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La solución a la crisis habitacional ¿"Animar" al propietario de pisos o expropiar a los especuladores?

ZEC abandona toda medida de expropiación de los pisos del SAREB y la banca, por la negociaciones con las entidades y el programa “Alegra tu vivienda” de estimulo del alquiler.

Nerea Frejlich

Zaragoza | @NFrejlich

Jueves 27 de abril | 17:50

Foto: EFE

El Ayuntamiento de Zaragoza en colaboración con la DGA promueve “Alegra tu vivienda” un programa de alquileres sociales orientado a familias en situación de riesgo habitacional. A cambio de la cesión de su inmueble los propietarios de los pisos tendrán garantizado el pago de la renta, la contratación de un seguro y la devolución del 50% de IBI o la cobertura de los gastos de comunidad.

Hasta el momento se han conseguido captar alrededor de 300 inmuebles, en los cuales se ha alojado ya a 138 familias en riesgo de vulnerabilidad. Los requisitos son los mismos que para cualquier otro alquiler social, según explica Pablo Hija, concejal de vivienda del Ayuntamiento de ZEC. Los ingresos de la unidad familiar no han de superar los 22.30065€ al año y se deben encontrar en situación de sobre endeudamiento o riesgo de desahucio.

El alquiler mínimo a pagar por el inquilino sera de 85 euros al mes y el mínimo a percibir por el arrendatario de 225 euros al mes (4,75 euros por metro cuadrado). No será obligatorio que el inmueble este acondicionado con frigorífico y lavadora.

Sin embargo el plan se queda a todas luces corto para cubrir las acuciantes necesidades habitacionales de los hogares más humildes de la capital aragonesa. Según fuentes de la DGA se han presentado 3.950 solicitudes. De todas ellas 195 están asignadas hasta el momento y solamente 765 han sido aceptadas, aunque siguen a la espera de una vivienda. Otras 1.233 han sido denegadas por no cumplir los requisitos y nada menos que 1.757 siguen pendientes de dictámen.

Una situación que además corre el peligro de agravarse en los próximos meses. El 15 de mayo de este año vence el plazo dado por el gobierno de Rajoy para la conocida como “moratoria antidesahucios”. Se calcula que unas 24.000 familias en todo el Estado están incluidas en el plan de vivienda 2013-2016 y el ministro Luis de Guindos reconocía que no sabe que pasará después del verano con todas estas familias.

Desde el Ministerio de Fomento se ha anunciado que se está diseñando el nuevo plan de vivienda para el ejercicio 2018-2021. Según su titular, Íñigo de la Serna, se le asignará una partida de 466millones para todo el periodo del que deberán salir los fondos para a ayudas al arrendamiento, aunque el ministro reconoce que el grueso se destinará a renovar unas 35.000 viviendas y a algunos grandes proyectos urbanísticos. Uno de los más destacados se desarrollará al norte de Madrid, la conocida como “Operación Chamartín”: la construcción de viviendas y torres de oficinas que implicará una inversión total de unos 6.000 millones de euros aportados por Fomento, el Ayuntamiento de Madrid, BBVA y la constructora San José. Es decir que de “social” el nuevo Plan de Vivienda tendrá todavía menos que el anterior si cabe.

A casi dos años de las elecciones municipales de mayo de 2015 hay que recordar que uno de las principales banderas de la campaña de las formaciones que acabaron formando los “ayuntamientos del cambio” fue el terminar con los desahucios y garantizar el derecho a la vivienda. Esta fue una de las reivindicaciones que ayudó a que pudieran ganar las elecciones en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o la misma Zaragoza.

En el caso de ZEC se prometieron un parque público de 5000 viviendas y para ponerlo en pié se hablaba, entre otras medidas, de la expropiación de las viviendas al SAREB y las entidades financieras. Una medida elemental si se tiene en cuenta que estas entidades son las principales propietarias de pisos vacíos y agentes fundamentales en la especulación con el precio de la vivienda. También entraba dentro del “vocabulario” de 2015, el exigir al gobierno de Aragón “herramientas” para expropiar estas viviendas vacías, como reclamaban en forma de llamamiento urgente “por el derecho a la vivienda” Luisa Broto o Pablo Híjar en campaña.

Actualmente el gobierno de Aragón, del PSOE, se mantiene gracias a los apoyos de las formaciones integrantes de ZEC -Podemos e IU-, que hace unas semanas validaron unos Presupuestos que ni siquiera revertían lo recortado por el PP en educación y sanidad. Mucho menos estas “herramientas” expropiadoras fueron demandadas como condición para brindar tal apoyo.

Una vez en el poder municipal, parece que ya no se ve con tanta urgencia el problema de la vivienda en Zaragoza, si nos atenemos a las medidas implementadas hasta el ecuador del mandato. A la vez que se ha abandonado toda medida que cuestione los intereses y títulos de propiedad de los grandes tenedores de pisos, éstas se sustituyen por medidas de “negociación” amistosa con las entidades para que cedan algunas viviendas para alquiler social y ahora se apela a la “colaboración “ciudadana” de los propietarios particulares para paliar un problema que excede con creces las modestas cifras alcanzadas (300 viviendas de las 5.000 que se calculaba se necesitaban).

Desde ZEC y muchos sectores que todavía confían en el equipo municipal se excusan en que el ayuntamiento no tiene las “competencias legales” necesarias para poder expropiar, o que el gobierno municipal está en minoría. Se trata de hechos objetivos, pero no inobjetables. Incluso en el mismo programa de ZEC se pueden obtener ideas que apuntan a la superación de estos límites institucionales. En 2015, entre otras medidas, ZEC prometía en su “Prorama Electoral Esencial” el “apoyo municipal para los bloques recuperados por la Obra Social de las plataformas de afectados”. Se refería a las ocupaciones de pisos o fincas enteras del SAREB y otras entidades para realojar a familias en emergencia habitacional.

Las fincas vacías existen, están localizadas y Zaragoza fue una de las ciudades donde se desarrolló con fuerza un importante movimiento antidesahucios del 2011 en adelante. ¿No podía ZEC desde el Ayuntamiento convocar a movilizaciones por la expropiación de esas viviendas y la ocupación misma de los bloques vacíos bajo gestión de comités de inquilinos?

Sin duda sería una política opuesta por el vértice a la de la gestión de la “miseria de lo posible” por la que se ha optado, y que ha terminado por dejar en el cajón las grandes promesas en materia de vivienda, servicios públicos o remunicipalizaciones. Se trataría de un enfrentamiento directo con los grandes especuladores y haría falta recurrir a la organización y movilización social. Pero ¿Acaso hay otra vía realista para resolver el grave problema habitacional? Que de casi 4.000 solicitudes solo 195 tengan hoy una vivienda social asignada responde contundentemente a esta pregunta.






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