Política Estado Español

JUICIO MADRID ARENA

Las “alfombras” que Carmena tiene en sus manos levantar

Comienza el juicio del Madrid Arena. Un crimen social que en 2012 causó la muerte de 5 jóvenes en una fiesta de Halloween en un pabellón municipal. Unos hechos producto de la corrupción y la complicidad política de responsables municipales del PP que van a salir indemnes. Carmena debe reabrir la comisión de investigación.

Juan Carlos Arias

@as_juancarlos

Viernes 15 de enero de 2016

Foto: EFE

La Fiscalía solicita para el empresario responsable una pena máxima de 4 años de prisión. Para los políticos del PP implicados nada de nada puesto que ni siquiera han sido imputados. Así trata a esta calaña la “Justicia”. Mientras, los trabajadores y activistas detenidos en cada huelga, en cada acto de protesta, en cada lucha contra cualquier desahucio... vienen sufriendo sentencias duras, con condenas de hasta de 4 y 6 años de prisión.

Diviertt y Flores, un ejemplo del “capitalismo de amiguetes”

Toda la realización de la fiesta estuvo plagada de actuaciones irregulares, cuando no corruptas. La relación entre la empresa organizadora -Diviertt- y el Ayuntamiento de Madrid era de tal sintonía que prácticamente su propietario y ahora encausado -Miguel Ángel Flores- disponía casi en exclusiva del uso del pabellón Madrid Arena. Aún a pesar de que mantenía unas deudas con la Seguridad Social que le impedía su contratación por el Ayuntamiento para ningún tipo de servicio.

Durante todos estos años Diviertt lo utilizó sin hacer en él ninguna inversión ni mejora, y permitiéndosele un uso descontrolado. En distintas fiestas superó el aforo máximo y el respeto a cualquier normativa de desarrollo de espectáculos brillaba por su ausencia. Todo ello le permitía forrarse tranquilamente sin ningún problema. Ni siquiera pagaba lo que correspondía por su uso. El pago dependía, entre otras cosas, del aforo, y éste que nunca fue debidamente controlado ni inspeccionado.

Esta relación, tan propia del capitalismo de amiguetes, hizo que el Vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, se viera forzado a dimitir tras los sucesos, al destaparse el trato de favoritismo hacia el empresario Flores. Los concejales Pedro Calvo y Antonio de Guindos también dimitieron, aunque el primero conservó su acta de concejal. Y la concejala Fátima Núñez pasó a ser presidenta del distrito de Carabanchel. Sin embargo hasta allí llego la cosa. A día de hoy este trato de favor no se ha investigado y mucho menos se ha incluido en la causa ni abierto otra específica.

También resulta “chusca” la contratación como servicio médico de la fiesta a un ex-concejal del PP -Simón Villals-, también imputado . Prestó sus servicios acompañado de su hijo que es además funcionario del Ayuntamiento. Este médico jubilado, sin medios de ningún tipo para atender urgencias mínimamente graves, se desentendió de todo y no prestó las atenciones requeridas a las chicas que acabaron falleciendo y que con las correspondientes maniobras de reanimación tal vez se hubieran podido salvar. Por otra parte, el SAMUR no fue avisado del evento con lo cual no desplegó un operativo de prevención y cuando llegó ya era demasiado tarde.

La ocultación de responsabilidades del PP y Ana Botella.

La comisión de investigación que se creo en el Ayuntamiento de Madrid nació maniatada por la mayoría absoluta del PP. El gobierno de Botella impidió la comparecencia de varios técnicos y funcionarios municipales, además de la de la propia Alcaldesa. Es fácil suponer que el veto de esta comparecencias respondía a la intención de evitar que salieran a la luz irregularidades administrativas y hasta penales de responsables municipales.

La “investigación” se cerró con un informe que fue aprobado tan solo con los votos del PP y el voto contrario del resto de grupos municipales –PSOE, UPYD, IU-. Ana Botella, en otro gesto de despilfarro de los recursos públicos, decidió contratar un bufete de abogados privados para personarse como acusación particular en la causa. La razón saltó por obvia: a los abogados municipales -funcionarios de carrera- le era más difícil someterlos a unos criterios de acusación que más bien parecen los de un abogado defensor.

La Fiscalía del lado de los imputados ligados al PP

Cuando la instrucción del caso afrontaba su fase final, el número de imputados era de 24. Entre ellos se encontraban varios responsables políticos del Ayuntamiento de Madrid como el concejal Antonio de Guindos – familia del Ministro de economía Luis de Guindos- la concejala Fátima Núñez y el Inspector Jefe de la Policía Emilio Monteagudo.

Sin embargo, una vez iniciado el juicio no queda ningún político del PP imputado. Solamente un alto cargo municipal de la confianza de Ana Botella, Emilio Monteagudo, se ha mantuvo como imputado por el Juez Instructor, Eduardo López Palop. Sin embargo , como la Infanta Cristina, ha contado con la aquiescencia de la Fiscalía que se ha negado a imputarlo al considerar que no existen pruebas de que la conducta de la policía contribuyera al resultado de las cinco muertes. Esta desimputación ha indignado lógicamenta a los familiares de las víctimas.

Justamente estas desimputaciones constituyen la principal línea de defensa del empresario Miguel Ángel Flores. Basándose en ellas, solicitó al tribunal que declarara la nulidad parcial del proceso. Sin embargo, tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares de los familiares de las víctimas se han opuesto y el tribunal ha desestimado hacerlo.

Finalmente la “Justicia” reduce a 15 los presuntos responsables, 14 de ellos imputados por la Fiscalía. Miguel Ángel Flores, empresa Diviertt, está acusado de cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y la Fiscalía pide cuatro años de cárcel para él. Una pena ridícula que las acusaciones de los familiares de las víctimas elevan a 20. Otros 12 acusados se enfrentan a peticiones de penas de tres años por parte de la Fiscalía por los mismos delitos. Para los médicos Simón y Carlos Viñals (padre e hijo), la Fiscalía pide dos años por dos delitos de homicidio por imprudencia grave, que el juez eleva a tres.

Es necesaria la re-apertura de una comisión de investigación con peso decisivo de los familiares

Cabría preguntarse si todas estas actuaciones, mantenidas durante años por el equipo de gobierno anterior, no generaron ninguna documentación en el Ayuntamiento. Y de ser así , si el equipo actual de Manuela Carmena no tiene nada que decir al respecto. ¿Donde están los expedientes sobre la utilización de la infraestructura pública durante un largo tiempo por los “amiguetes” de Botella y el PP madrileño?.

Es sorprendente que nadie del actual equipo de gobierno haya salido a realizar una declaración en algún sentido aclaratorio sobre lo sucedido y la responsabilidad de la actuación municipal del equipo de Ana Botella. No se les ha escuchado nada más que recalcar que actualmente el pabellón Madrid Arena cumple toda la normativa, aunque sigue sin disponer de la licencia de actividad.

Una cuestión que estaría en las manos de Ahora Madrid sería la re-apertura de la comisión de investigación formada en su día. Ahora, sin la posibilidad del PP de taponar esa vía de investigación ante hechos tan indignantes ¿Porqué no se reabre la comisión de investigación por parte del Ayuntamiento? Esta además debería incorporar a los familiares de las víctimas y que sean ellos los que tengan siempre la última palabra sobre que comparecencia o que “alfombra” hay que levantar. Sería la única manera de poder aclarar lo sucedido y las responsabilidades políticas .







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