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Las caras de la impunidad para los crímenes de la dictadura en Uruguay

Tres noticias de las últimas semanas relacionadas con los Derechos Humanos reflejan el estado de impunidad reinante en Uruguay en relación al tema.

Martes 21 de noviembre | Edición del día

La inconstitucionalidad de la imprescriptibilidad de los crímenes de la dictadura declarada por la Suprema Corte, las amenazas contra el Fiscal Díaz y los escasísimos genocidas procesados, muestran distintas facetas de un mismo problema en relación con los derechos humanos en Uruguay.

La sentencia de la Corte Suprema

Hace algunas semanas se conoció la escandalosa sentencia de la Suprema Corte de Justicia, a partir de una denuncia de torturas y detención ilegal en Tacuarembo, que vuelve a considerar inconstitucionales los artículos de la Ley Interpretativa de 2011 que establecía que no existían plazos para juzgar los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado.

Con la sanción de esa ley, torturas, desapariciones y asesinatos eran considerados delitos de lesa humanidad y por tanto no prescribían, dejando abierta una pequeña puerta para continuar con los juicios y condenar a los culpables.

La nueva sentencia de la Corte Suprema desconoce acuerdos internacionales firmados por Uruguay así como la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman y vuelve a poner un freno a las investigaciones y causas judiciales, de por sí ya bastante paralizadas por falta de voluntad política y un claro propósito dilatorio.

Causas paralizadas y genocidas libres

La sentencia de la Suprema Corte se suma a una política más general, del régimen político uruguayo en su conjunto, de evitar avanzar en las causas relacionadas con la dictadura y garantizar la impunidad a los genocidas hasta donde sea posible.

Una larga cadena de acciones, desde el Pacto de Club Naval (pacto de 1984 entre los militares en el gobierno y representantes de partido políticos) en adelante, han intentado evitar por todos los medios el castigo a los responsables de las violaciones a los derechos humanos. Si unos pocos militares están presos es por la acción de los organismos de Derechos Humanos y la movilización popular que persiste en su reclamo de justicia.

Un informe del Observatorio Luz Ibarburu (OLI) conocido en estos días da cuenta que solo hay, a más de 30 años del retorno democrático, 20 personas condenadas.
De ese número, ínfimo en relación a los responsables de torturas, prisiones, asesinatos y desapariciones, solo 10 cumple prisión efectiva, mientras que 6 gozan del beneficio de la prisión domiciliaria. De los que hoy están presos, en cárceles VIP con condiciones de privilegio, 2 tienen además salidas transitorias.

De las 46 causas que patrocina el Observatorio, que involucran a cientos de víctimas, alrededor de 38 están paralizadas sin respuestas desde el Poder Judicial hace meses, mientras que nada se avanza en la investigación sobre el destino de los desaparecidos. Evidentemente, la falta de avances a nivel judicial obedece a una decisión política, de las que todos los partidos del régimen son responsables. No debemos olvidar por ejemplo, que los integrantes de la Suprema Corte son elegidos en acuerdo con el Poder Legislativo y los partidos con representación parlamentaria.

Las amenazas al Fiscal Díaz

En el marco de este panorama se conoció el domingo la amenaza dirigida hacia el fiscal de Corte Jorge Díaz, de parte de un hasta hoy desconocido “Comando de Restauración Nacional”.

La amenaza de muerte es un nuevo mensaje contra el histórico y vigente reclamo de verdad y la justicia, que solo puede entenderse en el contexto de un “dejar hacer” del sistema político hacia los que reivindican el terrorismo de Estado.

Declaraciones de apoyo a los genocidas, anteriores amenazas como las del Comando Barneix o de integrantes de las Fuerzas Armadas, actos intimidatorios como los del GIAF, entre otras acciones, son dejadas pasar y nunca esclarecidas. A esto se suma, declaraciones como las de Mujica o Vázquez buscando el perdón o la reconciliación con asesinos y torturadores.

Continuar la lucha contra la impunidad

La impunidad para los delitos de la dictadura intenta preservar al aparato represivo, el mismo que hoy se expresa en casos de gatillo fácil y megaoperativos, para cuando sea necesario reprimir la protesta social.

Solo con la movilización popular se puede terminar con la impunidad y avanzar en el juicio y castigo de los delitos de la dictadura.








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