Política

AUDIENCIA PÚBLICA

La izquierda frente a la interna de la Suprema Corte de Mendoza

Esta mañana se llevó adelante la audiencia pública informativa convocada a partir del nombramiento de la magistrada Teresa Day por parte del gobierno y el senado.

Lautaro Jimenez

@LautaroJ_PTS Docente, senador provincial de Mendoza por el PTS-FIT.

Jueves 30 de julio | 18:48

La audiencia fue convocada por el juez Omar Palermo, recientemente convocado por Alberto Fernández para integrar el "comité de notables" que lo asesorará en su proyecto de reforma judicial. El objetivo era escuchar opiniones sobre los alcances de los requisitos constitucionales referidos al ejercicio de la profesión para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, y sobre cómo deben interpretarse los mismos. Participaron los otros dos jueces designados por gobiernos peronistas, Mario Adaro y Julio Gómez. Mientras que el sector radical, formado por Dalmiro Garay, José Valerio, Pedro Llorente y la propiaTeresa Day, la desconocieron. Desde la izquierda, habiendo rechazado la designación de Day, no participamos de esta audiencia porque la misma acotó su objeto a la interpretación de los requisitos constitucionales más restrictivos del poder judicial y no al problema de fondo.

¿Realmente el problema de la justicia mendocina puede constreñirse a la cantidad de años en el ejercicio de la profesión liberal que establece como requisito la Constitución provincial al momento de designar un ministro de la Suprema Corte, y no poder poner en discusión el problema de las mayorías automáticas, los privilegios que ostenta la casta de la toga, y juegos de poder que determinan los tiempos y fallos del supremo tribunal de la provincia? No.

Desde nuestra banca en el Senado provincial, rechazamos el pliego de Teresa Day enviado por el gobernador Rodolfo Suárez. Denunciamos durante la apertura de la sesión de acuerdo la trayectoria punitivista y persecutoria de esta funcionaria del Ministerio Público Fiscal durante los gobiernos radicales, armando causas contra luchadores sociales, sindicales y referentes políticos de la oposición. A diferencia del peronismo, lo mismo habíamos hecho al momento de las designaciones de Valerio y Garay, que lograron llegar al máximo tribunal con votos de las bancadas del PJ. Expusimos nuevamente en contra del mecanismo de votaciones secretas, que nombra jueces mediante un bolillero oculto entre puertas cerradas, y que favorece acuerdos espurios y de espaldas a la sociedad. Mecanismo que expuso Noelia Barbeito durante las escandalosas votaciones de Miriam Gallardo, Julio Gómez y José Valerio. E insistimos en la urgencia de avanzar en el tratamiento del proyecto presentado por el FIT para terminar con los privilegios de casta judicial, establecer la elección directa de los jueces y la implementación de juicios por jurado popular.

Sin embargo, desde el FIT no acompañamos la presentación judicial de "declaración de certeza" presentada por el PJ, ni la audiencia pública convocada por el sector peronista de la Suprema Corte. ¿Cuáles fueron las razones de esas definiciones? Que tanto la acción de declaración de certeza, como la convocatoria a esta Audiencia Pública por parte de la convocada por la Suprema Corte acotaron la discusión estrictamente a la interpretación de uno de los aspectos más aristocráticos de esta casta judicial: la cantidad de años en ejercicio de la profesión liberal de abogado.

En forma directa, el juez Omar Palermo pidió en la convocatoria y apertura de dicha audiencia que los expositores se abstuvieran de opinar sobre el perfil y demás condiciones de la ministra Teresa Day. En sintonía con la reforma impulsada por Alberto Fernández, se apunta a una justicia basada en el criterio de ’notables’, más que en una apertura hacia las mayorías populares. Se pone en discusión la flexibilidad o rigurosidad en la interpretación de este requisito para la carrera judicial, buscando acuñar la idea de que tales méritos profesionales le darán una mayor legitimidad a las decisiones de este tribunal.

La puja entre el peronismo y cambiemos por el control de la justicia no puede ser más explícito cuando Alberto Fernández incluye en su plan de reforma, el clásico pedido de ampliación de la Corte Suprema. El hipócrita de Alfredo Cornejo es el que más vocifera en los medios nacionales en contra de esta reforma. Cuando él intentó hacer lo mismo cuando era Gobernador de Mendoza, aumentando la cantidad de miembros del tribunal para garantizarse una mayoría automática, siempre con el discurso de la necesidad de una mayor agilidad en el tratamiento de las causas y la necesidad de contar con más salas en la corte. Ahora el discurso aparece invertido, siendo el PJ -que hasta ayer acusaba ese tipo de maniobras como un grosero ’golpe a la institucionalidad’- el que pide a la oposición que se abra a dicha propuesta.

Detrás de la lógica de que ’cualquier cosa’ que pueda frenar la designación de Teresa Day y la mayoría automática del oficialismo en la Suprema Corte, se plantea una defensa de los aspectos más restrictivos para ser parte de la casta judicial. Esto es peligroso y no apunta en un sentido democrático en la discusión sobre la justicia.

Pero nosotros no tenemos confianza en tales criterios, y opiniones "notables". El currículum académico y los años de pasillo en tribunales o debajo de una toga no garantizan cercanía al pueblo y los trabajadores. Ya lo vimos en la votación a favor de la ’constitucionalidad’ del Ítem Aula por parte de todos los integrantes de Suprema Corte, incluyendo al juez Omar Palermo. ¿Convocaron algún tipo de audiencia pública para emitir ese fallo? No. No se dignaron siquiera a escuchar a las maestras cara a cara antes de sentenciarlas. Lo vimos también en el rechazo de la Corte al reclamo para que le devolvieran a los empleados públicos el recorte salarial de la antigüedad, sentencia que firmaron entre otros Alejandro Pérez Hualde y Aída Kemelmajer de Carluchi. ¿Respetaron la carrera laboral y la intangibilidad de los sueldos en su carácter alimentario? Claro que no. No necesitamos una justicia basada en tales criterios "ilustres". Necesitamos que los jueces sean revocables, elegidos en forma directa por el pueblo y que se terminen sus privilegios, patrimonios inexplicables y sueldos equiparados a los millonarios.







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