OPINIÓN

La violencia machista en Argentina estuvo presente en audiencia de la CIDH

Durante julio se realizaron en Perú las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Organizaciones de mujeres migrantes presentaron datos sobre el estado de situación en Argentina.

Sábado 29 de julio | Edición del día

Entre el 3 y 7 de julio, en Lima, Perú, se desarrolló el 163º período extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA). Allí tuvo lugar una audiencia especial para deliberar el tema de las mujeres asesinadas por razones de género en Argentina.

La audiencia fue convocada de oficio por la CIDH, es decir que no fue por pedido de organizaciones de la sociedad civil ni tampoco por el Estado argentino. Este hecho indica la repercusión que tiene a nivel internacional el movimiento de mujeres que denuncian los feminicidios y demás formas de violencia machista en Argentina, como el Ni Una Menos.

Varias organizaciones civiles argentinas intervinieron en esa audiencia. Natalia Gherardi, directora ejecutiva del ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género), representó a su organización y también a CAREF (Comisión Argentina para los Refugiados), MEI (Fundación Mujeres en Igualdad) y la Fundación Siglo 21. Ana Téllez y Silvia Romero intervinieron en representación de AMUMRA (Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas en Argentina).

Representando al Estado argentino estuvieron Fabiana Tuñez, presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres; María Fernanda Rodríguez, subsecretaria de Acceso a la Justicia y María Delia Castañares de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre otras funcionarias oficiales.

Silvia Romero de AMUMRA planteó que el objetivo principal de la audiencia fue poner en conocimiento de la CIDH información sobre la situación que se vive en Argentina con respecto a los asesinatos de mujeres, especialmente las migrantes. Y de esta manera intimar al Estado argentino para que responda a esta problemática que preocupa a las mujeres y a la sociedad argentina en general.

Natalia Gherardi planteó en la audiencia que el femicidio, la forma de violencia machista más extrema, “tiene vínculos profundos con las desigualdades de género que se expresa en la vida política, social, familiar, comunitaria.”

Desde AMUMRA retrataron la situación de las mujeres migrantes con una historia real que demuestra cómo las desigualdades políticas y sociales se combinan con el accionar desde el Estado: “Conocimos un caso en el que una mujer migrante víctima de violencia de género, golpeada y ensangrentada, estuvo encerrada en una celda de una comisaría durante nueve horas hasta que llegó el médico forense para evaluarla. Mientras tanto, el agresor tomaba café con el comisario en su despacho. De este modo, también hay incumplimiento en la obligación de erradicar patrones socioculturales discriminatorios y en la falta de imparcialidad de las autoridades, situación agravada por no contar con las herramientas para abordar la singularidad del caso”.

Las representantes de AMUMRA pusieron en conocimiento varios casos donde el Estado argentino incumplió en sus deberes en la prevención, erradicación, sanción y reparación de la violencia de género. Se trata de hechos que tienen que ver con la falta del acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, la búsqueda de protección, la interposición de denuncias, la litigación ante los tribunales civiles y penales y los procedimientos para el cumplimiento de la ley. Además, Romero mencionó el problema de las “trabas burocráticas” de cómo mujeres sin documentación, a menudo migrantes, no pueden realizar una denuncia y así no tienen apoyo del Estado para prevenir y protegerse antes de la violencia machista.

Gherardi mostró, a través estadísticas recopiladas por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, cómo la falta de acción estatal contribuye a multiplicar los femicidios. Según esas estadísticas, en 2016, 254 mujeres murieron como víctimas de femicidio. 61% de esos crímenes los cometieron parejas o exparejas, y 60 víctimas habían realizado denuncias previas. 244 niñas, niños y adolescentes han perdido a sus madres por femicidio.

Las organizaciones representadas entregaron un petitorio a la CIDH con varias sugerencias para que el Estado argentino avance contra la violencia machista y el femicidio. Esas recomendaciones incluyen la difusión de información sobre los derechos de las mujeres, sobre todo de las migrantes, y los recursos con que ellas puedan realizar la denuncia inmediatamente después de sufrir violencia de género. Marca el petitorio la necesidad de que las mujeres migrantes cuenten con una red de contención apropiada y que se les den determinadas garantías con respecto a su agresor. Por último se le solicitó al Estado impulsar campañas masivas para erradicar estereotipos de género y la cultura machista que facilita y sostiene la violencia contra las mujeres. Como también la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral que puede colaborar para tal fin.

Las representantes del Estado argentino respondieron con un informe en el que mencionaron las acciones que se han tomado recientemente y lo que realizarán en el futuro para abordar la situación del femicidio y las desigualdades de género.

Sin embargo, en respuesta a las explicaciones oficiales, Silvia Romero manifestó que ni siquiera la “Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales (Ley 26.485)”, aprobada en 2009, se conoce de forma masiva. Y según ella esa norma representa una de las legislaciones vigentes más importantes para los derechos de las mujeres en Argentina. Pero en ese caso todavía falta implementarla e incluso aún no existe en el marco de esa ley una real “producción y sistematización de datos” (como describe El sitio de ELA).

Si bien no se mencionó en la audiencia de la CIDH, tanto desde el Estado como desde las fuerzas políticas opositoras tradicionales de Argentina desde el año 2015 se viene dando la espalda a un proyecto de la ley para poner en pie un Plan Nacional de Emergencia contra la violencia hacia las mujeres. Ese proyecto había sido presentado desde la banca del Frente de Izquierda pero ni el entonces gobierno de Cristina Kirchner ni el actual de Mauricio Macri decidieron darle curso al debate y votación de esa propuesta que plantea cuestiones básicas y de concreción inmediata para ayudar a las mujeres en su lucha contra la violencia machista.

Sin dudas es muy importante mostrar en instancias internacionales como las sesiones de la CIDH la realidad que se vive en los diferentes países. Tanto como denunciar las inacciones o los dobles discursos del Estado en la materia.

Lo que viene quedando en evidencia, cada vez más, es que la realidad de violencia y muerte que sufren las mujeres en Argentina y en América Latina se está poniendo cada vez más de relieve por la acción decidida en las calles y en cada instancia pública que se presente por parte de las organizaciones de mujeres como el colectivo #NiUnaMenos y agrupaciones independientes del Estado y de las corrientes políticas tradicionales como Cambiemos, el Frente para la Victoria o el Frente Renovador.

Por eso es muy importante la comunicación y difusión de los derechos de las mujeres en Argentina así como la denuncia al estado por su negativa sistemática a implementar los cambios necesarios para erradicar el femicidio y todo tipo de violencia machista.






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