Política

OPINIÓN

La movilización popular logró la prisión perpetua para tres policías por el crimen de Antillanca

Primer balance del histórico que falló que ayer condenó a efectivos policiales por el crimen de Julián. Incluye registro audiovisual con la lectura de la sentencia.

Iván Marín

Trabajador de prensa de diario El Chubut

Sábado 18 de julio de 2015 | Edición del día

La histórica y unánime sentencia de los jueces Darío Arguiano, Marcelo Nieto Di Biase y Adrián Barrios condenando a prisión perpetua a los policías Martín Solís, Jorge Abraham y Laura Córdoba por el asesinato de Julián Antillanca desactualizó una vez más la impotencia de los escépticos de la lucha y la movilización popular por causas justas. Aquellos, los escépticos, los que recurrentemente se preguntan de qué te sirve luchar, tendrán que sumirse en la confusa operación de ser escépticos sobre su escepticismo. Nada será igual en el combate contra la impunidad, en nuestra zona, luego de la condena a estos asesinos.

Aquella siniestra madrugada del 5 de septiembre de 2010, Julián salía a tomar unos tragos, bailar y divertirse con sus amigos. Policías adiestrados como perros para ejercer el control social sobre las clases populares decidieron divertirse cumpliendo sus habituales funciones. Lo hicieron: primero moliendo a golpes a los hermanos Aballay y todo aquel que osara presentar resistencia a sus intenciones. Luego, como frutillita del ignominioso postre de impunidad, asesinaron cobardemente a Julián, subieron su cuerpo a un patrullero y lo arrojaron como si fuese basura a pocas cuadras de donde había ocurrido el crimen. Lo que sigue y/o acompaña todo este proceso en las primeras horas es el despliegue absoluto del aparato policial en su plenitud para encubrir a los asesinos y despistar todo tipo de investigación sobre el caso.

Cómo olvidar aquellas primeras horas del 5 de septiembre cuando toda la ciudad recibía la noticia de que un pibe había fallecido por coma alcohólico a la salida del boliche. El lunes sería tapa de diario El Chubut y reproducida por distintos medios de la zona. Poco duró el embuste. Ni bien los familiares de Julián, con César, su padre, a la cabeza, vieron el cuerpo, la mentira salía a luz. Allí, justo allí, donde mueren las cortas patas de la mentira, nace la dignidad de la verdad y la lucha contra la impunidad. Familiares, amigos, las barriadas populares, miles y miles marcharon por las calles de Trelew exigiendo, sí, exigiendo, justicia por Julián.

Todos los caminos apuntaban a la policía. A quién sino, después del tan alevoso engaño sobre las causas de la muerte. Por qué la mentira acerca de su asesinato si nada tenían que ver al respecto los efectivos. A ello se agregó la denuncia de los hermanos Aballay por apremios ilegales esa misma noche en esa misma zona. Como no podía ser de otra manera, la institución policial comenzó una investigación paralela para intentar desligarse de los hechos. Fue en vano. El pueblo en las calles ya la había declarado culpable.

En 2012 los jueces Ana Laura Servent, Ivana María González y Alejandro Gustavo Defranco absolvieron a todos los policías acusados por este crimen. Los familiares de Julián apelaron ante el Superior Tribunal de Justicia para declarar nulo el fallo. Se hizo lugar al pedido y se ordenó un nuevo juicio. Durante este proceso la memoria de Julián estaba presente en cada una de las movilizaciones de Trelew, conocida a nivel nacional por casos de violencia policial. Como dijimos, el pueblo en las calles ya había declarado culpables a los policías acusados.

No son tres policías, es toda la institución

Así llegamos al primero de junio y el comienzo de este segundo juicio. Durante el transcurso de veintiuna audiencias se demostró el despliegue de toda la maquinaria represiva para encubrir el crimen. Un aparato que no escatimó recursos financieros y políticos para que el caso quede impune. Nada de eso alcanzó: fueron condenados en decisión unánime cuatro policías. Tres a perpetua por homicidio calificado; el tribunal falló por mayoría en cuanto a la pena al excomisario Carlos Sandoval, aunque, como dijimos, los tres coincidieron en la condena por encubrimiento agravado. Finalmente le dieron tres años de prisión en suspenso, y la misma cantidad para ejercer funciones. Pablo Morales fue absuelto de la acusación de homicidio calificado y Gabriela Bidera deberá cumplir trabajo comunitario luego que se hiciera lugar al pedido de suspensión de juicio a prueba.

A lo largo de este histórico juicio hemos compartido más de veinticinco capítulos de crónicas, entrevistas y registros fílmicos con los pormenores de las distintas audiencias. Allí quedaron clarísimas las prácticas sistemáticas del aparato represivo del Estado. Su accionar es inherente a la función de control y disciplinamiento social sobre los trabajadores, la juventud y sectores populares. No fueron tres o cuatro loquitos que una noche se pasaron de rosca con los golpes a un pibe al que terminaron asesinando. Tampoco es una cuestión de buenos y malos, donde los primeros seríamos los que buscamos justicia y los segundo los criminales. Nada de eso. Ello sería banalizar la cuestión y suponer, entre otras cosas, que existen policías buenos y policías malos.

En el juicio quedó demostrado que toda la Comisaría Cuarta, todo el Comando Radioeléctrico, toda la jerarquía de la institución policial provincial e incluso el poder político, fueron cómplices de una u otra manera con el asesinato. Desde Solís, Abraham y Córdoba, hasta el excomisario Sandoval o los simples efectivos que hacen trabajos “administrativos” registrando el accionar de la fuerza, todos ellos fueron necesarios para que cinco años después del crimen sus autores siguieran sin condena. Para ello no dudaron un segundo en inventar pruebas intentando incriminar a pibes inocentes para que paguen penas, prisión perpetua en este caso, por un crimen que no cometieron. No solo asesinaron a Julián, sino que querían que vayan en cana por su asesinato pibes que nada tenían que ver. Tanto Julián como estos pibes de barriadas populares. Según estudios e investigaciones de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) la policía asesina un pibe en nuestro país cada treinta horas.

La izquierda revolucionaria ha sido clara a lo largo de su rica historia de lucha respecto a los policías: ellos no son trabajadores. A ningún trabajador se le paga por espiar, perseguir y reprimir. Nada ni nadie puede cambiar la función social del aparato represivo. Nada puede volverlo más “democrático”. Los supuestos discursos alternativos dentro de la policía, como por ejemplo su sindicalización, en nada ayudan a cambiar su accionar. Una policía sindicalizada, por el contrario, es una policía más fuerte para reprimir, una policía con mejores balas y escudos para combatir a los trabajadores y luchas populares. Como diría el cantito, “policía con aumento, reprime más contento”. Por eso para los militantes del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) la tarea de los revolucionarios en la lucha contra la impunidad policial no pasa por intentar democratizar la institución, sino por la denuncia sin titubeos de su existencia. Son los ricos y poderosos, esa clase minoritaria de la población, los que necesitan de los policías. Los trabajadores y pueblos no necesitamos de nadie que nos defiendan, podemos hacerlo con nuestros propios métodos. La policía es la mayor mafia organizada, por ella pasa el narcotráfico, la trata de personas, los desarmaderos de autos, entre otras cosas.

Este gran triunfo de la movilización popular que le arrancamos al Estado no debe sacarnos de foco que la verdadera justicia por todos los Julián Antillanca que hay en este mundo será cuando terminemos con las prácticas represivas de la institución. Para ello es necesario luchar por su disolución y por un mundo sin explotadores ni opresores, base fundamental de la existencia de la impunidad.







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