Uruguay

TRIBUNA ABIERTA

La salud mental en Uruguay marca contradicciones al Frente Amplio

Este mes se vota una nueva ley de salud mental en Uruguay. La discusión sobre una nueva legislación en la salud mental, que supere a la Ley del Psicópata de 1936 generó repercusiones y choque de intereses.

Jueves 6 de octubre | 12:04

Por un lado el gobierno tiene que decidir si sigue cediéndole el terreno de la salud mental al corporativismo médico, o atiende los reclamos de las organizaciones de derechos humanos, colectivos sociales, instituciones académicas y organizaciones de familiares y usuarios del Programa Nacional de Salud Mental. La no coexistencia entre el paradigma médico y un paradigma desde una perspectiva de derechos humanos que se exprese en la nueva ley, tal como reclaman las organizaciones nucleadas en la “Comisión por una nueva ley de salud mental desde una perspectiva de DDHH”, parece ser un hecho. En este punto, el Frente Amplio se juega mucho en cuanto a su caracterización como ideología de gobierno.

Primera parte

La ley de salud mental vigente en Uruguay data del 1936, es conocida como ley del Psicópata (nro. 9581) y fue firmada por el dictador Gabriel Terra. Desde décadas, aquel que padecía subjetivamente quedaba asociado a la peligrosidad y después recluido en manicomios y colonias ubicadas fuera de los márgenes de la ciudadanía. Esta lógica asilar se ha venido sosteniendo jurídicamente; loco igual a peligrosidad, la ley del psicópata aparentaba no tener fisuras, la ecuación era muy simple.
Desde finales de la década del 60, hasta mediados del 80, la violación de DDHH fue la norma en nuestro país, al igual que al “loco” o psicópata, todo militante político de izquierda se le atribuyó una figura de peligrosidad y se lo intentó recluir de toda comunidad de pertenencia. El mecanismo al momento de la vulneración de derechos tiene semejanzas: se etiquetan los anormales para el régimen vigente y las instituciones donde estos son depositados operan resquebrajando el lazo social.

Peligrosidad y reclusión a lo diferente, han sido lógicas instituidas, que a pesar de la transición democrática, todavía operan subjetivamente
Desde la salida de la dictadura, representantes del Estado uruguayo han estado presentes en conferencias internacionales y regionales, en donde han ratificado documentos, que dan cuenta que el viejo paradigma médico es proclive a la vulneración de los DDHH de los usuarios de los servicios de salud. Algunas de estas instancias son: Convención Americana sobre Derechos Humanos (ratificada por la ley Nro. 15.737), Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ratificada por Uruguay con la ley Nro. 18.418), Convención contra la tortura y otros tratos y penas crueles y degradantes ( ley Nro. 18.651), “Protección Integral de Personas con Discapacidad” (19/2/2010), Principios para la protección de los enfermos mentales y mejoramiento de la atención en salud mental (resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas Nro. 46/119 del 17/12/1991), Conferencia para la reestructuración de la atención psiquiátrica en América Latina OMS/OPS (Noviembre 1990 Caracas, Venezuela), Conferencia regional para la reforma de los servicios de salud mental: 15 años después de Caracas OMS/OPS (Noviembre 2005), Recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA) sobre la Protección de los Derechos de las Personas con discapacidad mental (Santiago de Chile, 4/4/2009).

En 2005, todo hacía presumir que con el primer gobierno progresista del doctor Tabaré Vázquez, la legalidad jurídica en salud mental podía cambiar y se empezarían a cumplir con los acuerdos realizados por el Estado uruguayo. En 2006 se arma el subgrupo “Políticas, legislación y ddhh en salud mental”, convocado por el Programa Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública (PNSM en adelante). Dicho subgrupo debía comenzar a trabajar en la producción de insumos para un anteproyecto de ley en salud mental desde una perspectiva de DDHH. Lo realizado en el período 2007-2009 como anteproyecto se presentó desde la Comisión Asesora Técnica Permanente.

El anteproyecto de ley, así como algunas iniciativas que existieron en 1997 para sustituir la ley de atención a psicópatas (ley 9581), quedo encajonado en el parlamento. Todavía seguimos sin una ley de salud mental que dignifique a los usuarios de los servicios de salud y a los trabajadores, que tienen que desarrollar sus actividades en condiciones laborales paupérrimas. En la lógica del encierro nadie se salva; el que cuida y el cuidado siguen cosificándose. El Estado practica ausentismo en materia de DDHH al no implementar las condiciones necesarias para garantizar y reafirmar los mismos.

El supuesto gobierno de izquierda frenteamplista, no puede sostener los pilares básicos de una democracia liberal. Primera contradicción frenteamplista.

Medios masivos de comunicación y el oportunismo del progresismo

Estamos transitando el tercer gobierno frenteamplista, pero marzo de 2015 se recordará como una fecha obscena para la historia de la salud mental en Uruguay.

Carlos Grecco después de estar cinco décadas recluido en la colonia Etchepare, muere arrasado por una jauría de perros salvajes, lo terrible se manifestaba sin mediación, la transparencia del desamparo al que están sometidos gran parte de los usuarios de nuestro PNSM, se propagaba por las redes sociales. El recinto del silencio, en el que se encuentra la locura, irrumpió salvajemente, disolviendo las fronteras entre ciudadano-no ciudadano, humanidad-animalidad.
Ante esto, Jorge Basso como representante del MSP, convoca a una asesoría en el mes mayo, en donde participan diversos actores con el objetivo de producir insumos para una nueva ley en Salud Mental.

Entre los actores se encontraban instituciones de perfil profesional como la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay (SPU) o la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay (CPU), desde la academia la Facultad de Psicología, instituciones de la sociedad civil como colectivos de usuarios de salud mental (Asumir), colectivos de familiares de usuarios como Caminantes y Grupo de la Esperanza, colectivos abocados a la lucha por los derechos humanos en salud mental como Radio Vilardevoz, y la Asamblea Instituyente por Salud Mental, Desmanicomialización y Vida digna. Desde el aparato estatal participaron; representantes del Poder Judicial, de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y de la Secretaría de derechos Humanos de Presidencia.

Más allá de lo necesario de esta instancia, lo que no se puede dejar de señalar es lo siguiente: una persona debió ser devorada por los perros, y la noticia tener gran repercusión mediática, para que exista la voluntad política de comenzar a pensar una nueva ley en salud mental.

La política como instancia reflexiva de los procesos sociales queda reducida y subsumida al oportunismo mediático del momento. Las autoridades ya se encontraban advertidas sobre las lógicas que generan estas instituciones manicomiales; los acuerdos regionales e internacionales que se mencionaron en un comienzo dan cuenta de esto.

Una de las conclusiones que se puede sacar de esta situación, es la apoliticidad de un gobierno que se dice de izquierda. La misma que históricamente ha sido sensible a las relaciones de opresión en las diferentes instituciones, como la fábrica, las instituciones educativas o manicomios no percibe las relaciones de sometimiento a la que están sujetos los locos, y los trabajadores de la salud. La ceguera parece ser doble.

Un gobierno de “izquierda” que omite las relaciones de opresión en sus instituciones de salud. Segunda contradicción frenteamplista

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