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Legislatura mendocina pide al gobierno garantizar insumos sanitarios al personal de salud

El día de hoy durante la sesión sobre tablas de la Legislatura mendocina, se aprobó el proyecto de resolución presentado por Lautaro Jimenez, legislador por el PTS-FIT, solicitádonle al gobierno que entregue los elementos de protección personal a todas y todos los trabajadores de la salud.

Miércoles 15 de abril | 00:00

Foto: Prensa Legislatura

Además, el proyecto plantea que se les realicen test de diagnóstico y que se les garantice el derecho a una cobertura de seguro de riesgo de trabajo y obra social a todos aquellos que desempeñen tareas en los efectores de salud y aquellos lugares destinados al tratamiento de la enfermedad viral denominada Coronavirus (COVID-19) de todo el territorio provincial.

Según los documentos publicados por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud y los que ha publicado, en consonancia con ellos, el Ministerio de Salud de la Nación, todo el personal que desempeña tareas en efectores de salud debe utilizar los EPP (elementos de protección personal). En el documento técnico de la Organización Mundial de la Salud “Requerimientos para uso de equipos de protección personal (EPP) para el nuevo coronavirus (2019-nCoV) en establecimientos de salud” , se encuentran los siguientes elementos de protección personal: bata médica, delantal de alto uso, guantes de examinación estériles, guantes de examinación no estériles, guantes para limpieza, mascarilla médica/quirúrgica, protección ocular (anteojos), protector facial (careta), respirador (n95 / ppf2), bolsa para desechos biopeligrosos, jabón líquido para lavado de manos, solución a base de alcohol para lavado de manos, toallas de papel para secado de manos. Cada cual cuenta con especificaciones necesarias para que estos elementos cumplan con las normas de bioseguridad requeridas.

Sin embargo, la Asociación mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) expusieron la situación que atraviesan las y los trabajadores de la salud de la provincia. Los mismos no cuentan con los insumos y elementos de bioseguridad necesarios para poder realizar su trabajo en los distintos efectores de salud en los que se encuentran.

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Se ha vuelto un factor fundamental y con graves consecuencias la propagación de la enfermedad entre trabajadores de la salud, impactando esto en la falta de personal, que en los casos en los que se detecta deben ponerse en cuarentena o en los peores casos, mueren. También, el alto nivel de stress, la acumulación de horas de trabajo sin los debidos horarios de descanso, la exposición permanente a la enfermedad de los y las mimas y sus familias, entre otros factores que los hace más vulnerables aún, se suma a la falta de insumos tanto para protección propia como para el tratamiento de pacientes.

Proveer a las y los trabajadores de la salud y todos aquellos que realizan tareas en los efectores de salud, del EPP necesario y todas las garantías para resguardar sus derechos, significará también un impacto positivo en la lucha contra el avance del COVID-19. Justamente, ya se está viendo a nivel mundial, la gran problemática que significa que los profesionales de la salud contraigan la enfermedad, en un momento donde la demanda de estos crece exponencialmente, a la par del colapso del sistema sanitario en su conjunto. Para poner un ejemplo, para el 6 de abril, según la jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias (CCAES) del Ministerio de Sanidad de España, María José Sierra, un total de 19.400 profesionales sanitarios dieron positivo: 13,8% del total de 140.510 contagios reportados hasta ese día. En Italia, el último reporte publicado por el Instituto Superior de la Salud (ISS) el 6 de abril, informó que, de los 124.527 casos totales, 12.681 corresponden a profesionales de la salud (10,18%). En Argentina, ya se empiezan a registrar casos. Sin ir más lejos, ya hay caso de contagios en trabajadores en distintos efectores de salud de la provincia de Mendoza.

También, se vuelve de gran necesidad que se realicen test en todos las y los trabajadores de la salud, para poder identificar los casos. De esta manera, brindar todas las condiciones necesarias para que éstos no contagien a nuevas personas y puedan iniciar los tratamientos médicos de recuperación. Siendo también, que hay numerosos referentes científicos y estudios que sostienen que hay portadores asintomáticos, lo que funciona como uno de los vectores principales de la propagación (entre otros, el estudio publicado en Science realizado por el equipo de investigación internacional científicos de Imperial College London, Reino Unido; las universidades de Columbia y California-Davis, Estados Unidos; la Universidad de Hong Kong y la Universidad de Tsinghua, Beijing). El presidente de la fundación Gimbe, organismo independiente que promueve investigaciones, Nino Cartabellotta explicó que “La falta de políticas unívocas sobre la ejecución de pruebas para los trabajadores de la salud por el temor de reducir a la fuerza laboral, se ha convertido en un boomerang mortal ya que el personal infectado fue, lamentablemente, el gran protagonista de la propagación de la infección en los hospitales, los hogares para mayores y en las casas de los pacientes”.

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Desde las bancas del PTS-FIT se han impulsado distintos proyectos planteando la necesidad de que se protejan los derechos laborales, la prohibición de despidos y suspensiones con afectación salarial, la necesidad de que se realicen test masivos de diagnóstico, sobre la necesidad de intervenir la sanidad privada poniendo todos sus recursos al servicio de la red pública bajo control de sus trabajadores y usuarios, así como también de todas las empresas productoras de material sanitario y toda la industria farmacéutica. Estas medidas tienen que ir de la mano con la organización desde abajo, por eso es necesario conformen Comisiones de Higiene y Seguridad, en los lugares de trabajo, empresas y establecimientos con plenos poderes para investigar, consultar, cuestionar, las medidas que hacen a la seguridad de las y los trabajadores y usuarios. Los costos económicos de estas medidas deben recaer sobre los grandes capitalistas y no sobre las mayorías sociales.







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