Sociedad

POLICÍA Y DELITO ORGANIZADO

La muerte de Brian y la discusión sobre la “seguridad”

Los hechos de la comisaría de Flores (con represión) por cadena nacional. La marcha contra el gatillo fácil, casi ninguneada. La delincuencia policial como dato empírico y un debate que reaparece.

Julieta Azcarate

Congresal de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE)

Martes 27 de diciembre de 2016 | Edición del día

Fotos DyN

Brian tenía 14 años y fue baleado en la cabeza el último sábado en el barrio porteño de Flores. Según las versiones oficiales, el adolescente viajaba en auto junto a su abuelo y el Renault 19 quedó en medio de un hecho de robo callejero. Tras recibir el disparo el chico estuvo internado en el hospital de niños Ricardo Gutiérrez con muerte cerebral, donde finalmente falleció en la tarde de ayer.

Una vez conocida la noticia de su muerte, cientos de personas de Flores se manifestaron frente a la Comisaría 38 e inmediatamente todos los móviles de los canales de noticias se concentraron en el lugar. La manifestación tuvo momentos de tensión cuando grupos de personas ingresaron a la sede policial y hasta se enfrentaron cuerpo a cuerpo con algunos uniformados.

Desde las empresas periodísticas (especializadas en la reproducción de los sentidos comunes más conservadores y reaccionarios) se habló toda la tarde del peligro que vive “la gente”, sobre todo los sectores medios que habitan en las cercanías de barrios populares. En este caso, el foco se puso sobre la denominada Villa 1.11.14 y quienes allí viven, en su enorme mayoría parte de la clase trabajadora precarizada.

Durante un momento de la tarde un importante grupo de los presentes comenzó a cuestionar ante los medios a la propia Policía, planteando que está involucrada en la llamada “inseguridad”, liberando zonas para que se produzcan los robos, lo que evidentemente es así. “Son todos chorros”, gritaban algunos frente a la comisaría, señalando a los uniformados. “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, repetían.

Con el correr de las horas, tanto los medios como quienes seguían concentrados frente a la comisaría volvieron a poner el eje en la falta de “seguridad”, en la estigmatización de los habitantes de los barrios populares y en la búsqueda de soluciones a través de una mayor presencia de uniformados armados y patrulleros en los barrios. Es decir, echarle nafta al fuego.

Pasada la medianoche, cuando aún quedaba un grupo de manifestantes dentro de la comisaría, la Policía tiró gases lacrimógenos dentro del edificio, desalojándolo y continuando la represión en la calle.

¿Dónde está la inseguridad?

Pese a la campaña mediática permanente que pide “más seguridad” y a la visibilidad que suelen cobrar en estos casos los discursos de sectores reaccionarios, la realidad indica que el crimen organizado y el gran delito están amparados o directamente organizados por las llamadas fuerzas de “seguridad” y sus protectores políticos. El narcotráfico, la trata de personas, el regenteo de la prostitución, las coimas por “cuidar” comercios, los robos y desarmaderos de autos, el juego clandestino y el contrabando no podrían existir si no contasen con el accionar directo de la Policía, de la Gendarmería y de la Prefectura. Las mismas fuerzas que, además, persiguen y reprimen a los sectores populares cuando se movilizan en reclamo de derechos laborales y sociales.

El barrio de Flores es uno de los más conocidos por la existencia de decenas de talleres textiles clandestinos, donde cientos de trabajadoras y trabajadores son superexplotados con la complicidad (bien remunerada) de la Policía. De hecho en ese barrio hubo varios incendios en los que murieron familias trabajadoras esclavizadas, niñas y niños incluidos.

También en Flores hacen pie las redes de trata amparadas por comisarios y oficiales. Ya es tristemente común saber de chicas adolescentes que desaparecen en la zona, incluso de las escuelas.

Ayer hubo otra concentración en Buenos Aires, con una cobertura muchísimo menor que los hechos de Flores pero motivadas por un número de muertes mayor. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y otras organizaciones se movilizaron en la esquina de Jujuy y San Juan del barrio de Balvanera para denunciar, precisamente, que en una semana hubo ocho asesinatos a manos de fuerzas represivas estatales. “¡Basta de gatillo fácil!” y “Más policía no es solución” fueron las consignas.

Cada 25 horas en Argentina muere una persona (mayoritariamente jóvenes y pobres) a manos de policías, gendarmes, prefectos y agentes penitenciarios.

Como se dijo en reiteradas oportunidades en este diario, hablar de “delincuencia” sin mencionar la desigualdad creciente y la pobreza, es un acto de lesa hipocresía. Hablar de “combatir el delito” abstrayendo el rol organizador del Estado, es una cobertura ideológica para los principales organizadores criminales. Justificar, desde los sectores populares, a la campaña a favor del endurecimiento estatal, de los linchamientos y de la Justicia por mano propia, es favorecer las condiciones del despojo cotidiano que sufren los trabajadores por parte de los grandes empresarios y su Estado.

En este sitio también se informó que nunca en la historia argentina las fuerzas de seguridad federales y provinciales contaron con tanta cantidad de efectivos como en la actualidad. Nunca hubo como hoy tantos patrulleros, tantas pistolas 9 milímetros, tantas cámaras de video en calles y edificios, tanta tecnología de punta para control urbano ni tanta estructura de comunicaciones dedicados a “combatir el delito”. Y como consecuencia de eso la inversión estatal, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, bate récords año tras año con presupuestos que superan en proporción a lo destinado a educación pública, salud, vivienda e infraestructura.

Sin embargo los índices de robos violentos se han mantenido proporcionalmente en los últimos años, demostrando que las fuerzas de “seguridad” no sólo no tienen como función detener y combatir el gran delito sino que están íntimamente ligadas al mismo desarrollo del crimen organizado.

Delito sostenido y crecimiento exponencial del aparato represivo del Estado. Una ecuación que no debería dejar lugar a dudas. Ese enorme aparato estatal de “seguridad” no es tal sino que es parte integrante, participante y hasta regente del entramado delictivo.

Que parte de la población identifique policía con delito no es una casualidad. Es una constatación empírica, que cada vez se cobra más vidas del pueblo trabajador.






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