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PODER JUDICIAL

Las sinrazones de Otranto para seguir “investigando” qué pasó con Maldonado

El juez federal de Esquel rechazó la recusación que le planteó la principal querella: la familia del joven desaparecido el 1° de agosto a manos de la Gendarmería Nacional.

Alan Gerónimo

@Gero_chamorro

Sábado 16 de septiembre | Edición del día

Guido Otranto rechazó la recusación de la familia de Santiago Maldonado bajo una maraña de artículos legales que, en vez de demostrar su compromiso por la aparición con vida del joven desaparecido desde el 1° de agosto, demuestra que está comprometido con el encubrimiento.

La familia de Santiago, junto a su abogada Verónica Heredia, había pedido la recusación del juez federal de Esquel sospechado de “temor de parcialidad” por su accionar tanto en el día en que Santiago desapareció forzadamente por la Gendarmería Nacional y también en los meses anteriores, donde queda demostrada una escalada represiva por parte del Estado, muchas veces bajo las mismas órdenes de Otranto que mandó a reprimir a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen.

El rechazo de la recusación

En el escrito judicial publicado este viernes, Otranto rechaza el pedido de la familia apelando a algunas las generalidades sobre los hechos ocurridos entre el 31 de julio y el 1° agosto.

El juez dice que la familia de Santiago lo cuestiona porque “la investigación debería alcanzar también a los hechos que dieron origen al accionar de Gendarmería Nacional Argentina que finalizó –en palabras de la querella- con la desaparición de Santiago Maldonado”.

Ahí aparece su primera justificación: para él la Gendarmería no está sospechada, hasta el momento, de haber desaparecido a Santiago. Eso sólo corre por cuenta de la querella, dice. Pero muchos testigos de lo ocurrido dan cuenta de lo que pasó ese día, entre ellos el testigo más firme de la causa: Matías Santana.

Ahora bien, el juez cae en una encrucijada. Si se hubiera puesto desde el primer momento a buscar a Santiago, ¿por qué no hizo caso a lo que dijeron los testigos y en cambio se “quejó” de que esas personas no se ajustaban a las normas formales para ser considerados como tales?

Los miembros de la comunidad que fueron reprimidos junto a Santiago Maldonado no pudieron declarar a cara descubierta durante mucho tiempo porque, lisa y llanamente, tenían miedo. Ir a testificar con el mismo juez que los mandó a reprimir les impartía el lógico miedo a represalias. Sólo después de sentirse acompañados por una gran parte de la sociedad, que entre otras cosas llenó la Plaza de Mayo con más de 200 mil personas, se decidieron a brindar su testimonio, que así y todo aún hoy sigue siendo desoído por Otranto.

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Otranto agrega entre los fundamentos al rechazo a la recusación que la querella “sostiene que ya me expedí sobre la legitimidad del procedimiento realizado por Gendarmería Nacional Argentina (...) Por último, el querellante señaló que tuve conocimiento de las directivas que había dado el Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad cuando me reuní con él y me comunicó la decisión de que las fuerzas de seguridad actuarían por iniciativa propia cada vez que hubiese un corte de ruta con violencia. A esto sumó que el martes 12 de septiembre se suspendieron intempestivamente las audiencias programadas para recibir otras declaraciones testimoniales y que cité a declarar en condición de testigos a dieciséis gendarmes. Entiende que esto obedece a una reunión que mantuve el domingo 15 con el Secretario de Seguridad Interior y el Secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas Provinciales.”

Y en función de eso determina que “no tiene la más mínima relevancia a fin de establecer si se cometió ese delito que el procedimiento que realizó Gendarmería Nacional Argentina el 1 de agosto (…) haya estado comprendido en la orden judicial que dicté el día anterior o si, por el contario, fue realizado por orden de la superioridad de la fuerza en cumplimiento de directivas impartidas por el Ministerio de Seguridad de la Nación”.

Es contradictoria la posición del juez. ¿Resulta o no relevante que él haya dado la orden del despeje de la ruta? Si la respuesta es afirmativa, es claro que todas las actuaciones labradas con posterioridad en la Pu Lof tuvieron un claro objetivo de encubrir a la Gendarmería tanto de él, de Pablo Noceti cómo así también de la Gendarmería.

En caso de que la respuesta es que resulta “irrelevante” la orden del despeje de la ruta que terminó con la desaparición forzada de Santiago Maldonado, Otranto hizo todo lo contrario a lo que se debería en los casos de la desaparición forzada. Resulta por lo menos sospechoso que el juez haya dejado vía libre para hacer y deshacer a la Gendarmería dentro del territorio de la Pu Lof cuando ya se había presentado un habeas corpus por parte de la APDH de Esquel horas después de la represión para dar con el paradero de Santiago Maldonado.

También resulta sospechoso que no cite a declarar a Pablo Noceti, cuando él mismo estuvo y participó del operativo. En el rechazo de la recusación Otranto deja entrever que en caso de que las directivas del actuar por parte de la Gendarmería Nacional el 1° de agosto hayan venido de “arriba” no lo hace a él “testigo” o “parcial” en la forma de actuar, pero según los testimonios dados hasta por el mismo Otranto, Noceti estuvo reunido con él el mismo día de la desaparición de Maldonado.

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Por ende, en caso de que Noceti haya estado en sus oficinas deja a la vista dos cosas:

La primera es que en caso de que Noceti estuvo con él en ese horario, Otranto tiene que dar cuentas de qué hacían con Noceti mientras se desataba la feroz represión. Tiene que dar explicaciones de cuáles fueron las reuniones mantenidas en ese momento y demostrar que las órdenes vinieron de los altos mandos del Ministerio de Seguridad. Si no, es parte del entramado de encubrimiento porque él sabía lo que estaba ocurriendo en la Pu Lof.

La segunda es que, si se demuestra que estas órdenes de entrar al Pu Lof con el libre accionar de la Gendarmería fueron dadas por los altos mandos del Ministerio de Seguridad de la Nación –cosa que no se está investigando- como Pablo Noceti, que como bien quedo demostrado estuvo con el Juez. Otranto tiene que llamar a declarar al ministro de Seguridad, apartar a cualquier fuerza de seguridad que este bajo el mando del ministro y darle causa al pedido de la familia de intervención de un grupo de expertos internacionales de la ONU para colaborar en la investigación judicial.

El motivo es simple, mucho de los que son investigados, se investigan a sí mismos. Las pruebas fueron recolectadas por la Policía Federal Argentina, también interviene la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y hasta la Prefectura Naval Argentina, todas estas fuerzas están bajo la cartera del Ministerio de Seguridad de la Nación, donde Pablo Noceti es jefe de Gabinete.

Y si se quiere hilar más fino aun, la misma parte del Estado sospechada de desaparecer a Santiago Maldonado es la que lo está “buscando” con ese rastrillaje mentiroso del Río Chubut, cubriendo una superficie de 800 kilómetros donde por las características del rio es impensado que Santiago se haya ahogado o se lo haya llevado la corriente. Esa orden justamente la dio Otranto.

Por donde se lo mire el juez, por acción u omisión, es totalmente parcial en el caso de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Es más, hasta fue un actor fundamental en las horas que se perdieron posteriormente en la búsqueda rápida de Santiago, poniendo trabas, dejando hacer lo que quisiera a la Gendarmería durante horas en la Pu Lof. Y después no quiso tomar testimonio a los miembros de la comunidad, siquiera escuchó cómo actuaron las fuerzas represivas y el eje lo puso en otros lados. Todo eso junto a las empresas periodísticas afines al Gobierno. Y por si fuera poco nunca investigó la estancia Leleque de Benetton donde se sabe que hay un destacamento informal de la Gendarmería Nacional.

Por todos estos motivos, como dice la familia de Santiago Maldonado, el juez Guido Otranto no tiene razones serias para rechazar su recusación. Es más, tiene razones de peso para directamente dejar de ser juez.

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