Política México

OPINIÓN

Ley de Seguridad Interior: una política de terror estatal

Antes que terminara el período de sesiones (y antes que empezaran las campañas presidenciales) la iniciativa presentada en noviembre pasado por los diputados priístas César Camacho y Martha Tamayo sobre Ley de Seguridad Interior, fue aprobada en la Cámara de Diputados. Falta que sea aprobada en el Senado.

Sábado 2 de diciembre | 21:58

Ante la ilegitimidad de este gobierno ante las masas, y las dificultades de Peña Nieto para recomponer el consenso social que durante décadas le funcionó al régimen del PRI, el presidente Peña Nieto logró imponer en la Cámara de Diputados la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. Para ello, el PRI contó con el apoyo de los partidos satélites que a pesar de su relativa fuerza, se han beneficiado de una alianza reaccionaria con la tricolor.

Esta ley de seguridad interior permite al presidente utilizar al ejército en situaciones que: “…representen un grave peligro a la integridad de las personas o al funcionamiento de las instituciones...”.

Pero todos sabemos que en todo país capitalista, la defensa de las instituciones significa la defensa de las inversiones capitalistas y el castigo a los que se movilizan contra la política general de los gobernantes. Es decir, que dicha ley está legitimando la violación sistemática de los derechos humanos de la población, pero ahora bajo un marco jurídico expresamente hecho ante la exigente insistencia del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional.

En la actualidad las Fuerzas Armadas tienen presencia en 24 de los 32 estados del país y son favorecidas con un aumento en el gasto militar, por encima del destinado a la educación y la salud.

La actuación de los militares en las calles ha provocado más de 10 mil 750 quejas por violación a los derechos humanos entre el 2006 y el 2016, pero una política de Estado salvaguarda al ejército y sus acciones.

Hoy se busca dar legitimidad al ejército en aquellas medidas de barbarie (pisoteando los derechos humanos), y evitar cualquier acción de castigo contra cualquier acción que los militares cometan contra la población (por ejemplo, las masacres en Iguala, Tlatlaya y Tanhuato.

Es tan reaccionaria esta ley impulsada por el PRI, que incluso los partidos opositores del Congreso (PAN, PRD y MC) se negaron a votarla a favor dado su carácter represivo, y por el peligro que encierra dar tanto poder a los militares.

Por su parte, Andrés Manuel López Obrador declaró que en caso de que la Ley de Seguridad Interior, sea aprobada en el senado, si él llega a presidente buscará eliminarla o modificarla. Asimismo, llamó a los senadores a mejorarla. Es decir, convoca a confiar en el congreso, que ya se probó que es promotor de la militarización, y ha aprobado las reformas estructurales que legalizan la precarización laboral y el saqueo de los recursos de México.

Hacia una democracia militarizada

Esta estrategia de militarización que posibilita un virtual estado de excepción -donde las garantías individuales serían desconocidas-, es la profundización de la degradación de esta democracia burguesa, donde el gobierno de Peña Nieto continuó con la política militarista de Felipe Calderón con las lamentables consecuencias que todos conocemos y padecemos de cientos de miles de desaparecidos, de miles de asesinados y de cientos de fosas clandestinas.

Y es que, los planes económicos, políticos y laborales que demanda las trasnacionales, requieren de un marco de “paz social” y de estabilidad, que el descontento acumulado por años, la población trabajadora no puede garantizar. El gobierno está pensando a largo plazo una política “preventiva” ante el creciente descontento y la profundización de los planes de miseria para las masas.

El riesgo de esta derechización es el rol cada vez más preponderante de la Fuerzas Armadas como actor político en los planes de estabilización nacional. La ley recién votada, ni siquiera indica cuándo deben regresar los militares a los cuarteles.

Es una política que combina los acuerdo cupulares en el Congreso para hacer pasar leyes de reaccionarias, con un control del descontento con métodos de guerra civil donde los militares son el sostén de la aplicación de dichos acuerdos partidistas de derecha.

Es paradójico, que mientras en Argentina -después de más de 30 años- debido a la movilización obrera y popular, 29 militares fueron condenados a cadena perpetua, en México se aprueba una ley que refuerza la militarización iniciada por el ex presidente Calderón permite al ejército salir de sus cuarteles para hacer funciones de policías en las calles.

Tan sólo el gobierno ha destinado más de 130 millones de pesos para la capacitación y mejora de policías a nivel estatal y municipal, con los negativos resultados que hemos visto (muchas policías terminan siendo cooptadas por los cárteles).

Así, con el pretexto al combate las regiones de los cárteles el gobierno profundizará las medidas arbitrarias que ha venido realizando en varias regiones del país. Por lo que el nuevo marco jurídico legitimará que el ejército haga allanamientos en las casas y detenciones de cualquiera que considere sospechoso (lo que implica tortura, cárcel y hostigamiento). Por lo que toda huelga o lucha que atente contra la estabilidad de los ricos, será reprimida “legalmente”

Sólo la movilización puede frenar esta ley

El gobierno del PRI y sus aliados pensaron esta estrategia de terror para impedir que el movimiento obrero y popular se exprese de manera organizada y con una política combativa contra el destino que los de arriba han acordado en contra de todos los sectores explotados y oprimidos.

Es necesario echar abajo esta reaccionaria ley. Los trabajadores del campo y la ciudad, los estudiantes, las organizaciones sociales, de derechos humanos, las mujeres y la juventud, no puede confiarse el rechazo a esta ley en el Congreso por los partidos patronales opositores. Ni mucho menos confiar en que en el Senado se pueda modificar esta política de militarización.

Hay que salir a la calle a movilizarnos contra esta nueva ofensiva que liquidaría las garantías constitucionales en todo el país. Los sindicatos y las organizaciones que se reclaman combativas independientes, deben convocar a un gran movimiento democrático que frene esta ley en las calles.

La base partidistas que confían en los partidos que en el Congreso rechazaron esta ley deberá exigirle a las direcciones que pase de las palabras a los hechos y salgan a movilizarse a la calle.






Temas relacionados

Ley de seguridad interior   /   Política México   /   Militarización   /   Represión

Comentarios

DEJAR COMENTARIO