Política

LIBERTADES DEMOCRÁTICAS

La ley y el orden

Se inició una nueva campaña de inseguridad con viejas recetas: más policías, patrulleros, armas de fuego en los barrios y mayores facultades para la Policía. La vuelta a las razias, como en aquellos años de plomo.

Martes 20 de junio | Edición del día

Las campañas de inseguridad son espasmódicas, aparecen y desaparecen de los medios de comunicación según los tiempos políticos. Los gobiernos de turno suelen acudir a las cruzadas contra la “inseguridad” cada vez que pretenden aumentar las políticas de ajuste contra el pueblo trabajador, también durante las campañas electorales, cuando los gobernantes se encuentran necesitados de impulsar políticas rimbombantes.

El gobierno de Cambiemos acude a estas viejas recetas, al tiempo que profundiza el control social con razzias, otorgando más poder a las policías, endureciendo el Código Penal y “militarizando” la provincia de Buenos Aires.

Más policías, más inseguridad

Como se afirmó en este medio, con mayor cantidad de policías en las calles aumenta la inseguridad, porque la Policía no está en las calles para prevenir el delito, sino para regularlo y para organizar el gran delito como la trata de personas, desarmaderos de autos, narcotráfico, secuestro extorsivos, etc.

El poder territorial que tienen las Policías impide que cualquier economía ilegal se desarrolle en forma independiente, es por esto que el crimen organizado depende de los uniformados, entre otros, para gestionar sus empresas criminales. Y es que estas bandas criminales no cuentan con el poder y la autonomía operativa para disputarle el territorio a la Policía, por eso depende de estas para que le liberen zonas y le aporten logística.

La Policía no suele ser una institución subordina al poder político, negocia con estos a partir del poder territorial, la acumular información y el tráfico de influencia, y desde acá obtienen el poder suficiente para defender su institución, preservar sus negocios, más allá que de vez en cuando cae un compañero de arma en desgracias.

Por esto es que las exoneraciones que están llevando adelante la gobernadora Vidal y el ministro de Seguridad Ritondo (recetas ya usadas por distintos gobernadores bonaerenses), no son más que una foto para mostrarse distintos. Cambiemos, dirán ellos.

Otro dato estructural sobre la Policía es la brutalidad que ejercen contra los jóvenes de los barrios pobres, detenidos por averiguación de antecedentes, molidos a palos, torturados y cuando no fusilados por el gatillo fácil o “suicidados” dentro de una comisaría, o los reclutan para el mercado del delito, que ellos gestionan.

Uno de los casos más representativo fue Luciano Arruga, hostigado por la Policía para que roben para ellos. Él se negó y poco después fue “desaparecido” . Este caso también demuestra que estas prácticas policiales están convalidadas por los funcionarios judiciales y el poder político.

Pero la Policía también es responsable de entrar a escuelas a prepotear a estudiantes en Berisso, Banfield, Lomas de Zamora, San Martín; de participar en el asesinato de Araceli Fulles; de golpear y llevar detenida a participantes del Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata y en el paro Internacional de Mujeres en la Ciudad de Buenos Aires; y de desalojar piquetes de trabajadores y desocupados.

Control social

Cada ola de delitos, que las empresas periodísticas y los gobernantes de turno promocionan, contribuye a la agenda punitiva contra las personas señaladas como peligrosas: jóvenes, inmigrantes y vecinos de los barrios más carenciados.

Las consecuencias: mayor población encarcelada, endurecimiento del Código Penal (aumento de penas), mayor autonomía a la Policía (ley de flagrancia), la persistente búsqueda de bajar la edad de punibilidad, saturación policial en las calles, operativos nocturnos contra personas en situación de calle.

Con la ley de flagrancia el Gobierno, bajo la excusa de un proceso “más expeditivo”, le otorga más poder a estas fuerzas represivas, y mayor facultad para extorsionar, armar casusas, plantar pruebas y chantajear a su antojo.

Con cada campaña de inseguridad buscan que haya más personas con miedo al delito, para obtener consenso para la mano dura. El miedo es fuente de poder y legitimidad de la ley el orden. El objetivo de los funcionarios no es sólo criminalizar a quienes se encuentran en los márgenes, sino, y especialmente, a los que salen a enfrentar, de un modo u otro, las políticas de quienes gobiernan.

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Macri es buen ejemplo de esto. A poco de asumir decretaba la ley de Emergencia en Seguridad y aprobaba un nuevo protocolo contra el derecho a la protesta, justo cuando comenzaba los despidos masivos en el Estado.

Marzo de 2017 será recordado como el mes de las movilizaciones, ¿cuál fue la respuesta del gobierno a estos reclamos? anunciar que comprarán nuevo equipamiento represivo para impedir la protesta social.

Si el miedo al delito es un insumo para legitimar políticas punitivas y las campañas sobre “inseguridad” un instrumento para despolitizar a la sociedad, el negocio para los gobernantes es redondo. Porque la “inseguridad” es un término demasiado vago, abstracto y amplio, que desde la perspectiva de las clases dominantes siempre encuentra en el otro la amenaza. Y en el encierro un lugar seguro.

Tinta roja

En los últimos años las crónicas policiales ganaron espacios en los grandes medios de comunicación, que hasta entonces sólo recibían la atención de la prensa amarilla o medios populares. Esto se debe a que las empresas periodísticas encontraron un negocio rentable, que a su vez colabora con las campañas del miedo que lleva a la criminalización social y ofrecen un gran servicio a los gobiernos de turno, sobre todo en períodos de crisis. Porque una noticia sobre un mismo asalto trasmitido en cadena nacional, deja en un segundo plano la verdadera inseguridad social: el desempleo, los tarifazos, los bajos salarios y un largo etcétera.

Estos medios capitalistas de la comunicación han encontrado también la forma de mantener al espectador detrás de la noticia: la utilización de la víctima. Detrás de un crimen, un robo, hay una víctima que es presentada como una persona común (“podrías haber sido vos, yo, cualquiera de nosotros”) y esto incrementa el miedo, pero también la cantidad de víctimas, porque todos somos víctimas, aunque más no sea potenciales. Estas narraciones en tinta roja se convierten en legitimadores de políticas punitivas, porque no podría haber criminalización social sin consenso mediático.

Pero al tiempo que estos medios muestran a las víctimas, ocultan quiénes son los verdaderos responsables de esas tragedias que a todos conmueven. Estos medios no están para hablar sobre los grandes responsables, si no para encubrirlos.

El caso de Brian Aguinaco, el niño asesinado este verano en el barrio porteño de Flores, es un ejemplo. Recién cuando los vecinos denunciaron que la Comisaría 38 era responsable de liberar la zona y organizar el delito, hablaron sobre esto durante un par de horas, para volver luego a ser los portavoces de la mano dura y pedir que los menores sean punibles desde los 14 años.

Tampoco hablan estos medios de los casos de gatillo fácil, la brutalidad policial, las torturas, razzias y causas armadas que sufren los sectores populares. Esta inseguridad a la que están expuestos mayormente los jóvenes, es justificada desde el silencio. Es estos sector de jóvenes que han convertido en el enemigo interno: pibes chorros, drogadicto y asesinos.

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Las razzias, ¿añoran los años de plomo?

Tras algunas purgas que la gobernadora Vidal se vio obligada hacer, más el caso de la Comisaría de Llavallol (recaudaban dinero explotando sexualmente a mujeres y vendiendo drogas), en el partido de Lomas de Zamora se conocieron una serie de crímenes (varios espectaculares para que logren visibilidad), que habla más de zonas liberadas y ajuste de cuentas. Todo indica que este es el mar de fondo que hay en los hechos reiterados de inseguridad en Lomas de Zamora. Este fin de semana le mojaron la oreja al intendente lomense, Martín Insaurralde, cuando frente a su casa asaltaron a un juez de la Suprema Corte de la provincia.

En este contexto, y en medio de la campaña electoral, Vidal y la nación acordaron una serie de medidas, entre ellas enviar fuerzas policiales a estaciones de trenes y terminales de colectivos, aumentarán la presencia policial en zonas “conflictivas”. Además Vidal y Ritondo, anunciaron que sumarán a la Infantería y la Caballería y la Nación enviará fuerzas especiales como el GEOF, Alacranes o Albatros para patrullar las zonas del conurbano bonaerense.

Mientras que la Procuración bonaerense, a cargo de Julio Conte Grand, aseguró que se proponen acelerar los trámites en lo que se refiere al sistema de denuncias que reciben los fiscales y apurar los allanamientos, en especial en causas sensibles.

Usaron el crimen del chofer de la Línea 514, que nos conmueve a todos profundamente, para avanzar en aumentar la artillería punitiva. El ministro Ritondo, el intendente de Almirante Brown, junto a dirigentes de la UTA, de la cartera de Trabajo, y el jefe de la Bonaerense se reunieron y acordaron cuatro medidas clave: interceptación de colectivos en operativos sorpresa, reglamentación de cámaras para unidades de transporte, operativos de motos y nueva reglamentación para circular, mesa de trabajo permanente.

Esto se trata de una avanzada represiva contra el pueblo pobre, mayor impunidad para los responsables del gran delito: policías, jueces y funcionarios.








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