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La inhabilitación a Capriles y los giros imprevistos de la tensa situación política

La Contraloría General de la República dio a conocer este viernes que Henrique Capriles Radonski fue inhabilitado por ilícitos administrativos como gobernador del estado Miranda, una medida que viene a caldear el tenso clima político en el país.

Sábado 8 de abril | Edición del día

Sobre los hechos fácticos de la medida de inhabilitación

Aunque en momentos más tarde se hizo público el documento de la Contraloría, el primero que hizo pública la medida de inhabilitación este viernes fue el propio Capriles, dirigente de Primero Justicia y gobernador del estado Miranda, cuando aseguraba que fue inhabilitado por un período de 15 años. Según el también integrante de la MUD fue inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por aceptar donaciones, contratar sin licitar y no presentar el proyecto de ley de presupuesto del año 2013.

Según la resolución, difundida por Capriles a los medios, la Contraloría General "declaró la responsabilidad administrativa" luego de haber celebrado 3 convenios con las embajadas de Polonia y el Reino Unido. Y evidentemente de acuerdo al comunicado oficial “Henrique Capriles Radonski incurrió en ilícitos administrativos durante su gestión como gobernador del estado Bolivariano de Miranda durante los años 2011, 2012 y primer trimestre del año 2013, por haber actuado de manera negligente al no presentar el proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2013 ante el Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Miranda, por haber celebrado convenios de cooperación internacional entre la gobernación a su cargo y las Embajadas de la República de Polonia y de Gran Bretaña, sin la autorización legal requerida, y por omitir el procedimiento de selección de contratistas, comprometiendo el presupuesto público mediante contratación directa.”

Capriles ya había anticipado que podía ser inhabilitado por una investigación en su contra que adelantaba la Contraloría General de la República por las supuestas irregularidades durante su gestión de la gobernación de Miranda. El pasado 11 de enero Capriles señaló que había sido citado por la Contraloría porque, según dijo en ese entonces, el Gobierno de Nicolás Maduro quiere "enlodarlo" con el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. Sin embargo, un día después aclaró que fue citado por casos relacionados con el manejo de recursos en su Gobernación y no con el caso de Odebrecht tal como había señalado el día antes.

El contralor general de Venezuela, Manuel Galindo, dijo entonces que Capriles tiene "responsabilidad" en supuestas irregularidades administrativas junto a ocho personas más de su gobernación y remarcó que estos procedimientos no guardan relación con el escándalo de Odebrecht. Horas después de ese mismo día, Capriles informó de que había sido multado y el pasado miércoles señaló que su recurso contra la multa de 40.000 bolívares (56 dólares a la tasa de cambio más alta), fue rechazado.

Esta inhabilitación le impide ejercer "funciones públicas" y, a su vez, supone una "ruptura o disolución de todo vínculo laboral que pueda existir con órganos o entes de la Administración Pública", en este caso con la gobernación del céntrico estado de Miranda. Aunque Capriles tiene plazos para apelar por tal medida, no significa que en forma automática deja de ser gobernador de uno de los estados más importantes del país.

Un representante del chavismo sale a declarar sobre la medida

Desde el chavismo el primero que se expresó públicamente fue el jefe de la bancada del chavismo en la Asamblea Nacional, el diputado Héctor Rodríguez, apoyando la medida de la Contraloría, advirtiendo que el proceso legal contra Henrique se decidió por las investigaciones realizadas a más de 16 mil millones de dólares que el Estado venezolano le ha entregado a la gobernación, cuestión sobre la que no se menciona en el comunicado oficial de la Contraloría General.

De acuerdo al dirigente del chavismo, “Miranda es el segundo estado que más recursos ha administrado en los últimos 9 años. Recursos que nadie ve por ninguna parte”, sosteniendo que Miranda se ha convertido bajo el gobierno de Capriles en el estado más inseguro y violento de Venezuela, donde se comete el 50% de los secuestros, el 20% de asesinatos y el más desigual. “Una corrupción generalizada en todas las direcciones y del mismo gobernador” sostiene el dirigente del chavismo. Pero Héctor Rodríguez escupe para arriba y le cae en la cara, si hablamos de las estadísticas nacionales.

Incluso, Héctor Rodríguez, como refiriéndose a lo limitado de la resolución de la Contraloría, declaraba que “Nada de esa inversión gigantesca del Estado se ve reflejada”. Es más sostuvo que la inhabilitación a Capriles es un acto de justicia, y pidió que se aplique todo el peso de la ley. Pero que esta afirmación la haga un integrante del alto escalón político del PSUV, y que ha ocupado cargos gubernamentales, es como que “la soga hable en casa del ahorcado”, pues si a casos de corrupción vamos, la gran parte de la esfera de gobernantes del Estado debería ser inhabilitada.

Decisiones en el marco de la incertidumbre

El momento escogido para aplicar tal medida ha llamado mucho la atención, pues tranquilamente podría haber sido hecha luego que pasara lo más tenso de la situación de marchas y contramarchas de importante connotación política, y se prepara para este sábado una nueva manifestación en la que según los organizadores será el doble de la del jueves pasado. Incluso el gobierno había decretado para toda la administración pública toda la semana como feriado nacional por la fiestas de semana santa, buscando descomprimir un poco las calles.

Llama la atención porque esta medida, justo en este momento, mete más fuego a una situación que aún no está muy claro el desenlace. Por eso, surge también el rumor que esta acción que se realiza vía la Contraloría de la República podría ser alguna jugada de sectores dentro del chavismo para bloquear cualquier acuerdo que podría estar tendiéndose entre los bastidores, medida que al propio Maduro se la estarían imponiendo, quien para no tener que parecer que es ajeno a tal dictamen lo asume como si estuviera al tanto.

Es más que evidente también que tal medida busca incidir en la propia interna de la oposición de cara a las próximas elecciones presidenciales en las que la MUD tendría que presentar un candidato. Si ya Leopoldo López, del partido de Voluntad Popular, está inhabilitado por estar preso, y ahora Capriles lo estaría por la resolución de la Contraloría General de la República, un eventual candidato podría caer en el partido Acción Democrática liderada por Ramos Allup, otro de los presidenciables. Por eso es que no faltan las lecturas de que tal resolución apuntaría también a crear más crisis al interior de la llamada Mesa de Unidad Democrática.

En cualquiera de sus variantes, es más que claro que esta medida contra Capriles se enmarca dentro de la creciente bonapartización del gobierno de Maduro, completamente debilitado, y que recurre cada vez más a medidas amparado por el Estado de excepción que se vive en el país lo que le permite en los hechos gobernar por decreto.

Veremos entonces el desarrollar de los acontecimientos en una compleja situación política, donde una de las instituciones más importantes del Estado se presenta como el fiel de la balanza: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Es que las Fuerzas Armadas constituyen uno de los pilares fundamentales en el sostén del gobierno de Maduro, más aún luego que el chavismo perdiera las elecciones parlamentarias, y sobre todo en la pugna abierta de poderes existente. Y no por casualidad, si Maduro redobla sus apelaciones a la unidad y lealtad de las FANB, también la oposición de derecha multiplica sus llamados a los militares, como ha hecho Capriles, Julio Borges, entre otros, en recientes declaraciones.

Nos aproximamos a días donde las medidas del gobierno como de la oposición, pueden producir giros imprevistos de la tensa situación política en medio de crisis creciente, en una pugna de conflicto de poderes, donde ni el gobierno ni la oposición representa los intereses de los trabajadores y el pueblo pobre.

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