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DERECHO Y ECOLOGÍA

Leyes ambientales en Argentina hay: la decisión política es que no se cumplan

La movilización popular por causas ambientales en Argentina no se enfrenta tanto a un vacío legal como al aval de los Gobiernos a seguir profundizando el extractivismo.

Mara Martini

Abogada | @lamaraastaba

Sábado 29 de agosto | 19:06

Incendios intencionales, destrucción de humedales, megafactorías porcinas… Por estos días, Argentina está en llamas y, además, se proponen “soluciones” que solo traerán más contaminación y peligros sanitarios. No podríamos entender los conflictos ambientales en curso sin considerar una orientación política que Gobierno tras Gobierno ha privilegiado intereses económicos concentrados antes que el cumplimiento de las leyes que en nuestro país ya protegen los bienes comunes y recursos naturales.

En Argentina no faltan normas de protección, aun cuando la ampliación y especificidad puede y debe seguir desarrollándose, como vemos ahora con el reclamo urgente por una ley de humedales. “El derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras” está expresamente consagrado en la Constitución Nacional, que agrega el deber de preservarlo. Y no solo eso: la participación ciudadana, tan reclamada por las organizaciones socioambientales en todo lo que refiere a la toma de decisiones y el acceso a la información a toda la población también tienen su base normativa en la Ley General de Ambiente y su órgano de aplicación, el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), que depende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.

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¿Por qué estos actores y los organismos de aplicación de estas leyes no intervienen en ningún sentido en las negociaciones que lleva adelante el Gobierno del Frente de Todos? Sin ir más lejos, la cartera que conduce Cabandié es mera espectadora del crimen socioambiental del delta del Paraná o el memorándum con China para las granjas factorías, como lo fue antes con la reforma de la ley 7722 en Mendoza (acordada entre radicales y peronistas para habilitar la megaminería contaminante, con aval del Gobierno nacional).

¿Por qué el gran colectivo de agrupaciones socioambientales no son informadas adecuadamente de los riesgos a los que son expuestas poblaciones enteras por acuerdos como el que pretende instalar megafactorías de carne porcina en el país? En las respuestas ofrecidas por Cancillería ante el requerimiento de los diputados Myriam Bregman y Nicolás del Caño (PTS-FIT) no se contempla ningún mecanismo de participación popular antes de la firma del acuerdo con China, así como no se menciona a Ambiente y Desarrollo Sostenible como parte del equipo que lo evalúa.

Hoy en todos los puntos cardinales de Argentina se desarrollan una gran cantidad de megaproyectos que se imponen o buscan imponerse desde arriba, impulsados por grandes agentes económicos en alianza con el Estado. El acuerdo con China tuvo sus antecedentes en el agronegocio, la megaminería y la explotación de petróleo y gas no convencional, por citar algunos. Lo que emerge de esa imposición, como respuesta desde abajo, son conflictos ambientales de las poblaciones movilizadas por su derecho a decir no frente a proyectos que afectan fuertemente sus condiciones de vida y comprometen el porvenir de las futuras generaciones.

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La respuesta de los Estados nacional, provincial y local a estos conflictos, de manera generalizada y unánime, va desde el cajoneo de reclamos y denuncias a la represión, desalojos violentos, persecución judicial, y en ocasiones hasta asesinatos y muertes dudosas, lo que pone de manifiesto el desprecio por las garantías más elementales.

La responsabilidad social y política del Estado en complicidad con transnacionales y grandes corporaciones se evidencia cuando pasamos a tratar casos concretos. Por ejemplo, las formas de criminalización y represión sobre las protestas contra la megaminería, donde los Gobiernos, en complicidad con las empresas, apelaron a todo tipo de prácticas para tratar de torcer la voluntad de las asambleas populares. En Famatina, La Rioja, donde en 2012 se produjo una verdadera pueblada para evitar el ingreso de la empresa canadiense Osisko Mining, los pobladores se enfrentaron al envío de patotas, extorsiones, represión con heridos y detenidos, persecuciones judiciales y administrativas y hasta la utilización de fuerzas policiales “especiales”. Tras el Famatinazo se sumaron otros tantos pueblos que sufren las consecuencias del modelo megaminero, entre ellos Belén, Fuerte Quemado, Andalgalá, Chaquiago, Tinogasta (Catamarca), Amaicha del Valle (Tucumán). En todas las provincias cordilleranas y algunas del centro (Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Chubut, Mendoza, San Juan, Río Negro, San Luis, Córdoba, Neuquén, Santa Cruz) hicieron sentir su rechazo a la megaminería.

Vecinos y vecinas de Andalgalá han sufrido la judicialización de la protesta social: durante los años 2010 al 2014 se les han iniciado causas penales a alrededor de cuarenta y cinco personas, de las cuales ocho tienen dos causas cada una e incluso hay una persona a la que se le iniciaron cinco. Y no solo eso: además se han iniciado procesos laborales de carácter disciplinario, lo que da cuenta del amplio abanico de medidas tendientes a criminalizar los reclamos de los andalgalenses, situación que se replica en Antofagasta de la Sierra donde una docente defensora de la vida y su territorio fue suspendida en las tres escuelas donde trabajaba.

En tanto, quedaron en la nada, ante la inacción del Poder Judicial de la 2ª Circunscripción de Andalgalá, las denuncias de veintiséis pobladores contra el intendente de Andalgalá, José Eduardo Perea, la fiscal general de Andalgalá, Martha G. Nieva, y el juez de Control de Garantías y Menores, Rodolfo Oscar Cecenarro, personal policial y otros funcionarios involucrados en la represión del 15 de febrero del 2010. Otro tanto sucedió con las denuncias realizadas por veintidós vecinos a raíz de los hechos del “corte de ruta minero”, realizado por los empleados de Agua Rica y Alumbrera, junto a proveedores mineros y funcionarios públicos de la Secretaría de Minería, quienes permanecieron en el lugar entre el 10 y el 15 de febrero del 2012, apostados estratégicamente en tres ingresos que posee la ciudad para bloquear el acceso.

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Es que detrás de grandes relatos de “oportunidades económicas”, “ventajas comparativas”, promesas de empleo y prosperidad se oculta el carácter semicolonial y dependiente del país, que en las últimas décadas ha profundizado un modelo extractivista y de producción intensiva en distintas áreas. La prioridad es clara: se trata de obtener dólares que serán destinados a los acreedores externos o girados a las casas matrices de grandes corporaciones multinacionales y no garantizar los derechos para la vida, la salud y el trabajo de la población, así como el respeto a nuestro entorno.

En las provincias que desarrollan proyectos mineros a gran escala, estos lejos quedaron de convertirse motores de desarrollo. Como relatan Maristella Svampa y Enrique Viale [1], “la acentuación de los niveles de pobreza, indigencia y desempleo contrasta notablemente con la ‘evolución’ de las variables macroeconómicas en un contexto de fuerte expansión de las exportaciones mineras. A la hora actual, después de tres lustros de explotación de Bajo de la Alumbrera, el paisaje socioeconómico de Catamarca no cambió favorablemente, sino todo lo contrario: los índices industriales y de la construcción cayeron y los niveles de pobreza siguen siendo más altos que la media nacional (17,2 % de pobreza en 2009 para el Gran Catamarca), con porcentajes de población ‘asistida’ a través de los diversos ‘programas sociales’ entre los más altos del país (es la provincia que presenta el mayor número de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo) e, incluso, con algunos valores superiores a la media de la región”.

Entre otros pasivos ambientales producidos por empresas, ya sea por su funcionamiento habitual como por “accidentes”, se enumeran la contaminación del agua, el suelo y el aire, el deterioro de los recursos y los ecosistemas; las tierras degradadas, derrames de químicos industriales, derrames de minerales e hidrocarburos, modificación y destrucción de la flora y la fauna, muerte de animales, desertificación y la afectación del paisaje. ¿Cuántas leyes se infringen cada hora, cada minuto, todos los días del año?

Aunque podamos mejorar la legislación y ampliar la protección de los bienes comunes, los límites del marco normativo vigente en la actualidad son evidentes. Al decir del marxista italiano Antonio Gramsci, “cuando la lucha puede componerse legalmente no es peligrosa: se vuelve tal precisamente cuando el equilibrio legal es reconocido imposible (lo que significa que aboliendo el barómetro se pueda abolir el mal tiempo)”.

La consagración legal de derechos no garantiza su efectividad. Para imponer una agenda y torcer la voluntad política del Gobierno de favorecer los intereses de saqueadores y especuladores es indispensable la organización y la acción coordinadas en las calles, instancias de debate democrático y vinculante de las comunidades locales campesinas e indígenas, el campo científico, académico y universitario, los colectivos ambientalistas, la clase trabajadora y sus sindicatos. No faltan leyes de protección: lo que la lucha socioambiental debió y debe seguir enfrentando es la voluntad férrea de todos los Gobiernos de profundizar la dependencia, el saqueo y la destrucción que implica el modelo extractivista.



[1Svampa, M. y Viale, E. Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo, Buenos Aires, 2014. Katz Editores, pág. 186.







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