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TRIBUNA ABIERTA // SALUD MENTAL

La salud mental en Uruguay marca contradicciones al Frente Amplio (Tercera Parte)

Posibles hipótesis sobre las dificultades de establecer una ley de salud mental desde perspectiva de DDHH

Sábado 15 de octubre | 20:17

Posibles hipótesis sobre las dificultades de establecer una ley de salud mental desde perspectiva de DDHH

La aprobación de una nueva ley de salud mental, desde una perspectiva de DDHH, posee consecuencias que repercuten en el ámbito jurídico, político, epistemológico y social. En este momento histórico, podemos decir que el cambio hacia una nueva forma de pensar la salud mental, acorde a los compromisos asumidos internacionalmente, presenta la consecuencia de romper corporativismos históricos en nuestro país, principalmente el médico.

Una nueva ley de salud mental desde un paradigma de DDHH, necesariamente concibe la interdisciplinariedad como elemento fundamental en la atención en salud mental. Cuestión que repercute en el nicho de poder, que hasta ahora posee la psiquiatría, como práctica privilegiada para pensar y hacer sobre lo mental. En este punto el poder médico, con sus anhelos de seguir fortaleciendo su chacra de saber, se enfrentaría a un poder político, que llegado el caso, tenga un compromiso con los DDHH de la población desde un paradigma interdisciplinario. La contradicción de intereses se vuelve evidente.

El poder médico tal como lo ha afirmado José Pedro Barrán (Medicina y sociedad en el Uruguay del Novecientos), se refleja en los procesos de medicalización, que se dieron en la sociedad uruguaya desde el novecientos. El fenómeno de la medicalización, como todo proceso social, estuvo sostenido en una determinada estructura material. En el caso de Uruguay, partimos de un país semicolonial, basado en una monoproducción y dependiente de los británicos.

Las etapas previas a las presidencias de Batlle, y en sus dos etapas en el poder principalmente, tenían a una parte de la clase política con el objetivo de establecer un país industrial que diera una supuesta autonomía nacional. Aunque para que esta modernización fuera posible, se debían establecer instituciones capaces de fundamentar los cambios, la creación de la Facultad de Medicina (1875), como baluarte del cientificismo de orientación positivista, fue una de estas. También se podrían nombrar la fundación de Sociedad de Amigos de la Educación Popular 1868, la Asociación Rural del Uruguay 1871, el Ateneo del Uruguay 1877. La reestructuración del Estado a través de la conformación de nuevos ministerios seguía esa línea de cambios, así como las reformas en el sistema de transportes, alambramiento de los campos, los aportes de la ciencia en la producción ganadera (practica del mestizaje).

Se podrían citar varios cambios, desde distintas perspectivas, que comenzaron a dar forma a la supuesta “modernización” del Uruguay, que por cuestiones de espacio no tienen lugar.

El pasaje de un modo de producción feudal en Uruguay, al capitalista, originó a una burguesía nacional enfrentada a una burguesía aliada a los intereses extranjeros (Imperio británico). Es importante destacar como dentro de la burguesía nacional, decidida a imponer un modelo industrial en el Uruguay para conseguir autonomía extranjera, existieron disputas ideológicas. La más relevante en nuestro país tal como lo afirma Arturo Ardao en su libro “Espiritualismo y positivismo en el Uruguay”, fueron positivistas contra espiritualistas.

La clase médica, debida a su fuerte organización corporativista y sus sólidas concepciones científico positivista, cumplieron un papel fundamental para sostener el programa industrial de la burguesía nacional, desde las contiendas positivistas. Su organización le otorgaba autonomía política por un lado, además, sus prácticas eran funcionales a la clase dominante vigente, dado que la medicalización es percibida como un medio socialmente aceptado para la regulación de conductas y comportamientos en la esfera de lo público. Sus pautas de cuidados, se acoplaron muy bien a los intereses de la clase dominante, en el sentido que era necesario un saber que conserve a la clase trabajadora como objeto productivo. El respaldo que le aportaban sus juicios empíricos, verificados por el método científico le otorgaba solidez en las disputas ideológicas. Estas cualidades la volvían una casta tecnocrática privilegiada para la burguesía nacional en el intento de viabilizar un país industrial y autónomo. Los médicos fueron los encargados de comandar los debates ideológicos contra la filosofía espiritualista de la época .

Las ideas implícitas en la práctica médica basadas en el bienestar, progreso, trabajo productivo, empezaron a promulgarse en la sociedad uruguaya de principios del siglo XX.

Dar cuenta de la importancia de la medicina dentro de estas disputas filosóficas nos permite entender, parte de la cuota de poder que posee esta institución en los fundamentos de nuestro propio Estado. La psiquiatría, como prótesis de la medicina, actualmente se encuentra monopolizando la salud mental, por lo tanto la búsqueda de un cambio de paradigma necesariamente la obligará a perder parte de su poder en la legislación del orden actual. Está en la clase política la decisión de atender demandas sociales a las que se comprometió con el pueblo al asumir el gobierno, o seguir apoyando el corporativismo en la salud.

Si el Frente Amplio aprobara una nueva ley de salud mental desde un paradigma médico caería en una tercera contradicción. Un gobierno que se dice de izquierda no debe gobernar para corporaciones, sino para el pueblo.

Surgimiento de una vanguardia de trabajadores en salud mental

Las instancias del MSP, como mencionábamos en las notas anteriores, permitieron a las organizaciones que piensan la salud mental desde una perspectiva de DDHH poner en debate sus ideas. Trabajadores de la salud, como usuarios del PNSM tuvieron un espacio para cuestionar el viejo paradigma médico todavía vigente y plantear una atención alternativa en salud mental. Sus posturas no fueron integradas en el proyecto para la nueva ley de salud, votado en la comisión de salud del senado desde principios de agosto. Dichas ideas se expresan en la “Comisión para una nueva ley de salud mental desde una perspectiva de DDHH”, que se originó el 30 de junio, convocada por uno de los colectivos participantes de las instancias del MSP, la Asamblea Instituyente por Salud Mental, Desmanicomialización y Vida Digna. Las 50 organizaciones sociales que se congregaran en la comisión como alternativa al proyecto del MSP, además de ser esto un hecho histórico, es un proceso de politización de la sociedad. Los colectivos de esta comisión se plantearon como movimiento crítico al discurso técnico de la psiquiatría. Lo técnico que necesariamente opera cuando la sociedad esta despolitizada, en términos de control, se encontró con una vanguardia de trabajadores, familiares y usuarios del PNSM dispuestos a integrar sus saberes en la nueva legislación. Algunos de los puntos de su propuesta son: el respeto a los Derechos Humanos de las personas con problemáticas en Salud Mental. Creación de un Órgano de Revisión de carácter autónomo e independiente para garantizar los DDHH. Promover políticas que tengan como objetivo la despatologización y desestigmatización. Un modelo de atención no sanitarista, de abordaje integral e interdisciplinario. Garantizar condiciones que permitan la realización de los derechos de las personas con padecimiento psíquico, con políticas de vivienda, trabajo y educación. Cronograma con plan de cierre de instituciones asilares y hospitales monovalentes en todo el país. Mejores condiciones laborales para los trabajadores en el campo de la salud mental, respetando las fuentes laborales que ya existen. Que existan garantías y plazos estipulados para las internaciones involuntarias. “Revisión de todas las terapéuticas iatrogénicas y coercitivas, como uso indiscriminado de electrochoques, medidas de sujeción y sobre medicación, entre otras”.

Estos puntos no estuvieron la consideración de los senadores, que en lugar de votar un proyecto de ley en salud mental, están votando una ley del trastorno mental. Esta denominación es una etiqueta diagnóstica propia de la psiquiatría, por lo tanto no se piensa desde una ´perspectiva integral de la salud mental, sino desde una única perspectiva, la médica. Se siguen perpetuando los corporativismos. Vamos camino a una ley del trastorno mental, por fuera de toda concepción de derechos. Los dispositivos alternativos a la lógica asilar que sostienen las organizaciones sociales, y que son tan importantes cuando se cierren los manicomios, quedan reducidas a unidades de psiquiatría en hospitales generales. Sustituyéndose el gran manicomio, por pequeños manicomios en hospitales generales. La figura de “daño inminente” que aparece en la posible nueva ley, además de transgredir el principio de interdisciplinariedad, los encargados de la valoración son médicos, es un rótulo problemático. Existen sobradas experiencias del papel que han jugado estos rótulos en las distintas formas de persecución política. El cronograma de cierre tampoco fue tenido en cuenta, tal como se comprometió el Estado uruguayo.

Este proyecto para la nueva ley en salud mental se ha aprobado en comisión de salud de senadores, casi en su totalidad con los arreglos que hace la SPU. Senadores que se dicen de izquierda, siguen omitiendo las garantías básicas para garantizar los DDHH de la población en lo que refiere a la salud mental.

La aprobación definitiva de este proyecto de ley le traería una cuarta contradicción al Frente Amplio. Legitimar en nombre de la izquierda, un discurso técnico para la formulación de pautas normativas sobre salud mental, que consolida el sistema vigente. En otras palabras, decirse de izquierda y legislar como gobierno de derecha.

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