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Liliana SRL debe reincorporar despedido, dice orden judicial

La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en un fallo firmado por los jueces Oscar Zas, Luis Raffaghelli y Néstor Arias Gilbert, ordena que sea reinstalado a su puesto de trabajo Lucas Castillo, obrero despedido en la empresa metalúrgica Liliana en febrero de 2014. El operario fue uno de los doce despedidos en un hecho que los trabajadores, sus abogados y numerosas organizaciones y personalidades solidarias, denunciaron como “antisindical”. Los trabajadores despedidos relanzan su campaña por la reinstalación de Castillo y del resto de los despedidos.

Martes 7 de octubre de 2014 | Edición del día

Castillo fue despedido a principio de año, en un conflicto que tuvo amplia resonancia en la provincia de Santa Fe, lo que implicó el involucramiento de los Ministerios de Trabajo de la Nación y de la Provincia, además del Ministerio de Seguridad que encabeza Raúl Lamberto. Luego de los despidos, en febrero y marzo, los trabajadores de Liliana lanzaron una serie de medidas de fuerza que combinó piquetes en la entrada de la fábrica, con asambleas que, de hecho, paralizaron la producción de la empresa por más de tres semanas. Aunque se levantaron las medidas de fuerza, la campaña por su reinstalación continuó y la defensa legal también, logrando este importante triunfo.

Una empresa con fuertes ganancias y denuncias por “fraude laboral” que vienen desde 2013

Los trabajadores de Liliana, así como las organizaciones que se solidarizaron con ellos, denunciaron que los despidos fueron acciones antisindicales. Liliana es una fábrica que produce electrodomésticos, como parte del sector metalúrgico denominado “línea blanca”. Se trata de una empresa que ganó exponencialmente durante los últimos años (como el resto de las empresas del rubro) y que, además, recibió un crédito del Bicentenario por 35 millones de pesos, para la inauguración de su nueva planta en Baigorria, a cuya apertura fueron los más altos funcionarios políticos, participando la propia Presidenta Cristina.

Aún así, la empresa fue denunciada por fraude laboral por los propios trabajadores en el año 2013: casi el 70 por ciento de los empleados estaba trabajando bajo diferentes modalidades de precarización y tercerización laboral, habiendo trabajadores con contratos de agencia durante casi 4 años, lo que viola las normativas laborales vigentes. A mediados de ese año los trabajadores, con apoyo de organizaciones de DDHH como la APDH, el CEPRODH y la CADH, de partidos de izquierda como el PTS-Frente de Izquierda, de sacerdotes y pastores, y de sindicatos como AMSAFE y la CTA, protagonizaron una lucha que terminó con un triunfo resonante: el cien por ciento de los trabajadores fueron pasados a planta permanente, y los operarios que habían sido despedidos como represalia empresarial, fueron reincorporados. Sin embargo, los trabajadores que encabezaron la lucha, fueron “marcados” y para ser echados de la empresa justo antes de su mudanza a la nueva sede en Baigorria, a principio de este año, lo que desató el mencionado conflicto. Entre los despedidos estaba Castillo.

65 años sin delegados y un gerente torturador

Los trabajadores denuncian que los despedidos en el 2014 fueron echados por cumplir la función de “delegados de hecho” durante casi un año, ya que en sus 65 años de historia, la empresa Liliana siempre impidió la organización sindical, en una maniobra ilegal acordada, evidentemente, con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Lo curioso es que la propia empresa, junto a las autoridades del Ministerio de Trabajo, reconocieron en ese entonces como interlocutores a estos delegados de hecho, recibiendo sus petitorios y firmando las tres partes (empresa, trabajadores y Estado provincial) actas oficiales en las que, entre otros acuerdos, se arregló el cronograma del pase a planta. A pesar de ello, la empresa tomó represalias, como se vio después.

Durante casi siete décadas esta empresa que fue creciendo y desarrollándose con créditos pagados por todos los argentinos, sostuvo prácticas antisindicales y una política que trabajadores describen como “maltrato constante”. Tal es así que la empresa contrató como abogado al representante de narcotraficantes, Paul Krupnik, y como gerente al Teniente Marcelo Dorigón, quien fuera denunciado por ex combatientes por haber estaqueado soldados durante la guerra de Malvinas, un crimen de lesa humanidad. La UOM, el sindicato que representa a los trabajadores, dio la espalda al reclamo de la reincorporación de los despedidos y defendió que la empresa vuelva a trabajar (es decir, que culminen las medidas de fuerza de los trabajadores) sin los despedidos. Aun así, se comprometieron formalmente a defender a los trabajadores si lograban la reincorporación por vía legal, por lo que queda la expectativa de si defenderán (o no) a un afiliado que recibe un contundente espaldarazo judicial.

Recordemos, además, que las denuncias de los trabajadores y el pedido por la reincorporación fueron apoyadas por diputados del Frente de Izquierda, personalidades del Movimiento Evita como Eduardo Toniolli, referentes del Frente Amplio Progresista como Pablo Javkin y Victoria Donda, Edgardo Quiroga y la CGT San Lorenzo, Gustavo Terés y Gustavo Martinez de la CTA, el Sindicato de Prensa de Rosario, Nora Cortiñas y Elia Espen, entre muchas organizaciones y personalidades más.

Lo que viene

Sin lugar a dudas que este fallo judicial vuelve a abrir la discusión sobre la legitimidad y justeza de los reclamos de los trabajadores de Liliana. Al respecto, en diálogo con La Izquierda Diario, el trabajador Lucas Castillo, afirmó: “se demostró que teníamos razón. Fuimos despedidos injustamente y ahora la Justicia nos da la razón, como antes nos la dieron los cientos de organizaciones que bancaron nuestra lucha en todos los niveles. Estamos muy contentos porque esto es una reivindicación y porque nuestros compañeros en la fábrica saben que siempre dijimos la verdad. El único crimen que cometimos fue denunciar la falta de delegados, propia de una dictadura, y el fraude laboral. Por eso esta empresa, dirigida por un militar torturador, nos echó. Vamos a redoblar la lucha por la reincorporación, destacando el enorme apoyo que tenemos y que estamos recibiendo nuevamente, y tomando nuevas medidas de fuerza hasta que estemos todos los despedidos adentro”.







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