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La medicalización en los colegios: otra cara de la educación de mercado

En el modelo educacional chileno se evidencia que existe un fenómeno de incremento sostenido de diagnósticos de estudiantes con Trastorno por Déficit Atencional y/o Hiperactividad (TDAH). Este aspecto afecta no solo al aumento de medicación de niños y niñas con fármacos como el metilfenidato, con sus respectivos efectos secundarios, sino ademas sobrediagnosticos que afectan e invisibilizan otras problemáticas de la estructura de vida de los estudiantes y sus familias.

Sábado 2 de junio

El alza en los diagnostico de TDAH en Chile ha sido considerable (106% del 2015 al 2016) donde, según estudios, ya para el 2012 pasaron de 7940 niños a un 28095 cubierto por el sistema de salud, cifra que hoy es mucho mayor.

El MINEDUC al respecto lo efectúa a través del aumento de la subvención: de $51.138 a $141.746 reconociendo a quienes presenten este diagnóstico y/o presenten otras necesidades educativas especiales, siendo atendidos por los P.I.E.

La sociedad de neurólogos, psiquiatras y neurocirujanos de Chile, señalan que ha existido un “sobrediagnóstico”, en torno al TDAH, en relación a la naturaleza de las evaluaciones de salud mental, reflejado en un enfoque norteamericano de apego a manuales de diagnóstico estadísticos y de trastornos mentales, asociado a daños cerebrales, que responden a diagnósticos protocolizados que invisibilizaban las problemáticas de fondo, o de su entorno sociocultural y estructural del niño o niña (como los traumas que ha generado diversos episodios de su historia de vida, el impacto de vivir en situación de pobreza y exclusión social, etc)

Este incremento sostenido de diagnósticos de TDAH, impilca además el aumento de medicación de niños y niñas con fármacos como el metilfenidato, el cual presenta efectos secundarios como trastorno del sueño, mareos, náuseas, vómitos, pérdida de apetito, diarrea en algunos casos, entre otras consecuencias.

La problemática que se da en la realidad de la educación actual, es que los establecimientos educacionales están prohibiendo la matrícula o asistencia a estudiantes condicionándonos al uso de medicamentos y estableciendo la obligación a las unidades educacionales a medicar a sus estudiantes.
Así las políticas educacionales y de salud al respecto sólo patologizan las condiciones y conducta de nuestros niños y niñas y no atacan las causas ni las soluciones a nivel estructural que pueden amilanar esta creciente "epidemia": disminución sustancial de estudiantes por sala, asistentes de aula y equipo multidisciplinario de apoyo, así como paradocencia.

Cambios que tengan que ver no con situar al estudiante-individuo como el problema, sino al modelo educacional neoliberal, el sistema educativo desde sus bases y pilares como el perpetuador de esas patologías, pero sin brindar mínimas herramientas para el desarrollo de mejores experiencias de aprendizaje, tanto en las condiciones de trabajo para el ejercicio pedagógico de docentes, como en aquellas para estimular el aprendizaje a estudiantes con recursos didácticos, tecnológicos, educativos que refuercen atención en función de sus intereses, habilidades y capacidades artísticas, deportivas, culturales y musicales, entre otras.

En la medida de que no exista un financiamiento integral de los establecimiento educacionales por parte del Estado, de manera permanente, según sus necesidades, en la cual existan mínimamente 20 estudiantes por aula, con trabajo mutiprofesional y diferencial, con pago de hora lectivas y no lectivas (50/50) a profesores; estos cambios permitirían, no solo dejar de medicar a estudiantes, sino permitiría elevar realmente el conocimiento, dejando atrás solo la asimilación y reproducción del saber, sino que este sea fuente de crítica y reflexión y busque el desarrollo de la humanidad a un nivel superior.

Cuestión que jamas se desarrollará bajo esta enseñanza que mantiene la herencia de la dictadura en una educación de mercado intacta y un servicio público precarizado que atenta contra los derechos de estudiantes, de sus familias asalariadas, docentes, asistentes de educación y apoderados de los establecimientos educativos del país.






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