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Legalización de matrimonio igualitario: la nueva bandera de Peña Nieto

El presidente enviará al Congreso una propuesta de reforma constitucional para legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo. Su propuesta es anexar el fallo de la Suprema Corte de Justicia de junio de 2015 al artículo 4to. de la Constitución.

Bárbara Funes

México D.F |

Viernes 20 de mayo de 2016 | Edición del día

El fallo de la Suprema Corte había establecido como inconstitucional cualquier ley que determinara como objetivo del matrimonio la procreación. De lo que se trata es de dar los mismos derechos que tienen las personas heterosexuales en cuanto a matrimonio civil se refiere a las homosexuales, en todo el territorio nacional.

Hasta ahora, Campeche, Coahuila, Quintana Roo, Jalisco, Nayarit, Chihuahua, Sonora y la Ciudad de México habían aprobado el matrimonio igualitario. En Campeche se votó con una sola oposición, la de la diputada de Morena Adriana Avilez Avilez.

A su vez, el mandatario, en el Día contra la Homofobia, señaló que impulsará a través de la Secretaría de Gobernación y la de Educación una campaña contra esa forma de discriminación. Y ordenó a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores que México se incorpore al núcleo de la ONU que promueve los derechos de la comunidad sexodiversa, ahora integrado por 19 países.

A estas medidas se suma la autorización para emitir actas de nacimiento con identidad de género: que sea posible cambiar el género de una persona en su documento oficial de identidad y que esta modificación sea reconocida al tramitar otros documentos como el pasaporte.

Además, la propuesta del mandatario plantea modificar la legislación civil y familiar respecto al lenguaje empleado, a fin de que éste evite ser discriminatorio. Para ello, instruyó a la Consejería Jurídica del Ejecutivo, a realizar una revisión de diferentes leyes que puedan contar expresiones discriminatorias.

Por años, la comunidad sexodiversa se manifestó para exigir el matrimonio igualitario, una de sus principales demandas, que implica derecho a la adopción y al seguro social por parte del cónyuge. El matrimonio igualitario a nivel nacional no es una “feliz dádiva” de un gobierno que está lejos de ser progresista, sino de años de lucha de la comunidad sexodiversa que día a día enfrenta la discriminación gubernamental.

¿Un giro político o la construcción de una nueva imagen?

La iniciativa de Peña Nieto para legalizar el matrimonio igualitario se da de la mano con el impulso a lalegalización del uso medicinal de la marihuana y la despenalización de su consumo, que sorprendió a la opinión pública.

Pero al tiempo que da a conocer estas iniciativas, que son demandas democráticas muy sentidas, en especial en la capital del país, también ha avanzado en blindar la represión ejercida desde el Estado. Como la geolocalización, el estado de excepción, la ley contra la tortura y la regulación de las manifestaciones –esto último en particular en la Ciudad de México–. Son parte de los instrumentos con los que el gobierno pretende acallar el descontento ante la imposición de las reformas estructurales.

En parte, la legalización del matrimonio igualitario y del uso de la marihuana puede tratarse de una respuesta –no exenta de contradicciones– ante la mala imagen del gobierno mexicano y ante las exigencias de la ONU y el gobierno estadounidense respecto a la práctica de la tortura y las desapariciones forzadas.

Podría ser una forma de recomponer su imagen y tratar de ganar legitimidad para terminar su sexenio, y así llevar a cabo las órdenes del imperialismo estadounidense relativas a la aplicación de las reformas estructurales, tan caras a los ojos de las trasnacionales.

Mantener la estabilidad política en uno de los países con los salarios más bajos, ventajas impositivas y funcionarios harto dispuestos a hacer “buenos negocios” a su favor no es una cuestión menor para la administración estadounidense y los consorcios internacionales que ven en México la posibilidad de recomponer sus alicaídas ganancias.

Pero son interrogantes aun sin respuesta cómo afectarán las iniciativas “democráticas” de Peña Nieto la estrategia de seguridad del país y su relación con Estados Unidos y el Vaticano.

Mientras tanto, se consolida la impunidad en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y en la masacre de Tlatlaya, ambos casos donde hubo intervención activa del Ejército y de la policía.

El gobierno despliega amenazas y difamaciones contra las y los maestros que enfrentan la reforma educativa, ahora con el paro en curso en distintos estados del país. Y no es sólo la lucha magisterial la fuente de sus preocupaciones: el sector educativo, en sus distintas ramas, expresa descontento. Son los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, en la UNAM los profesores de Economía y la comunidad educativa en Filosofía y Letras. Hay descontento que puede hacerse activo también en universidades del interior ante recortes presupuestarios, como el caso de la Universidad Veracruzana. Todo depende de si las demandas del sector educativo confluyen entre sí y logra articularse un movimiento nacional.

Juego de tronos en la Ciudad de México

A su vez, está la alianza entre Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la capital que llegó al poder de la mano del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y el presidente Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para organizar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

Como denunciamos desde el inicio del proceso de la elección de los Constituyentes –cuyos comicios se realizarán el 5 de junio próximo–, hay un acuerdo entre el PRD y el PRI para imponer a dedo a 40 de los 100 representantes que debatirán y votarán la nueva constitución de la Ciudad de México.

¿Las iniciativas de Peña Nieto en cuanto a la legalización del matrimonio igualitario y del uso con fines medicinales de la marihuana no están orientadas a recomponer al PRI en la capital del país? Pero este partido tiene sobre sí la sombra de la masacre de Tlatelolco, del Halconazo y recientemente de la red de trata de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, exjefe de ese partido en la capital del país. ¿Serán suficientes estas medidas para legitimar que avance este partido en conquistar el poder de la ciudad, en manos del PRD “progresista” desde 1997?







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