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OPINIÓN

La muerte de Víctor Hipólito Martínez: el vicepresidente radical cómplice del genocidio

Víctor Martínez fue el vicepresidente de la restauración democrático burguesa de 1983. Símbolo de un radicalismo cómplice de la dictadura. Figura reivindicada por los carapintadas para reemplazar al entonces presidente Raúl Alfonsín.

Miércoles 22 de noviembre | Edición del día

Miembro de una familia radical, Víctor Martínez fue intendente de la ciudad de Córdoba entre 1963 y 1966. En 1973 perdió las elecciones a la gobernación de Córdoba con la fórmula peronista encabezada por Ricardo Obregón Cano. El gobernador electo, afín a la JP y la llamada Tendencia revolucionaria del peronismo fue derrocado por un golpe policial, motorizado por Juan Domingo Perón, denominado Navarrazo, a inicios de 1974.

En aquella ocasión el radical Ricardo Balbín negoció con el gobierno nacional la caída de Obregón Cano. También con quien fuera el jefe político de Martínez, Eduardo Angeloz, uno de los principales negociadores de la intervención en la provincia.

Martínez fue elegido compañero de fórmula de Raúl Alfonsín para las elecciones de 1983 mediante un acuerdo entre el Movimiento de Renovación y Cambio -que se presentaba como ala izquierda del partido de Alem e Yrigoyen- y la Línea Córdoba, profundamente conservadora, imponiéndose en las internas de la UCR frente a la formula encabezada por Fernando De La Rúa.

Hoy Víctor Martínez es despedido como un héroe de la democracia argentina por sus correligionarios. “Nuestro pesar por el fallecimiento de Víctor Martínez. Hombre honesto, artífice junto a Raúl Alfonsín de una verdadera proeza democrática”, tuiteó la UCR que hoy integra la coalición derechista de empresarios Cambiemos.

Pero la “proeza” fue haber hecho creíble que la UCR era una fuerza de la democracia. En la campaña electoral de 1983 lo hizo mediante las denuncias de un pacto “sindical-militar” (impulsado por el peronismo para otorgar la amnistía a los militares genocidas) y a la fórmula Ítalo Luder-Deolindo Bittel que representaban los resabios del lopezrreguismo y lo peor de la derecha peronista. Sobre esa base, la fórmula radical logró imponerse en octubre de ese año.

Pero esa fuerza llegó al poder luego de que los herederos de la “revolución del Parque” golpearan las puertas de los cuarteles para que se llevara a cabo el golpe militar de marzo de 1976 y colaboraran activamente con la dictadura genocida.

La UCR aportó 310 intendentes a los militares y, solo en Córdoba y ya sobre el final de la dictadura, el radicalismo provincial conducido por Eduardo Angeloz y el mismo Víctor Martínez, aportaron 130 intendentes al régimen genocida.

Martínez, al igual que Angeloz, fue partícipe de la Peña El Ombú, donde el genocida y siniestro mandamás de la Córdoba del Proceso, Luciano Benjamín Menéndez, justificaba el golpe militar amparándose en las palabras de otro radical, Ricardo Balbín. “Yo le pregunté una vez al Dr. Balbín si él creía que era la ambición del Comandante en Jefe de turno lo que había promovido las revoluciones. Este hombre cívico que había pasado por todas estas conmociones, me contestó que no, que había causas más profundas radicadas en toda la sociedad argentina”, decía por ese entonces “Cachorro”, como fue apodado el genocida.

Menéndez se regodeaba del aplauso del vicepresidente alfonsinista y el resto de los políticos e intelectuales colaboracionistas, mientras justificaba suelto de cuerpo los crímenes atroces que se llevaban a cabo como un servicio a la República. “Las Fuerzas Armadas han debido intervenir para restablecer la libertad, o el orden, o la paz, o las instituciones de la democracia, o todo junto (…) Lo que ocurrió siempre desde 1930 en adelante fue que los militares tomaron el poder para corregir fallas de los gobiernos constitucionales”.

La “conferencia” entera del genocida puede leerse aquí

Los radicales, con Angeloz y Martínez a la cabeza, eran parte de un grupo selecto que decidía los destinos de la provincia junto a Menéndez y el Arzobispo local Raúl Primatesta, otro activo colaborador del genocidio.

Durante los levantamientos carapintadas, Martínez fue señalado como el posible reemplazante de Alfonsín, a quien las conspiraciones de un partido militar en retirada -y algunos de sus cómplices civiles- querían sacar del medio. Lo cierto es que para imponer sus reivindicaciones de impunidad no hizo falta ningún golpe de palacio. El alfonsinismo desde el comienzo se mostró predispuesto a salvar a los militares.

Así quedó demostrado con el limitadísimo Juicio a las Juntas y luego de las rebeliones carapintadas de las pascuas del ’87, con la promulgación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Junto a la salvación de los militares, el gobierno alfonsinista se caracterizó por el ataque al movimiento obrero para cumplir con los mandatos dictados por el FMI.

La historia de Martínez desmiente las credenciales democráticas de los políticos patronales que, preservados por la dictadura genocida, fueron protagonistas de la democracia burguesa después de haber colaborado con los represores. También habla de quienes, como el peronismo en el poder, profundizaron durante casi dos décadas el pacto de impunidad para los militares y los cómplices civiles y cuando no pudieron sostenerlo más, por las movilizaciones populares del 2001/2002, limitaron al máximo posible el pedido de juicio y castigo, como hizo el kirchnerismo.

Martínez se definió a sí mismo como el pedestal sobre el que reposaba el liderazgo democrático de Alfonsín. Un pedestal apoyado sobre el lodo y la sangre de los crímenes del genocidio.








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