Política

OPINIÓN

La represión y persecución al pueblo mapuche: una política de Estado

Cuando esta nota sea publicada, deberíamos saber el fallo por la extradición a Facundo Jones Huala. Durante el juicio, tanto su abogada como Facundo en su defensa dejaron en claro el objetivo político de esta causa armada.

Lunes 5 de marzo | 10:41

La extradición del Lonko de la Pu Lof en resistencia Cushamen se da en un marco lleno de irregularidades.

¿A qué responde la utilización del término "terrorista" para perseguir y criminalizar la lucha por la recuperación territorial del pueblo mapuche?

La demonización del pueblo mapuche por parte del Estado, como guardián del orden y la propiedad privada, tiene como principal objetivo montar una pantalla para ocultar los enormes negociados al servicio de multinacionales y terratenientes en la Patagonia.

El Gobierno no esgrime fuerzas para perseguir y criminalizar a las comunidades, mientras sostiene el relato de la violencia mapuce en manos de la supuesta RAM, como una operación política que no logra esconder el verdadero problema alrededor de la tierra bajo una política sistemática de entrega a los capitalistas.

El objetivo de cambiemos alrededor de este discurso reaccionario busca por un lado la demonización de cualquier expresión de movilización y protesta. Por otro intenta legitimar una práctica de mayor poder punitivo, mediante la criminalización y judicialización de la protesta, como hemos visto luego de las masivas jornadas de movilización contra la reforma previsional que se vivieron en diciembre, donde el gobierno blindó con una brutal represión el robo a los jubilados.

A la persecución contra el pueblo mapuche, se le suma la nueva campaña del gobierno que pretende demonizar a las organizaciones que enfrentaron el saqueo a los jubilados el 14 y 18 de diciembre. Buscando amedrentar y aleccionar con las escandalosas detenciones de militantes del Partido Obrero y los presos políticos de las jornadas contra la reforma previsional.

Los antecedentes del informe RAM para perseguir a las comunidades

En el mes de agosto de 2016 el Ministerio de Seguridad de la Nación, bajo el mando de Patricia Bullrich, daba a conocer un informe interno llamado "Revalorización de la ley. Problemática en territorio mapuche”. El informe acusaba al pueblo mapuche de delitos federales. Así comenzaban a ser señalados como responsables de hechos delictivos sin prueba alguna.

El citado informe mencionaba la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA),como la responsable de las “tareas de investigación”. De esta manera el gobierno, heredando el proyecto X y la ley antiterrorista, reconocía el espionaje ilegal sobre las comunidades y catalogaba los reclamos como “amenazas para la seguridad social”.

El Gobierno nacional, a través de su Ministerio de Seguridad comenzaba, desde aquel entonces, a armar este relato apropiándose del discurso de las empresas petroleras que argumentan la “usurpación” de las comunidades originarias sobre tierras de explotación petrolera, particularmente en la zona de Vaca Muerta en Neuquén y en la zona de Chubut. Es menester recordar que el magnate italiano Luciano Benetton acumuló 900.000 hectáreas entre las provincias de Santa Cruz, Río Negro y Chubut.

El llamado comando “anti RAM” fue impulsado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Así el Gobierno anunciaba a través del "informe RAM" a fines del mes de diciembre, la decisión de crear conjuntamente con las provincias patagónicas de Neuquén, Río Negro y Chubut, un comando que se abocará a abordar las situaciones de violencia atribuidas al grupo Resistencia Ancestral Mapuche, RAM.

La ministra de seguridad Bullrich en aquel entonces declaraba: “Los distintos delitos que comete la RAM responden a un mismo objetivo político, que es promover una lucha insurreccional contra el Estado argentino y la propiedad privada de la tierra. La RAM considera que el Estado argentino y sus leyes son ilegítimos”.

Desde el propio Ministerio de Seguridad dieron a conocer que el objetivo del comando Anti Ram es “reforzar la cantidad de efectivos de fuerzas federales que se encuentran en la zona”. Una clara política de profundizar la represión y la criminalización del pueblo mapuche.

El verdadero asunto es la “ocupación” de tierras que fueron habitadas por generaciones enteras y que el Estado históricamente se ha apropiado.

Actualmente hay 96 causas abiertas contra luchadores mapuce. En los últimos 15 años, fueron asesinados 18 mapuce en Argentina y Chile por las fuerzas represivas del Estado.

En los últimos veinte años el Pueblo Mapuce recuperó 250 mil hectáreas que estaban en manos de grandes terratenientes en ambos lados de la cordillera.

Los verdaderos usurpadores: los capitalistas

Desde los orígenes del Estado argentino los sucesivos gobiernos se encargaron de legalizar y legitimar la expoliación y el saqueo que permitió la concentración latifundista en la argentina, cumpliendo con el objetivo de avanzar sobre estos territorios mediante el despojo y el exterminio de los pueblos originarios. Diversas investigaciones dan cuenta de cómo grandes extensiones de territorio pasaban a manos de terratenientes y oligarcas bajo la forma de acumulación originaria. Entre esos terratenientes se encuentra la Sociedad Rural Argentina que fue el principal propietario de la Patagonia luego de la "Conquista del Desierto" acumulando18 millones de hectáreas.

Desde entonces la naturaleza del Estado es la misma. Entre 1880 y 1914 fueron entregadas 38 millones de hectáreas de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. El equivalente de 3000 hectáreas por día, 129 hectáreas por hora, durante 34 años. La Ley Avellaneda de 1876 avalaba la entrega de hasta 80.000 hectáreas a empresas colonizadoras, que utilizando testaferros acumularon latifundios mayores.

En 1975 la emblemática ASLCo cambió de dueños y a partir de 1982 se denominó Compañía de Tierras del Sud Argentino S.A.

En los años 90’ de la mano del neoliberalismo se vivió la profundización del extractivismo mediante leyes sancionadas bajo el gobierno de Menem. Hace más de dos décadas las actividades extractivas avanzan en el país: la explotación petrolera, la megaminería, el agronegocio y el monocultivo forestal son política de Estado.

Benetton es actualmente el mayor propietario de la Patagonia. Desde el año 2003 es propietario de la empresa Minera Sud Argentina S.A., para la explotación de yacimientos minerales en estos territorios.

Durante el kirchnerismo, la oligarquía y los grandes terratenientes fueron los principales beneficiarios de la “década ganada”.

Mientras en la provincia de Neuquén veíamos como se gestaba la “batalla cultural” mediante la judicialización del pueblo mapuche mientras se firmaba el pacto YPF-Chevron.

Según el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas de la Patagonia, sólo durante el año 2013 fueron 347 los mapuches imputados por el delito de “usurpación”. Se abrireron60 causas judiciales en la provincia de Río Negro y 80 causas de Neuquén.

Actualmente el Gobierno de Mauricio Macri es, en términos estrictos, la continuidad y profundización de las leyes noventistas de explotación de los recursos naturales.

La Patagonia es un jugoso negocio para los empresarios que se apropian de los recursos estratégicos del país, explotando las reservas de riquezas naturales energéticas, cuencas gasíferas y petrolíferas.

Estancias con lagos, arroyos y ríos se convierten en cotos privados, no solo violando la legislación vigente; sino llegando a transferir tierras donde viven comunidades enteras.

En este contexto la resistencia del pueblo mapuce a la avanzada del capital sobre sus territorios, los ubicó en el centro del ataque del gobierno al servicio de los CEO’s, los medios hegemónicos y la justicia. Estas burdas operaciones intentan deslegitimar sus reivindicaciones y garantizar la impunidad de un Estado que en su cruzada antimapuce asesinó a Santiago Maldonado y a Rafael Nahuel.

El Gobierno es claro en su proyecto: reprimir, perseguir y criminalizar a todo aquel que se manifieste contra los planes de ajuste y entrega al servicio de las grandes patronales.

La alianza por objetivos de lucha comunes entre los explotados, la clase obrera, el pueblo mapuce y los sectores oprimidos es la única fuerza capaz de ponerle un freno a los ataques que pretende imponer el gobierno nacional con ajuste, represión y persecución política.







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