TUCUMÁN

La restricción del boleto estudiantil y el aumento del transporte amenazan el final de cursado de los estudiantes del interior

Dos días después de haberse suspendido el uso del Boleto Estudiantil para el Interior de Tucumán, se anuncia una tercera suba en el año del boleto interurbano y rural afectando a miles de estudiantes tucumanos.

Martes 3 de diciembre | 00:00

A lo largo del 2019 –y ya desde años anteriores de manera creciente- tanto en estudiantes como toda la clase trabajadora se sufrieron fuertes tarifazos. Uno de ellos fue el del transporte público que ahora vuelve a atacar y sobre todo a la juventud. Esta juventud, que se encuentra en las universidades, ya venía tocando desde el año pasado durante el movimiento en defensa de la educación pública la consigna del Boleto Educativo, por lo que este año, luego de uno de los primeros aumentos en el transporte, se consiguió el acceso al Boleto Universal Gratuito (en Capital) y, casi medio año más tarde, el Boleto Estudiantil Gratuito (para el Interior) que vino con las restricciones suficientes para que una gran parte de los estudiantes que trabajan o no pudieron aprobar más de 4 materias durante el año dejaran de estudiar.

A raíz de esta problemática, una consejera estudiantil de Lillo a la Izquierda (agrupación del PTS- Frente de Izquierda dentro de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNT) presentó un proyecto en el Consejo Superior de la UNT para pedir que se quitaran estas restricciones pero, como era de esperarse, no fue bien recibido ni acompañado por las autoridades ni por las demás agrupaciones.

Además de estos límites, el 29 de noviembre, muchos estudiantes del interior se encontraron con que al pasar sus tarjetas en los colectivos les figuraba el boleto restringido y no se encontraba ninguna explicación al respecto. Ayer se anunció a través de las redes sociales que el uso del Boleto Estudiantil del Interior se suspendió a partir del 30 noviembre, por lo que muchos estudiantes que no son de capital se verán afectados para terminar de cursar, para rendir sus últimos parciales, finales y para clases de consulta. También está prevista la suspensión para el Boleto de Capital a partir del 14 de diciembre.

Más allá de la restricción de este beneficio, los estudiantes que no pudieron acceder a él y los que empezarían a usar otra vez sus tarjetas Ciudadanas y Metropolitanas se enfrentarán a un nuevo problema, y es que los empresarios no perderán una oportunidad para sacar más ganancias. Ya es la tercera vez en el año que se anuncia un aumento de precio en el boleto, esta vez con la particularidad de que se aplicará en primera medida al interior de la provincia y luego se presentará el proyecto en Capital.

Según el cuadro tarifario fijado por la Provincia, se incrementará un 25% en el valor del boleto interurbano, por lo que su mínimo costará $32 (código 101) y el máximo $54,50 (código 108) que será a partir de hoy, mientras que el boleto capitalino permanecerá en $24.

Unas de las explicaciones que tienen las empresas ante estos ataques al bolsillo de la clase trabajadora es que, el aumento de las tarifas sería la única salida para poder reincorporar a los 150 choferes que fueron despedidos hace dos meses. “Sin una actualización de subsidios y de tarifa, va a ser imposible continuar con las prestaciones” asegura Daniel Orell, titular de la AETAT, por lo que también recibirán por parte de la Provincia $170 millones (100 antes del 6 de diciembre y 70 antes del 17), lo que pone en duda si en serio las empresas de transporte están en una situación de crisis económica, ya que además de los subsidios por parte del gobierno nacional y provincial, hacen negocio con la venta de pasajes que no deja de subir.

Existe otra salida que no se trata de aumentar las ganancias de estas empresas a costa de atacar a la educación y al futuro de la clase obrera que dice cuidar el gobierno Provincial –que nunca cuestionó la privatización del transporte público-. La salida es la estatización del transporte público bajo control de un comité de trabajadores y usuarios, la apertura de los libros de contabilidad de estas empresas, audiencias públicas y una investigación independiente para saber qué hicieron con los millones que acumularon durante estos años.







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