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La izquierda votará a favor del desafuero de Julio de Vido

Los casos de corrupción y la necesidad de que De Vido sea condenado. El oportunismo electoral macrista. Los negocios que atraviesan a todos los partidos del régimen y grupos empresarios. Un programa para acabar con la corrupción.

Fernando Scolnik

@FernandoScolnik

Martes 17 de octubre | Edición del día

Durante la mañana de este martes se conoció que la Sala II de la Cámara Federal definió pedir el desafuero y la detención del ex ministro de Planificación y actual diputado nacional por el Frente para la Victoria Julio de Vido. La definición judicial se da en el marco de la causa por presunta defraudación millonaria al Estado nacional en el acondicionamiento y puesta en marcha de la mina de carbón de Río Turbio, provincia de Santa Cruz.

La decisión le encomendó al juez federal Luis Rodríguez que solicite a la Cámara de Diputados de la Nación que le quite los fueros al ex funcionario, para luego proceder a su detención. Rodríguez ya procedió a hacerlo esta misma tarde.

El Frente de Izquierda en el Congreso Nacional, como lo había anunciado en debates previos, afirma que la Cámara de diputados debe, en este caso particular, proceder a desaforar a De Vido ante el requerimiento del Poder Judicial. No cabe la menor duda sobre el profundo entramado de corrupción que existe desde hace décadas en Argentina en la obra pública, y que atraviesa a lo largo del tiempo a distintos gobiernos, partidos políticos del régimen capitalista y grupos empresarios.

Durante los años de gobiernos kirchneristas y la gestión De Vido en este área, la masacre de Once fue la consecuencia más trágica de esto, mientras que el escándalo de José López, intentando esconder un bolso con millones de dólares en un convento, dejó la corrupción al desnudo ante la vista de millones. López era, ni más ni menos, que el segundo de Julio de Vido en el ministerio de Planificación. Estas son solamente las más conocidas de las acusaciones que pesan sobre el ex ministro y su entorno.

Al mismo tiempo que votará por el desafuero de De Vido, para que pueda ser juzgado y condenado, la izquierda expresa su desconfianza respecto de los jueces que “cajonearon” durante años todas las denuncias de corrupción del Gobierno anterior y ahora hacen la vista gorda sobre las que pesan sobre los funcionarios actuales. También advierte este espacio que no todos los casos son iguales, ya que en el futuro la casta judicial amiga del poder puede armar causas truchas a conveniencia y usarlas para atacar diputados opositores. Sin ir más lejos, en Mendoza ya hay un fiscal que acusa a los legisladores del FIT por “el delito” de acompañar a trabajadores en una manifestación durante el último paro nacional.

Por eso, para acabar con la impunidad, una medida elemental e indispensable es que todos los jueces, que hoy son vitalicios y elegidos por transas entre los partidos mayoritarios, sean electos por el voto popular y puedan ser revocados por una simple mayoría de sus electores. También, que dejen de tener privilegios, como sueldos de más de 200.000 pesos exentos del pago de ganancias. Que cobren lo mismo que cualquier trabajador.

A nadie se le puede escapar que sobre la base de una acusación justa, basada en la corrupción de Julio de Vido, el Poder Judicial presta servicios al poder de turno. En este caso, después de larguísimos años de impunidad, es imposible no relacionar la “coincidencia” entre los tiempos de la Justicia y las necesidades electorales del macrismo. Con muy poco disimulo lo dijo hoy Graciela Ocaña, primera candidata a diputada de Cambiemos por la provincia de Buenos Aires: “Necesitamos más diputados de Cambiemos para lograr que De Vido sea apartado de la Cámara de Diputados, para que sea detenido por la Justicia que lo está reclamando en una investigación judicial”.

Previo a las PASO de agosto, el macrismo también hizo uso político del caso De Vido con fines electorales. En ese caso la izquierda votó en contra en Diputados del pedido de expulsión de la Cámara del ex ministro por “inhabilidad moral”, ya que no solo fue un engaño para la población realizado con la ayuda de los medios de comunicación más concentrados (ya que De Vido no hubiera ido preso por ese motivo y la corrupción hubiera seguido impune) sino que en caso de votarse a favor sentaba un precedente muy peligroso: cualquier mayoría circunstancial podría así arbitrariamente echar del Congreso a sus opositores.

Estas advertencias tienen el sentido de poner sobre la mesa que una hipotética detención de Julio de Vido lejos estaría de acabar con la impunidad y la corrupción que atraviesa a todos los partidos del régimen político capitalista y sus empresarios amigos. Solo se podría avanzar en ese sentido apuntando a un entramado profundo, como propone el Frente de Izquierda.

El Poder Judicial, que siempre apunta al Gobierno que se fue, no pondrá la lupa sobre el grupo Macri, que sigue una larga tradición familiar de enriquecimiento a manos del Estado. Sin ir más lejos, durante la última dictadura genocida la familia del presidente pasó de poseer 7 empresas a 47, y el Gobierno de facto le estatizó su deuda privada.

Durante los últimos años, baste señalar que Iecsa, empresa de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, está tercera en el listado de empresas que consiguieron la mayor cantidad de contratos de obra pública durante el kirchnerismo. Esta misma empresa se presentó también a licitaciones en común con Austral Construcciones, de Lázaro Báez.

Ahora, durante la presidencia Macri, siguen los fabulosos negocios en la obra pública, que no harán más que multiplicarse durante los próximos años.

Para los negocios, no hay grieta que valga.

El Frente de Izquierda propone una salida

Solo desde una perspectiva anticapitalista se pueden plantear las únicas medidas que pueden acabar con la corrupción: terminar con el secreto bancario; abrir los libros de contabilidad de todas las empresas vinculadas a la obra pública para que sean investigadas por representantes elegidos por los trabajadores y especialistas de las universidades públicas nacionales; control obrero de la obra pública y expropiación de las empresas implicadas en casos de corrupción; auditar a las empresas de servicios públicos para saber qué hicieron con los subsidios millonarios que recibieron del Estado; reestatizar los puertos donde se hacen maniobras para evadir impuestos; nacionalizar el comercio exterior para evitar negociados con exportaciones e importaciones; crear una banca estatal única para evitar la fuga de capitales; elección por sufragio universal de todos los jueces; y juicios por jurados elegidos por el pueblo.








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