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La mancha de Boudou: piden tres años de prisión

Se lo acusa del delito de falsedad ideológica y falsificación de documentos en la transferencia de un auto.

Viernes 30 de junio | Edición del día

La fiscal federal Stella Maris Scandura pidió en el día de ayer tres años de prisión en suspenso para el ex vicepresidente Amado Boudou por irregularidades en la transferencia de un auto.

En el juicio a Boudou por este tema, la fiscal entendió que el ex vice de la Nación y ex ministro de Economía fue cómplice primario del delito de “falsedad ideológica”.

También pidió tres años de prisión en suspenso para la ex titular del Registro Automotor 2 de esta capital, María Graciela Taboada de Piñero, el gestor Alberto Soto (e inhabilitación para ambos) y para Agustina Seguín, ex pareja de Boudou, mientras que solicitó la absolución del gestor Rodolfo Basiami y requirió el decomiso del auto.

La pena es de cumplimento en suspenso, por lo que ninguno de los acusados irá a prisión si son condenados y siempre y cuando cumplan las reglas de conducta que deberá imponer el Tribunal Oral Federal 1.

En sus alegatos la fiscal habló del “perjuicio de introducirlos en el ámbito carcelario” para los casos en los que la pena es baja.

La fiscal destacó que ninguno tiene antecedentes penales salvo Alberto Soto que tiene una condena que todavía no está firme y dos suspensiones de juicio a prueba por lo que requirió el mínimo de la pena de tres años para un delito que tiene como máximo ocho años.

A las 10.50 h, la fiscal comenzó un alegato que terminaría recién a las 16.30 h.

La expectativa estaba puesta en Boudou, para quien la fiscal no pidió -al igual que para su ex pareja- la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

La justificación es que, si bien cuando sucedieron los hechos Boudou trabajaba en ANSeS, la acusación indicó que no se habría valido de su cargo para cometer el delito.

De acuerdo a la fiscalía, Boudou falseó los papeles de un vehículo Honda CRX Del Sol modelo ’92 adquirido en 1993 y que diez años después transfirió a su nombre.
“Amado Boudou hizo poner a su nombre el auto Honda sin acreditar el origen del mismo, sabiendo que vulneraba los requisitos necesarios y tenía conciencia que lo integraba a su patrimonio evitando cualquier reclamo previo” alegó el ayudante fiscal Juan Manuel Gaset.

Además añadió que Agustina Seguín “tuvo que leer indefectiblemente el contenido de la cédula verde. Resulta inverosímil que nunca la haya mirado cuando se labró una infracción. Está acreditado que siempre supo que el trámite encargado por el señor Boudou era irregular y conocía los pormenores de esta operatoria. Su aporte era imprescindible. Era la persona de confianza del señor Boudou".

Scandura afirmó que “existe peso probatorio para tener acreditado que Amado Boudou hizo la transferencia del auto Honda mediante documentación toda adulterada y apócrifa”.

Y añadió que el ex vice presidente “no pudo acreditar la adquisición onerosa a través de cualquier tipo de título de una compra-venta legal a la concesionaria de automotores ya que la cédula verde no aparece y el título está extraviado”.

“Nunca el señor Boudou tuvo en su poder el formulario 08 original firmado por el señor Campioni (el dueño de auto)", manifestó, y agregó "el señor Boudou nunca pudo acreditar haber sido adquirente de este vehículo".

La fiscal expresó que: "a pesar de carecer del formulario 08 el señor Boudou inscribió a su nombre un auto que nunca vamos a saber el origen de este automotor".

"Se encuentra acreditada totalmente la participación y responsabilidad de Amado Boudou y Agustina Seguín en calidad de cómplices primarios en toda esta maniobra", afirmó Scandura.

Mientras se desarrollaba este juicio en la planta baja de los tribunales de Comodoro Py 2002, en el segundo piso la Sala I de la Cámara Federal confirmaba el procesamiento en su contra en la causa donde se lo investiga por la compra directa de una veintena de autos para el Ministerio de Economía cuando el conducía esa cartera.

Además de estas causas, el ex vicepresidente afronta acusaciones por la expropiación de la firma privada “Ciccone”, tráfico de influencias, supuesto aprovechamiento de información durante el canje de la deuda producido en el año 2010 y por la compra de acciones con dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Anses con pérdidas por $ 4.200 millones.








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