Política

DESAPARICIÓN FORZADA

La peligrosa permanencia de la fiscal Ávila al frente del caso Maldonado

La recusación del juez Otranto no modificó la situación de la fiscal que encabeza la no investigación de la desaparición forzada de Santiago. Sigue haciendo de las suyas. O no haciendo.

Daniel Satur

@saturnetroc

Sábado 7 de octubre | Edición del día

Foto Fiscales.gob.ar

El 14 de septiembre la familia de Santiago Maldonado, además de pedir la recusación del juez Guido Otranto, pidió que la fiscal federal (subrogante) de Esquel ya no tuviera a su cargo la investigación. Algo que finalmente no sucedió y permitió que Silvina Ávila lleve casi 70 días parada sobre un expediente que, como dijo este jueves Sergio Maldonado, no tuvo “ningún avance” y “siempre está en el mismo lugar”.

A esta altura hay suficiente ilustración sobre el aporte sustancial de Ávila al plan estatal de encubrimiento de la Gendarmería. Sin embargo, pareciera necesaria una modesta recapitulación de sus acciones y omisiones. El recorrido, incompleto pero con detalles, además de una radiografía de la funcionaria bien puede considerarse parte de un prontuario en elaboración.

Perdiendo el tiempo pero no las mañas

La semana pasada el referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (ADPH) Julio Saquero afirmó a este diario que “el caso Maldonado se resuelve en las primeras veinte páginas del expediente”. Lo decía con conocimiento de causa, ya que es parte de la querella y además su testimonio y aportes fueron de los primeros en el expediente.

Pero Silvina Ávila no piensa lo mismo. Durante los primeros días del caso y ante las evidencias que conducían a sospechar inequívocamente en la Gendarmería Nacional, la fiscal solicitó a regañadientes la colaboración de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin), por pedido de la familia de Maldonado y de la Comisión Provincial por la Memoria.

Sin embargo para ella esa colaboración de la Procuración General de la Nación no aportó demasiado. Así lo plasmó en el informe que le entregó el 28 de agosto al Ministerio de Justicia para que éste lo envíe a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. Según su visión, “todos los relatos” de testigos aportados tanto por la Procuvin, por el defensor oficial Fernando Machado y por las querellas “no arrojaban un hilo conductor (para) determinar lo que había acontecido y en qué circunstancias”.

A la fiscal sí le importaron, en cambio, algunos aportes más prácticos de la procuradora Alejandra Gils Carbó. Utilizando la “investigación” como excusa, durante agosto Ávila le pidió a su jefa una partida especial de dinero “para afrontar gastos de medidas urgentes”, que se aumente el personal a su cargo (unos seis puestos), que se coloque una cámara de seguridad cerca de su despacho y que se alquile un departamento al lado de la Fiscalía.

Todos esos pedidos fueron satisfechos por la Procuración, tal como lo afirmó el 29 de septiembre la propia Gils Carbó en un informe (al que accedió este diario) enviado a la Comisión Bicameral del Congreso que sigue y controla las acciones del Ministerio Público Fiscal.

Pero a pesar de contar con esos “chiches nuevos” el tiempo fue pasando y, al día de hoy, Ávila no puede blandir ningún avance en la investigación, ni su pesquisa ha motivado imputaciones y mucho menos procesamientos sobre los responsables de la desaparición forzada de Maldonado.

Tal vez por eso, en el mismo informe cursado al Congreso Gils Carbó buscó distanciarse del pensamiento de Ávila. En ese texto se aclara que, al menos para la Procuvin, los testimonios recogidos en la Pu Lof a horas de desaparecido Maldonado tenían mucho valor, más allá de ser formalmente anónimos, ya que “la actividad adquisitiva de la prueba por medios no regulados específicamente por el Código Procesal Penal de la Nación -Ley 23.984- es habitual”.

Las diferencias entre fiscal y procuraduría sobre el crédito dado a testigos claves del caso es sustancial. Sobre todo porque Santiago sigue desaparecido.

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Foto Ariel Segovia/Enfoque Rojo

La abogada de Gendarmería

Como se dijo ya en este sitio, el informe elaborado el 28 de agosto por Silvina Ávila y que vía el Ministerio de Justicia que conduce Germán Garavano llegó a manos de la ONU y de la CIDH, fue toda una toma de posición por parte de quien tiene a su cargo investigar qué pasó con Maldonado.

Supuestamente ese informe debía detallar lo hecho para hallar al joven artesano y determinar quiénes fueron sus victimarios. Pero el texto más bien dejó mucho que desear. De entrada la fiscal procuró bancar a muerte al juez Otranto, asegurando que “las medidas ordenadas por el magistrado interviniente bajo ningún punto de vista impactaron negativamente, por acción u omisión, en la búsqueda de Maldonado”.

También culpó, como lo había hecho en varias ocasiones, a la comunidad mapuche por entorpecer la supuesta investigación que ella estaba encarando. Sobre el rastrillaje del 5 de agosto en la Pu Lof, por ejemplo, Ávila dijo que el mismo “tuvo que ser suspendido ante la férrea oposición de la comunidad mapuche” y que por eso “la pesquisa quedó trunca”.

Y mientras se dedicaba a responsabilizar a los mapuches, no hacía prácticamente nada por investigar a Gendarmería. En su informe para los organismos internacionales dijo que se hicieron “operativos simultáneos” el 10 de agosto en dos escuadrones de Gendarmería, donde “se levantaron huellas de distintos vehículos”. Pero omitió decir que el operativo en el escuadrón de El Bolsón se hizo sin presencia de personal judicial (ni de su fiscalía ni del juzgado) y que no se peritaron todos los vehículos que efectivamente participaron de los hechos del 1° de agosto.

Otra cosa que escribió Ávila en su informe fue la justificación del secreto de sumario que aplicó por veinte días sobre la causa, para evitar supuestas interferencias de terceros. Pura hipocresía, ya que en esos veinte días en los que pudo “trabajar tranquila” no avanzó un ápice en saber la verdad.

Pero por las dudas Ávila se reservó algunos renglones de aquel informe para atajarse. A un mes de la desaparición de Santiago reconocía que “el factor tiempo ha sido una variable que ha atravesado toda la pesquisa y los esfuerzos no han generado las respuestas inmediatas que necesita el Señor Maldonado en pos de asegurar su integridad física, determinar su paradero y/o dar una expedita respuesta a su familia”.

Un dato no menor rodea a aquel informe de la fiscal. El 29 de agosto ella visitó a Gils Carbó en el edificio central de la Procuración. Pero no le informó nada a su jefa del texto que un día antes le había enviado a Garavano. Eso, según la ley del Ministerio Público Fiscal, es una falta ya que esos trámites los debe realizar la Procuración General.

Días antes de ese encuentro Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (el CELS es querellante en la causa), escribió en su columna dominical de Página|12 que la fiscal Ávila tiene “línea directa con el ministro de Justicia Germán Garavano”. Si esa afirmación se suma a la archicomprobada relación estrecha entre Ávila y el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, no es posible errarle.

“Se comporta como si fuera abogada de Gendarmería”, dijo Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado, el 14 de septiembre en la puerta del Juzgado Federal de Esquel cuando salía de pedir los apartamientos de juez y fiscal en la causa.


Foto Enfoque Rojo

La verdad vigilada

La relación institucional, voluntariamente asumida, de Silvina Ávila con la familia de Maldonado y con la comunidad mapuche de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen no puede haber sido más provocadora. De hecho, tras cada paso que se vio obligada a dar por pedido de las querellas realizó alguna maniobra propia para desviar la investigación.

El 30 de agosto, una vez conocido el patético informe de Ávila para la ONU y la CIDH, la abogada Heredia denunciaba públicamente que “todo” lo que había hecho la fiscal en ese tiempo fue “demorar la causa y perder pruebas”. En ese informe “la fiscal dice que son débiles las pruebas, pero débil es lo suyo”, sentenció Heredia.

Una semana después Andrea Antico, cuñada de Santiago, decía por Radio Rivadavia que “la fiscal no nos quiere atender porque dice que somos violentos. Es una falta de respeto”. Y exigía que les expliquen “en qué estado está la causa, por qué hicieron lo que hicieron”. En esa entrevista Antico agregó un dato imposible de soslayar, ya comentado también en este sitio: “la secretaria de la fiscal Ávila es la esposa del juez Otranto”.

El 11 de septiembre la abogada Heredia anunció que iban a pedir la intervención del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que se formara un equipo de expertos que vinieran al país a supervisar la investigación de Otranto y Ávila, a fin de “romper este pacto de impunidad que tiene el Estado”. Poco después se sabría que por gestiones del jefe de Gabinete Marcos Peña y de la propia Patricia Bullrich (socia de Ávila en la causa) el Gobierno vetó la llegada de esos expertos.

Como se recordará, el lunes 18 de septiembre el juez Otranto y el emisario del Ministerio de Seguridad, Gonzalo Cané, llevaron adelante la ocupación violenta disfrazada de “allanamiento” de la Pu Lof de Cushamen. Allí participó la propia fiscal Ávila, quien no se preocupó en lo más mínimo por las torturas que recibieron durante más de doce horas por parte de la Policía Federal algunos jóvenes de la comunidad, entre ellos el testigo clave del caso Matías Santana.

Y como si fuera poco, sobre el final de aquella violenta jornada la fiscal anunció la suspensión de la reconstrucción de los hechos del 1° de agosto que ella misma había anunciado para el miércoles 20. Según dijo, no se podía reconstruir nada ya que los mapuches habían cortado árboles luego de los hechos y modificaron la escena. Hasta amenazó con denunciar a la comunidad por el hecho. Pero los registros fotográficos provistos por la misma Gendarmería y volcados en el expediente demuestran que las ramas de los sauces de la vera del Río Chubut habían sido cortadas con anterioridad al 1° de agosto. Hasta el día de hoy, la reconstrucción del hecho sigue sin realizarse.

Hace una semana Verónica Heredia reiteró en una entrevista con el sitio LaVaca la inconveniencia de que Ávila siga al frente de la investigación por la desaparición forzada de Santiago. Para la abogada de los Maldonado no hay garantías con la fiscal, porque “a cargo de esta fiscalía subrogante no tenemos una especialista en delitos de lesa humanidad, que sería lo que más se acerca a esta desaparición forzada”.

Quizás por eso, según recientes publicaciones de Página|12 y de Clarín (dos empresas enfrentadas alrededor del caso) Alejandra Gils Carbó y algunos de sus funcionarios estarían evaluando la conducta de Ávila y no descartarían la posibilidad una sanción e incluso un desplazamiento para ella.

Teniendo en cuenta la bronca y el gesto adusto de Sergio Maldonado al salir este jueves de una reunión de una hora con la fiscal Ávila, cuesta adivinar por qué la Procuración General de la Nación se toma tanto tiempo para avanzar sobre ella. “Yo vería avance si estuvieran todos presos y juzgados. Pero siempre está en el mismo lugar, no veo progreso”, señaló el hermano de Santiago en las afueras de la Fiscalía Federal de Esquel, mientras Ávila posiblemente lo miraba desde la ventana.

Un último dato se impone. Si Ávila deja de estar al frente de la investigación, entonces ésta recaerá en el juez Gustavo Lleral. Es decir que las garantías de que se sepa la verdad de los hechos y de que se castigue a los culpables, seguirán siendo prácticamente nulas de parte del Poder Judicial y todo avance se logrará profundizando la movilización popular, encabezada por la familia de Santiago y acompañada por los cientos de miles que en estos dos meses vienen marchando por su aparición con vida.






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