central en el plan económico de Fernández para “ordenar las cuentas públicas” antes la negociación definitoria con el FMI y los acreedores privados.

Y lo hace imponiendo a través de esta ley que uno de los sectores más vulnerables, los jubilados, sean solidarios. El 70 % de los jubilados perciben haberes que apenas alcanzan un 37 % de lo que cuesta la canasta del jubilado.

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Además desde Elypsis sostienen que de cumplirse el escenario base, en el cuál se reanuda la movilidad por la inflación corriente, el ajuste en los haberes sería: “el aumento previsto para marzo pasaría de 11,6% (bajo la fórmula de movilidad vigente) a 11,4%; el de junio, de 11,6% a 9,4%; el de septiembre, de 11% a 8,5%; y el de diciembre, de 10,1% a 7,4%. Así, el aumento entre puntas se reduciría de 52,2% a 42,6%.”

Los bancos que hicieron grandes ganancias no están mencionados en la ley, a las petroleras y mineras les bajan las retenciones y las del campo aportan una pequeña suba. Definitivamente una extraña solidaridad la del programa económico de Fernández. El fin es hacerse de recursos para continuar pagando de la deuda, atrás quedaron las promesas de campaña.

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