Política

NACE “DOCENTES E INVESTIGADORES DE IZQUIERDA”

La universidad y la ciencia: entre el ajuste ceocrático y las añoranzas del capitalismo ¨nacional y popular¨

La educación y la ciencia públicas en la Argentina vienen siendo objeto de un ataque por parte del gobierno de Mauricio Macri.

Viernes 4 de agosto | Edición del día

Elegidos como blanco preferencial de los CEO, venimos sufriendo un ajuste que continúa, sin pausa y cada vez con mayor prisa, a pesar de las luchas que desde el año pasado se han llevado adelante en el sector. Esto no constituye una excepción: los programas neoliberales suelen poner en el foco de sus ataques a quienes, como nosotros, trabajamos en la educación pública y la investigación científica porque eso les permite una doble batalla. Por un lado, la que se despliega en el terreno económico y social desplazando la educación y la producción intelectual del campo de los derechos al de las mercancías a través del ahogo presupuestario y de la orientación de la investigación hacia el “sector productivo” (o sea, investigación para las empresas). Por otro, la que se despliega en el terreno político y que, si se nos permite, asume la forma también de “batalla cultural” intentando infligir una derrota a quienes tenemos la obligación de desplegar una crítica filosa e incesante de la dominación, de la explotación y de la opresión en todas sus formas. Ambas batallas, por los derechos, pero también por la crítica, nos obligan a combatir en el terreno de las luchas sociales, pero también en el de las ideas.

El relato del diálogo y de la alegría con el que este gobierno se presentó en los spots de campaña, ya fue reemplazado por un fuerte discurso anti-obrero y anti-protesta que, sin ambages, pretende instaurar una nueva relación de fuerzas que naturalice retrocesos sociales y políticos. El fallo de la Corte Suprema del “2 x 1”, intentó llevar a la práctica lo que se había anunciado en el terreno discursivo con el negacionismo de los funcionarios del PRO: la búsqueda de impunidad para los genocidas y una nueva ofensiva para correr los márgenes de la opinión pública un poquito más a la derecha cada día. El anuncio de la reforma laboral que se referencia en la de Brasil, intenta precarizar aún más una clase trabajadora que carga, como pesada herencia, la fragmentación y la flexibilización noventista que el kirchnerismo no se propuso revertir. La avanzada represiva, como el brutal desalojo de los obreros y obreras de Pepsico, se propone disciplinar el movimiento de resistencia que no reza ni tiene nostalgia de un paraíso que nunca existió, sino que lucha.

Pero las calles escapan a los planes del palacio. Los centenares de miles de personas que se manifestaron durante este año por demandas democráticas, sociales y contra la violencia y la opresión a las mujeres, lo hicieron poniendo en evidencia el descontento con el macrismo, pero también el sabor a poco de las direcciones que, supuestamente, deberían tramitar ese descontento. “Poné la fecha” fue la consigna que plasmó la combinación de deseo y de queja a una CGT que en marzo parecía adormecida y hoy aparece claramente en connivencia. Las cúpulas sindicales están más preocupadas por sus internas y el fortalecimiento de sus propias posiciones que por lo que las calles dicen. Y las burocracias sindicales de nuestro sector no son la excepción, como mostró el reciente acuerdo salarial de los docentes universitarios y la magra paritaria de los trabajadores de CONICET. Las castas políticas, por su parte, están en pleno juego de carpetazos y fueros, inmunes al sufrimiento de sus “representados”. Los despidos avanzan, el programa de mayor flexibilización laboral se consolida gracias a la firma de convenios como el de Vaca Muerta, y la pérdida de puntos de salario real aparece como un “horizonte ineludible”.

En este escenario, las elecciones legislativas politizan lo que está en juego en las calles. Los CEO dejaron de pedir tiempo para el derrame y salieron a fidelizar su base enarbolando un clásico discurso gorila que disparó contra choripanes, negros, pobres, obreros y zurdos que luchan. El kirchnerismo intenta usufructuar el malestar para una versión cada vez más degradada del “vamos a volver” que llama abiertamente a rezar y votar, pero nunca a luchar. Se encuentran ante un límite que ellos mismos produjeron: las medidas de estos 18 meses de gobierno (tarifazo, pago de deuda, devaluación de la moneda, aumento del desempleo y caída del salario real) son avances (parciales pero existentes) que el macrismo solo pudo llevar a cabo gracias a la colaboración del FPV y del PJ en tres ámbitos determinantes: el Congreso de la Nación (particularmente en el Senado), las provincias kirchneristas que no se transformaron en “territorios de resistencia” sino que repartieron miseria por doquier; y los sindicatos con sus siempre listos “aliados estratégicos”, ayer del gobierno kirchnero-peronista, hoy del macrista.

No colocar estos hechos en el centro del debate sería aceptar un doble discurso justo en un ámbito (como el de las universidades públicas y el CONICET) en donde las palabras, las teorías, las ideologías son parte de la materia con la que trabajamos. Peor aún, sería aceptar una polarización entre los que ajustan y los que lo dejan pasar. Por último, sería desconocer que los miles de trabajadores y trabajadoras que en diversos lugares del país protagonizaron acciones de huelga, paros y manifestaciones constituyen la verdadera resistencia a los planes de un gobierno de ricos para ricos, que necesitamos fortalecer con nuestra militancia y con el debate de ideas teóricas.

Nuestras prácticas como docentes e investigadores se encuentran inevitablemente sometidas a las presiones de esta coyuntura política. La ofensiva del gobierno nacional sobre la ciencia y la tecnología, y las universidades impacta sobre la actividad cotidiana y la proyección de quienes formamos parte de este campo. La reducción presupuestaria y su correlato de restricciones al ingreso a los organismos de CyT, así como la precariedad de los miles de becarios y de los cargos docentes de las facultades, se presentan hoy como la agenda urgente que exige acciones claras y contundentes.

A comienzos del año pasado, los reflejos tempranos de los docentes universitarios, dieron lugar a un gran conflicto cuya marcha de más de 40.000 personas en Buenos Aires y movilizaciones en todo el país, colocó la universidad en la calle y en el centro de la “opinión pública”. Hacia fin de año, la lucha en el CONICET con la toma de 5 días del Mincyt y la ocupación de muchos de los CCT provinciales, mostraron un sector con enorme voluntad de enfrentar el ajuste y preservar los puestos de trabajo. Y mostraron también que la clave de la resistencia no está en los directorios ni en los funcionarios de mesas de negociación, sino en la acción directa y en las instancias colectivas que permitan el debate demócratico de orientaciones para la acción. La actual situación en el CONICET, con reducción del número de becas en el último llamado, incertidumbre laboral de los investigadores despedidos y la persistencia del gobierno en ajustar el sector, refuerzan esas enseñanzas.

Sin embargo, como en tantos otros planos, lo urgente siempre termina postergando lo importante. Somos docentes e investigadores dentro de un sistema científico y académico que debemos pensar, discutir y transformar. Las lógicas dominantes y las prácticas cotidianas que se derivan de ellas como trabajadores del conocimiento y que terminamos naturalizando como parte de “las reglas de juego” constituyen la raíz de los conflictos pasados, presentes y por venir. Los cambios por arriba en los breves años de “bonanza económica” que pudieron desahogar los siempre ajustados bolsillos de los docentes e investigadores, no resolvieron siquiera parcialmente la situación de ahogo presupuestario de las universidades, con la inaceptable existencia de docentes ad-honorem, miles de becarios que son trabajadores precarizados y las dificultades permanentes para el financiamiento de proyectos de investigación. Más aún, las continuidades del modelo impuesto por los organismos de crédito internacional en los años `90 son manifiestas, pese a que en muchos casos se pretenda que permanezcan en las sombras.

La vigencia de la vergonzosa Ley de Educación Superior sancionada en 1995, fue objeto en 2015 de mínimas modificaciones que no alteran el proyecto de universidad que la misma estableció. La injerencia del mercado, la venta de servicios y el arancelamiento de los posgrados se mantiene, junto con la ratificación de las formas antidemocráticas de gobierno de las universidades, que permiten cristalizar castas burocráticas de funcionarios que, de un signo político u otro, terminan coincidiendo en sus manejos discrecionales y clientelares. Dentro de este marco político normativo, el sostenimiento del llamado “incentivo docente”, impuesto durante el menemismo, representa quizá uno de los ejemplos más claros del cuadro de situación general. Aceptado como un “ingreso económico extra”, en función de inadmisibles parámetros de “productividad”, el cobro de incentivos se instaló como un trámite más de los que permanentemente debemos realizar los docentes e investigadores sin demasiada conciencia de sus implicancias. El sistema de categorización al que nos sometemos periódicamente forma parte de esta trama de negocios para pocos y falsas expectativas para muchos. La presentación periódica de la solicitud de categorización, cuando lo dispone el Ministerio de Educación, en condiciones de evaluación que ningún trabajador docente conoce y mucho menos controla o fiscaliza es una expresión más de la rutinización de nuestras prácticas.

Los criterios de “eficiencia” en la producción académica de la década del `90 no sufrieron alteración alguna durante los últimos 20 años. Salvo excepciones motorizadas por luchas, no hubo pausa para el avance de la CONEAU en su tarea de acreditación en base a criterios mercantilistas. Tampoco se abrió el debate acerca de la propia conformación del principal organismo de ciencia y tecnología del país, cuya fundación está a punto de cumplir 60 años. Si el gobierno de las universidades nacionales y de sus unidades académicas bajo las formas “democráticas” del co-gobierno conserva los contenidos más retrógrados y clientelares de la política de palacio, el caso del CONICET es aún más aberrante. La incidencia de “organizaciones representativas de la industria y del agro” en la selección de los funcionarios que integran el directorio, establecida por el propio estatuto del organismo, revela de manera palmaria la permanencia de la misma lógica de producción de conocimiento al servicio de los intereses dominantes.

Los cíclicos ajustes presupuestarios no hacen otra cosa que desnudar la naturaleza del sistema, no sus “accidentes”. Es por eso que hoy lo importante irrumpe como lo urgente: cuestionar las formas en que producimos, nos insertamos laboralmente, nos formamos y desarrollamos nuestras actividades como docentes e investigadores. La lucha contra las diferentes manifestaciones del academicismo dominante que disocia teoría de práctica y nos convierte en productores en serie de una mercancía devaluada, es imperiosa. En última instancia se trata de abrir una reflexión crítica colectiva sobre el sentido de nuestra actividad. Para nosotros ese sentido es transformador no sólo del campo particular del que formamos parte sino del orden social que lo determina. Ante la inercial domesticación del pensamiento y de las prácticas, sea en su versión eficientista de mercado o en la del autodenominado ¨proyecto nacional¨, es necesario oponer una praxis que sea, en sí misma, una crítica al academicismo. La discusión acerca de con qué ideas aportar a transformar la sociedad circula en el medio académico, pero puede ser inofensiva si se disocia de la discusión de su horizonte estratégico.

Tanto el régimen laboral como los criterios del mainstream académico se han vuelto sobre sucesivas generaciones de universitarios una presión que refuerza la disociación entre la teoría y la práctica y naturaliza la rutinización de la actividad intelectual. El acostumbramiento a la vida académica, donde las sensibilidades sociales y de izquierda son canalizadas a través de “papers”, acreditaciones o presentaciones a congresos que quedan circunscriptos al autoconsumo de la propia comunidad científica obtura la pregunta necesaria y recurrente de para quiénes y para qué hacemos ciencia.

En sentido contrario, -nos- proponemos resistir la práctica academizante de convertir los marxismos en un simple objeto de análisis, y apostamos a la construcción de un marxismo militante, que se proponga desafíos teóricos y también prácticos para aportar a la construcción de una izquierda anticapitalista y revolucionaria. Nuestra contribución a la revista Ideas de Izquierda es parte de esa apuesta colectiva. Nuestra intervención en cada uno de los conflictos y en cada debate teórico está guiada por este objetivo estratégico, sin el cual las luchas quedan reducidas a meras posiciones defensivas que, independientemente de sus resultados puntuales, mantienen intactas las mismas condiciones.

Por esto, es necesario luchar por un programa que cuestione desde la raíz las instituciones en las que trabajamos, su carácter de clase y el estrecho interés que los representantes políticos de los capitalistas le imponen a la ciencia y la educación pública. Para los CEO´s de Cambiemos la ciencia y la universidad pública sólo tienen sentido en tanto les permita saquear recursos humanos, conocimientos y arcas del Estado en función de la mercantilización del saber y la obtención de ganancias para las corporaciones. Pero el modelo universitario legado por el kirchnerismo no se diferencia estructuralmente de este objetivo.

El mismo se caracterizó por un marcado sesgo “estatalista precarizador”, donde a la par de los discursos acerca de la educación y la ciencia ¨nacional¨ no cesó la mercantilización del conocimiento y la precarización de las condiciones de trabajo de docentes e investigadores. No se alteraron los avances de la LES, la sumisión al mercado y la relación con las grandes corporaciones a través de convenios de venta de “recursos propios” en la mayoría de las facultades de perfil liberal o de ciencias aplicadas. Muestra de ello es el reparto que las universidades realizan de los fondos provenientes de la minería contaminante, los acuerdos con empresas productoras de agrotóxicos, o los convenios con los laboratorios.

Un problema similar se nos presenta a los trabajadores del CONICET que sufrimos el paulatino desmantelamiento del MINCyT y su posible fusión con el Ministerio de Educación. El Plan Innovar 2020 y la vuelta de Cristina son presentados recurrentemente como una ¨alternativa¨ al estado de cosas actual. Sin embargo, la finalidad estratégica de Barañao y Ceccato siempre consistió, con vacas gordas o flacas, en orientar la producción científica pública a las necesidades económicas empresariales del sector privado. No se trata solamente de una visión utilitarista y capitalista de la ciencia, sino de la promoción de ¨aportes científicos¨ de la talla del fracking y de la biotecnología en función del negocio sojero. El conocimiento es transformado así en un insumo para las corporaciones cuya finalidad es maximizar las ganancias, sin importar si el producto es socialmente útil o dañino. Es esta estructuración del sistema científico, es su finalidad estratégica, la que explica el carácter profundamente autoritario del régimen en las instituciones de Ciencia y Técnica, y la que presiona, con la lógica de la productividad medida en “descubrimientos”, “papers” e “inventos”, a la precarización laboral.

La crítica de esta estructuración, el debate sobre quiénes son sus garantes (sean de globos amarillos o celestes), no es “para otro momento”, es urgente. La lucha por la más profunda democratización del sistema, también. En la Universidad, nuestro cuestionamiento a la casta profesoral y a la elite de funcionarios ha logrado elaborar como programa la formación de un claustro único docente, voz y voto para los no docentes, la elección directa de las autoridades -una persona un voto- y la revocabilidad de los mandatos. Es necesario llevar el debate de la democratización a los organismos de Ciencia y Técnica para elaborar, colectivamente, un programa que ponga en manos de los trabajadores del sector la decisión de cómo y para quién hacer ciencia.

En un marco de ajuste como el que atraviesan las universidades y el CONICET necesitamos la más amplia unidad de acción. Pero tan necesaria como la unidad, es la defensa irrestricta de las instancias asamblearias de toma de decisiones como modo de garantizar la autoorganización de los trabajadores del sector. Lejos de las camarillas, el fortalecimiento de las asambleas es el único método por el cual podremos masificar e intensificar una lucha consecuente que derrote los planes gubernamentales y dé paso a la pelea por conquistar nuestras demandas más urgentes. Se trata de que la ciencia y la educación formen parte integrante de la vida de los millones de trabajadores y oprimidos. Nuestra lucha por la universidad y la investigación públicas se enmarcan en este cuestionamiento de su carácter de clase.

Estos objetivos y estos métodos son los que defendemos desde la agrupación Docentes e Investigadores de Izquierda en La Marrón, conformada por militantes del PTS e independientes.






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