Géneros y Sexualidades

ABORTO

La interminable lucha del aborto en Chile

El aborto sigue siendo uno de los temas más estigmatizados, donde se evidencia una polémica social y una polarización política muy marcada, y como consecuencia se estanca la discusión, y peor aún, se sigue recurriendo a los abortos clandestinos, arriesgando la vida de miles de mujeres.

Javier Ilabaca

Militante del Partido de Trabajadores Revolucionarios

Viernes 17 de febrero

En la actualidad, después de largos procesos de discusión, empieza a legislarse la Ley de Aborto en tres Causales, después de años de ser penalizada la interrupción del embarazo, incluso por razones médicas o terapéuticas. Sin embargo, no siempre fue así, y en particular entre los años 1931 y 1989 el Código Sanitario consentía legalmente la posibilidad de interrumpir el embarazo por fines de salud.

A partir del año 1989, el aborto terapéutico en Chile volvió a ser absolutamente ilegal y penalizado. Se sustituyó la excepción que consagraba una admisibilidad limitada a la interrupción del embarazo, sólo por razones terapéuticas, por la Ley Nº 18.826, de septiembre de 1989, que reemplaza el artículo 119 del Código Sanitario con un artículo único, aprobado por la junta de gobierno de la dictadura, que dispone: "Artículo 119.- No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto".

Después de la Dictadura, la reconstrucción orgánica de las mujeres es una tarea que hasta ahora cuesta llevar a cabo para luchar por las demandas de los derechos legítimos. Sin embargo, dentro del parlamentarismo existieron iniciativas para renovar la ley del aborto.

Una vez asumido Patricio Aylwin como presidente, en el congreso un grupo de parlamentarios levantó primera iniciativa para buscar regular el aborto terapéutico. Se ingresó la propuesta el 17 de septiembre de 1991. La propuesta planteaba el aborto con fines de protección de la vida materna y ante casos de fetos inviables, para lo cual se requeriría de la evaluación de dos médicos cirujanos. La iniciativa fue archivada en 1997, según consta en el registro de su tramitación en el Congreso, sin ningún avance en el proceso de legislación.

Luego de este fallido intento de despenalización limitada del aborto, la derecha se levantó rotundamente en contra de cualquier intención de legislar a favor del aborto, un ejemplo fue el Senador Hernán Larraín (UDI), que en el año 1994 levanta una propuesta que busca aumentar la penalidad del aborto, proyecto que amenazaba a las mujeres con penas de presidio mayor y multas de hasta 300 UTM.

Luego de esta propuesta, no se toca el tema en el congreso hasta el año 2001, donde la UDI vuelve a levantar un proyecto de penalización hacia el aborto con un conjunto de diputados que ingresaron una moción para modificar el código penal. Estos parlamentarios afirmaron que "el primer objetivo del presente proyecto es restituir la ubicación del delito de aborto en el Código Penal. Aquel, a nuestro entender hoy y bajo un vicio formal de inconstitucional, se ubica como un delito en contra de la moralidad pública y el orden de las familias, debiendo, por todo lo razonado, encontrarse entre los delitos en contra de las personas. Esa misma razón, importa en los hechos un alza en la penalidad". El 3 de Agosto de 2006, este proyecto quedó solo archivado sin más avance.

Para el año 2003, en pleno gobierno de Ricardo Lagos, la Concertación buscó crear un proyecto simple de despenalización en caso de aborto terapéutico, pero solo se alcanzó a ver en su primer trámite legislativo, volviendo a quedar en el aire y archivado en Marzo de 2011.

El tema se volvió a tocar en el año 2006, donde la DC, el PPD y RN plantean sanciones para cualquier atentado contra un feto. La declaración fue: "Este proyecto de ley tiene por finalidad establecer las modificaciones necesarias para que en nuestro sistema jurídico se incorpore la figura penal de lesiones al feto como tipo delictivo doloso y culposo. En efecto, nuestra legislación vigente, no contempla una pena específica que sancione al que dolosa o culposamente lesione gravemente al feto sin provocarle la muerte. Este caso sólo puede ser sancionado como una tentativa de aborto o como aborto frustrado". Proyecto nuevamente archivado en el año 2009.

Para el 2009, representantes del PS, del PPD ingresaron el 19 de marzo de 2009 una propuesta para cambiar el código sanitario, que consideraba: "Sólo con fines terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo. Para proceder a esta intervención se requerirá la opinión documentada de dos médicos cirujanos". Esta moción se sigue tramitando hasta hoy dentro de la Ley de Aborto en 3 Causales. Distinto fue lo que sucedió con otros dos proyectos presentados ese mismo año. El senador Camilo Escalona (PS) que ingresó una iniciativa en pos de reponer el aborto terapéutico como ley. La moción fue rechazada durante la tramitación.

El 2011, durante el gobierno de Sebastián Piñera, el plantea que usaría su poder constitucional de veto en caso de aprobarse en el Congreso un proyecto de ley de aborto terapéutico. En el informe de la Comisión de Derechos Humanos para el año 2013, Piñera nuevamente manifestó su rechazo al aborto. En 2013, se aprobó el proyecto de ley presentado por el senador Jaime Orpis, que declara el día 25 de marzo como el “Día del que está por nacer y de la adopción”.

Desde el año 2014, en el segundo gobierno de Bachelet, se ingresa concretamente el proyecto de Ley de Aborto en 3 Causales, generando polémica desde el inicio hasta la actualidad, que se encuentra ya en segundo trámite legislativo para su posible aprobación.

En Chile existe una crisis en los derechos; humanos, reproductivos y sexuales de la mujer. Esto se explica directamente por el predominio político de carácter conservador, que al mismo tiempo influyó tanto dentro del Congreso como fuera de él para penalizar el aborto. El trabajo de la UDI, post reforma del 89’, fue positivo siempre y cuando se razone que el aborto es un crimen, un homicidio, un pecado. La derecha ayudó a difundir miedo en la sociedad, aumentó la polémica moral del tema, incorporando la religión como sustento, se estigmatizó tanto, que imposibilitó siquiera hablar del aborto durante muchos años.

El movimiento feminista, si bien se presenta como un actor social, este mismo se ha vuelto un actor influyente dentro de la política chilena desde mitades del siglo XX. Comienza con el “Movimiento Pro-Emancipación de las Mujeres de Chile”, durante la primera mitad del siglo XX. En una época en que la palabra emancipación era considerada sinónimo de libertinaje, este movimiento inauguró una etapa para la historia social y política de las mujeres de fuerte influencia feminista. La actividad y organización del MEMCH, se apoyó en las primeras generaciones de mujeres que accedieron a estudios superiores y también en mujeres trabajadoras, aumentando los escenarios locales para la creciente participación femenina en el ámbito público. Combinando la lucha social con la de género, las “memchistas” lideraron la historia de las organizaciones feministas de la primera mitad del siglo XX hasta la obtención del sufragio femenino universal, haciendo públicas sus demandas por mayores derechos civiles y políticos para las mujeres chilenas en general, y la protección de la maternidad obrera para el creciente segmento de trabajadoras en el país.

Ahora bien, el movimiento feminista y la presencia de mujeres en la toma de decisiones políticas han favorecido nuevamente instaurar el debate sobre legislar el aborto terapéutico ya que se demuestra que es un tema de Salud Pública en Chile.

El gran miedo que tiene la derecha, en especial la UDI, es que el aborto terapéutico es solamente la “punta del iceberg”. Debajo de esta “punta” se encuentran varios temas éticos que no simpatizarán. Temas como el cannabis, la prostitución, el matrimonio igualitario, los derechos laborales y/o sindicales para las y los trabajadores, etc. Por ende, esta supuesta democracia no necesariamente promete y busca defender todos los derechos legítimos, para acabar con esto, ha surgido la necesidad de levantar un gran movimiento de mujeres a nivel nacional y también internacional para luchar de forma organizada en contra del machismo en los lugares de trabajo, de estudio, en la calle y el machismo estatal y empresarial. Solo así se podrá lograr la destrucción de los roles históricos que han sido obligadas a cumplir durante siglos.






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