Economía

CORRUPCIÓN

La gran De Vido: los negocios de los “buenos muchachos” de Cambiemos

Los bolsos de José López expusieron a los ojos de millones el “maravilloso espectáculo” de la corrupción de los gobiernos kirchneristas. Cambiemos no se queda atrás.

Pablo Anino

@PabloAnino

Miércoles 25 de octubre | Edición del día

Los bolsos de José López expusieron a los ojos de millones el “maravilloso espectáculo” de la corrupción de los gobiernos kirchneristas.

No hay dudas que López no era una patrulla perdida en la galaxia del Ministerio de Planificación. Su jefe político era Julio De Vido.

El sistema de corrupción era extendido. El año pasado, Héctor Méndez, ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), afirmó que entre los empresarios se llamaba a la obra pública "movicom" porque "va con el 15 adelante". La alusión al 15, por si quedan dudas, refería al porcentaje de la coima.

Pero la utilización de los fondos públicos para llenar las cuentas bancarias privadas no es exclusiva del Gobierno anterior. Es inherente al régimen social capitalista. La familia Macri, cuyo grupo económico creció al calor de la obra pública, puede dar fe.

La justicia no busca ninguna justicia. Se mueve con el termómetro del clima político haciendo la vista gorda en unos casos o cayendo con el peso de la ley en otros, en función de las conveniencias del momento.

Descarrió y bajó el tono

El operador financiero Leonardo Meirelles, uno de los testigos centrales en la mega investigación de la corrupción brasilleña denominada Lava Jato, afirmó que en 2013 giró a Gustavo Arribas U$S 850.000 por “propinas” provenientes de las constructoras de Odebrecht.

Arribas, amigo personal de Mauricio Macri y jefe de los espías en la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), en enero de este año fue expuesto, luego de un artículo en La Nación, por Elisa “Lilita” Carrió, quien realizó una presentación frente a la justicia para pedir una investigación por las coimas de Odebrecht.

Presto con los nuevos aires de la política el juez Rodolfo Canicoba Corral sobreseyó a Arribas en tanto el caso no posee “apariencia de delito”. Carrió reclamó al presidente un esclarecimiento, pero conforme se inició la campaña electoral el tema se fue diluyendo en sus intervenciones públicas.

Una de las causas por las que se pide el desafuero de Julio De Vido la lleva el juez federal Claudio Bonadio por el pago de sobrecostos millonarios en la importación de gas natural licuado (GNL).

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De Vido se queja porque la multinacional Shell participó en muchas de las licitaciones, ganando alguna. El entonces titular de la petrolera y actual ministro de Energía, Juan José Aranguren, nunca presentó reclamos.

El exministro también dice que las importaciones eran aprobadas por Enarsa, el Ministerio de Economía, la Sigen o la AGN. No sólo eso. Las compras eran auditadas por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Las ramificaciones llegan a varios funcionarios del gobierno kirchnerista y hasta a figuras del radicalismo.

En esa operatoria hubo más continuidad que cambios. El año pasado el ministro Aranguren compró gas a Chile a través de la empresa estatal Enarsa.

El precio que pagó (U$S 6,90 por millón de BTU -MBTU) era 53% más caro que el GNL que se importaba por medio de barcos (U$S 4,5) y 128% superior al que se podía comprar en Bolivia (U$S 3,02).

¿Cuál fue la justificación de esa compra? El fiscal Carlos Stornelli imputó a Aranguren para que lo explique dado que en la operación participó la anglo holandesa Shell a través de su controlada British Gas.

En junio de 2016, Carrió tomó la voz de la reserva moral de la patria: “Alguien que es accionista no puede lanzar una licitación para comprar gas y adjudicárselo a una empresa donde tiene acciones. Eso es conflicto de interés acá y en China”, lanzó Lilita.

El caso Aranguren también fue borrado de su agenda.

Sólo en la China

Los conflictos de intereses parece que rigen en la lejana China. En estas pampas el Gobierno de los CEO quiere transformar en normal la práctica de atender de los dos lados del mostrador.

Al caso de Aranguren es uno más de una larga lista de funcionarios. Miguel Braun es el actual secretario de Comercio. Entre otras funciones, tiene que “controlar” a sus familiares que son dueños de la cadena de supermercados La Anónima.

Luis Caputo fue empleado de la J.P. Morgan y Deutsche Bank. Ambos bancos usufructúan de las colocaciones de deuda externa que autoriza el ministro de Finanzas, no sólo cobrando generosas comisiones, sino también por las diferenciales de tasas que logran como intermediarios.

Caputo además fue imputado debido a que la Anses colocó recursos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad por más de $ 500 millones en el fondo de inversión Axis, creado por el Deutsche y gestionado por el actual ministro antes de asumir como funcionario de Cambiemos.

"Reclamamos decisiones políticas transparentes", señaló meses atrás el ministro de la Producción de ​Santa Fe, Luis Contigiani, aludiendo al vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, que participaba en las negociaciones por el futuro de Sancor.

El santafecino se quejaba que Lopetegui no podía “ser juez y parte” en tanto es accionista y miembro fundador de la empresa láctea Pampa Chesse, que opera en la cuenca lechera.

Por donde se busque brota un funcionario con conflicto de intereses.

Bienvenidos al paraíso

“Uno de los discursos que más repite es la transparencia, la honestidad, la ética ¿Cómo explica entonces a los argentinos el hecho que su hermano haya blanqueado millones de pesos gracias a una ley que reformó por Decreto?”, preguntó a Mauricio Macri una periodista mexicana en la conferencia de prensa de este lunes.

“Que mi hermano haya blanqueado era un derecho que le daba la ley”, respondió el presidente sin inmutarse, como si respondiera una pregunta retórica.

El hermano de Macri no fue el único de su “círculo rojo” que aprovechó el blanqueo impulsado por Cambiemos en el Congreso Nacional.

Según el periodista Horacio Verbitsky, además de Gianfranco Macri, entraron al blanqueo un primo de Marcos Peña Braun, el amigo íntimo del presidente Nicky Caputo, Marcelo Mindlin, que compró Iecsa al primo del presidente Ángelo Caltaterra y un cuñado del secretario Legal y Técnico de la presidencia, Pablo Clusellas Zorraquín. Esos cinco personajes blanquearon un total de U$S 132 millones.

ArgenPapers, un libro de reciente publicación bajo la autoría de Santiago O’Donnell y Tomas Lukin, exhibe una detallada investigación sobre las empresas “off shore” develadas en los Panamá Papers.

Los paraísos fiscales son ampliamente utilizados hace décadas por la familia presidencial, pero no sólo por ella: grandes empresarios, futbolistas, políticos de todos los colores (kirchneristas incluidos), aparecen en los archivos develados. Como afirmó O’Donnell: no hay grieta en el paraíso.

Las empresas “off shore” que actúan en los paraísos fiscales son parte de una ingeniería que permite evadir impuestos y fugar capitales. Además son una herramienta para ocultar dinero de la corrupción, del narcotráfico, tráfico de armas, entre otros nobles negocios.

Cambiemos impulsó una ley para blanquear esos fondos colocados en el extranjero: unos U$S 120.000 millones se exteriorizaron. Pero algunas estimaciones indican que hay mucho más: unos U$S 400.000 millones fueron fugados por argentinos hacia el exterior, una cifra aproximada al 80 % del Producto Interno Bruto (PIB).

El capitalismo es el paraíso de la corrupción. El Frente de Izquierda y los Trabajadores votará el desafuero de Julio De Vido poniendo blanco sobre negro cómo funciona este régimen de explotación.








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