Sociedad

SIN AGUA NO HAY VENDIMIA

Ley 7722: crónica de una conquista histórica

A finales del 2019, el pueblo mendocino tuvo su propio diciembre caliente luego de que el nuevo Gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez, en su primer día de mandato, anunciara que habilitaría modificaciones en la Ley 7722. La ley que protege el agua de Mendoza de sustancias contaminantes como el cianuro que se utiliza en los procesos de explotación megaminera.

María Marta Bernabeu

Geógrafa - Becaria de Conicet

Jueves 5 de marzo de 2020 | 10:46

La discusión respecto a las modificaciones de la 7722 venían desde el 2018 de la mano de dos senadores del PJ que presentaron proyectos insistiendo en dos ítems: Agulles quería avanzar en la creación de “parques industriales mineros controlados” y Abraham proponía modificaciones de las sustancias tóxicas prohibidas. Ni hablar de las negociaciones y los pactos de silencio entre los partidos tradicionales durante la campaña electoral provincial para ocultar sus intenciones de avanzar con la megaminería. Suárez fue mucho más allá impulsando un proyecto de ley que modificaba por completo la ley 7722. Rápidamente, el PJ mendocino, con Anabel Fernández Sagasti a la cabeza, salió a respaldar la decisión de Suárez, alineándose con el pacto sellado días antes entre el Gobernador y el Presidente Alberto Fernández.

Foto: Martín Magallanes @maga_tincho

Las asambleas mendocinas por el agua, la juventud sensibilizada por el cambio climático y lxs vecinxs de muchos departamentos ya venían realizando acciones de difusión sobre las intenciones del gobierno y alertando al resto de la población, por lo que el grito en las calles no se demoró en llegar. La provincia vivió intensos días de manifestaciones masivas, caravanas de miles hacia la ciudad, cerco mediático, tanto a nivel provincial como nacional, además de una feroz represión en Casa Gobierno que dejó el centro mendocino militarizado por horas. Sin embargo, no pudo frenar la bronca y provocó manifestaciones aún más convocantes y con gente en las calles inclusive en la madrugada del 25 de diciembre, colándose en las fiestas vendimiales departamentales, y hasta con la amenaza de la suspensión del acto central de la Vendimia si no se derogaba la recientemente promulgada Ley 9209, también conocida como Ley Cianuro.

El 30 de diciembre, después de 10 días de cortes de ruta y marchas, el pueblo mendocino conquistó la derogación de la Ley nacida del pacto criminal entre la UCR, el PJ y el lobby minero; y logró la restitución de la 7722 gracias a la lucha en las calles, en defensa del recurso fundamental de una provincia árida y con una crisis hídrica que ya lleva 10 años.

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Una crisis hídrica que no afecta a todxs por igual

El agua es un recurso de vital importancia, especialmente en Mendoza, por estar localizada en una zona árida, es decir, donde las precipitaciones son escasas. Aquí, la reproducción de la vida depende del acceso al agua de los ríos que provienen de la fusión de las nieves y glaciares ubicados en la Cordillera de los Andes. Las aguas de los ríos cordilleranos son aprovechados superficialmente a través de diques y canales con fines de riego y provisión de agua para el sector urbano, industrial y turístico.

Actualmente, Mendoza se encuentra en su décimo año de crisis hídrica tras un invierno sin grandes nevadas y, según el Departamento General de Irrigación, con ríos poco caudalosos y mediciones que arrojan un 20% menos de agua de lo previsto. “En general, se espera que en la temporada 2019/2020 haya alrededor de un 11% menos de agua de la 2018/2019. El total de agua disponible en la Provincia, para la temporada 2019/2020, para los ríos con áreas bajo riego, se espera que sea del 54% de un año medio” (DGI, 2019).

En las redes se viralizaron las imágenes satelitales de las lagunas de Llancanello y Guanacache, y los embalses El Nihuil, El Carrizal y Valle Grande con notables disminuciones de su volumen. Las cifras y las imágenes lograron sensibilizar respecto a la gravedad del problema. Sin embargo, esta escasez y crisis hídrica que pareciera afectar de manera homogénea a todo el pueblo mendocino, lejos está de ser así.

La crisis hídrica que vive nuestra provincia está originada en gran parte por años de desinversión y falta de obra pública orientada hacia las necesidades de la comunidad. Los cortes de agua son una constante en los barrios populares, mientras que empresarios como Vila se apropian de cursos de agua y hasta de una cascada en el Challao. El DGI, encargado de la distribución del agua, comunicó recientemente el último turno de riego de la temporada a pequeños productores del este, a la vez que, el gobierno provincial con la complicidad del peronismo quiere reactivar la minería promoviendo el saqueo y contaminación de nuestros recursos. A ésto se le suma que en los últimos 10 años, los problemas de restricción hídrica y acceso desigual al agua se han agudizado como consecuencia de los procesos de cambio climático.

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Cada uno de los tres últimos decenios ha sido sucesivamente más cálido en la superficie de la Tierra que cualquier decenio anterior desde 1850. La emisión continua de gases de efecto invernadero causará un mayor calentamiento. Esta problemática ha dominado una parte importante de la agenda política internacional durante los últimos años, a partir de las grandes movilizaciones realizadas en todo el mundo, especialmente por la juventud. Para contener el cambio climático sería necesario reducir de forma sustancial y sostenida las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, el cambio climático está íntimamente relacionado al modo de producción capitalista que busca mayores ganancias a expensas de explotar a las trabajadoras, los trabajadores y los recursos naturales. Un modo de producción y saqueo sostenido y fomentado por los organismos de créditos como el FMI, que promueve modelos como el del fracking en Vaca Muerta.







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