Economía

TRIBUNA ABIERTA

La fruticultura en la Norpatagonia: concentración, sujetos sociales y transformaciones capitalistas

La producción frutícola en el Valle de Río Negro y Neuquén tiene más de cien años. Produce un noventa por ciento de las frutas de pepitas del país. En las últimas décadas ha sido golpeada por recurrentes “crisis”.

Martín Alvaréz Mullally**

Observatorio Petrolero Sur

María Belén Alvaro*

Doctora en Ciencias Sociales

Jueves 26 de octubre | 12:16

En la actualidad se encuentra ante una nueva encrucijada en la que no se avizora un próspero horizonte. Distintos diagnósticos llegan a la población mediados por los principales medios de comunicación. Las políticas gubernamentales destinadas a esta actividad económica regional han centrando su objetivo únicamente en la búsqueda de competitividad dentro del mercado internacional de frutas. Ante este panorama, la representación socio económica y cultural de la actividad corre serios riesgos.

“Si no se discuten las retenciones, deberíamos disolver el Congreso”. La expresión pertenece al actual ministro de Agroindustria de Nación Ricardo Buryaile. El exabrupto fue dicho en el marco del lock out que las patronales agrarias llevaron adelante en el 2008 cuando el entonces ministro de Economía del gobierno de Cristina Fernández, Martín Lousteau, impulsó la resolución 125. Esa normativa establecía la movilidad a las retenciones a las exportaciones del sector de los agronegocios. Buryaile era entonces vicepresidente de la Confederaciones Rurales Argentina, hoy es el encargado del Estado Nacional de generar políticas públicas para las economías regionales.

En la provincia de Río Negro las cosas no son tan distintas, Alberto Diomendi, fue Secretario de Fruticultura de la provincia desde el 2014, este año ascendido a Ministro de Producción. Es uno de los mentores del programa de políticas públicas para el sector rechazado por las Cámaras de productores, ques además han solicitado la renuncia del funcionario por retención de recursos destinados a los productores. Productor de origen, ex funcionario del INTA en la región, el actual Ministro no improvisa, muestra una reedición de caminos en lo que el norte es la competencia dentro del mercado internacional.

Concentrada y desigual

La cadena frutícola se sustenta en la producción primaria de fruta de pepita en pequeñas y medianas unidades principalmente, con una tendencia a la mediatización creciente. Una parte está destinada al mercado interno -en el último tiempo mayormente manzanas- y otra a exportación -principalmente de peras-. Los centros de empaques que realizan también la conservación en frío de frutas frescas son el núcleo organizador de la cadena. Este sector se caracteriza por su concentración y presencia de capitales trasnacionales. En cuanto a las frutas de menor calidad, tanto los productores primarios directos como los galpones de empaque las destinan a la industrialización de jugos concentrados, sidras, conservas y frutas deshidratadas. Una pequeña parte de estas -principalmente los jugos- van al mercado internacional como insumo o materia prima.

El impacto de los procesos de modernización (reestructuraciones de la cadena) se identifican primordialmente con una creciente profundización del capital transnacional en el eslabón de empaque y comercialización (aunque también integrado verticalmente en la etapa primaria), con los consiguientes cambios en la dinámica de acumulación dentro de la cadena: apropiación desigual de excedentes y aumentos en los requerimientos técnicos, de calidad y de escala productiva para el sector primario independiente. Por su parte el Estado, especialmente a partir de la década del ’90, se constituye en promotor del ingreso desregulado de capital transnacional.

Según el informe de “Cadenas de valor” realizado en diciembre del 2016 por la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo de Nación, los productores del sector primario en 2015 ascendían a 2.276 productores y 4.076 establecimientos. Quienes poseen más de 100 ha representan tan solo un dos por ciento de la masa de productores y concentran el 36 por ciento de las tierras. La franja de productores que oscilan entre las 50-100 ha, concentran un ocho por ciento de las tierras y representan un tres por ciento de los productores. Si sumamos estas dos damos cuenta de la alta concentración existente, un cinco por ciento de los productores poseen la mitad de las tierras productivas. Esto tiene como contracara a los pequeños donde más del cincuenta por ciento de ellos tiene menos de 10 ha y ocupan un total del catorce por ciento de las tierras productivas. Estos datos corresponden a las provincias de Mendoza, Neuquén y Río Negro en donde se concentra la producción nacional de frutas de pepita. El caso rionegrino es el de mayor incidencia, con un 70% de la producción de peras y manzanas, el porcentaje de producción restante se divide entre las otras dos provincias de manera equitativa.


Fuente: Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo de Nación en base a Senasa (2016)

Los sectores de productores medios y grandes han avanzado en los planes de reconversión de plantas e incorporación de tecnología, mientras que el sector mayoritario compuesto por pequeños productores no ha logrado renovar los frutales para adecuarse a los criterios del mercado internacional, destino histórico por excelencia y el más rentable. La ausencia de un plan estatal destinado a este sector mayoritario que les permita sostenerse en la actividad de manera ampliada y la incorporación de tecnología para evitar heladas, granizos y plagas hace que la inequidad aumente con el correr del tiempo. Además genera consecuencias de impactos sanitarios negativos debido a las rudimentarias herramientas utilizada, tal es el caso de la quema de cubiertas de vehículos o gasoil para la prevención de heladas o el uso intensivo de fertilizantes agrotóxicos.

La relación entre el primer eslabón -productores- y el segundo -empaque y conservación y comercialización- está dada por el carácter del productor. En el sector, suele denominarse “productor primario independiente” a quienes no están asociados, estos negocian directamente con las empresas exportadoras y en ese acto se fija el precio y las condiciones. Mientras que el “productor primario integrado” es aquel que logra incorporar el empaque y la distribución a su actividad. Por último, se encuentran las empresas integradas que tiene participación en toda la cadena de valor. Uno de los actores de peso en la comercialización son los agentes comerciales o trader, estos negocian la producción y cuentan con carteras de clientes. En algunos casos incluso llegan a financiar parte de la cadena como el embalaje y frío.

La desigualdad de fuerzas al interior de la cadena le permite al sector más concentrado y poderoso transferir los riesgos –económicos por fluctuaciones de la demanda, pero también climáticos y de cambios tecnológicos– a los sectores independientes (chacareras/os). Al mismo tiempo, utilizan la capacidad propia de negociación con el Estado y la lucha del sector chacarero en beneficio de la acumulación de capital que monopolizan. Esto último se refleja en la persistencia de los reclamos: toda vez que ingresan fondos desde el Estado destinados a “sostener” a la producción primaria, por la propia organización de la cadena estos fondos son re-apropiados por el capital transnacional en tanto que simbólicamente se culpabiliza a las/os chacareras/os de su situación crítica, con argumentos como la falta de incorporación tecnológica o de organización racional de una estructura de costos.

Productores y trabajadores

El surgimiento de la actividad frutícola resulta de una política de Estado que busca asentar la población migrante europea en el territorio a la vez que fortalece los excedentes del capital inglés. Lo hace de la mano de una forma social de producción “híbrida” en su composición capital-trabajo (familiar) que denominamos teóricamente “producción familiar capitalizada/ chacarera”. Su lógica de participación en el mercado los diferencia de las empresas agrarias típicamente capitalistas tanto desde el punto de vista teórico como en la práctica. Estas unidades podían continuar produciendo en momentos de crisis económicas, a costa del aumento en la autoexplotación de su fuerza de trabajo.

Este tipo social agrario, chacarero, accede a la propiedad de la tierra mediante créditos. A lo largo del Siglo XX adquiere protagonismo económico y simbólico en las localidades frutícolas del Alto Valle. No obstante, en la década del ‘60 el proceso de transnacionalización y modernización excluyente que se inicia en la cadena marca un punto de inflexión irreductible en sus condiciones de reproducción social. El deterioro de las mismas se expresa desde entonces en procesos de descapitalización, exclusión y diversificación laboral.

Entre 2008 y 2016 se produjo una disminución del ocho por ciento de la superficie productiva (Anuario Estadístico 2016, Senasa), en tanto que en ese mismo lapso de tiempo se da una disminución de más del 50 por ciento en la cantidad de productores (1). Más allá de la diferencia metodológica entre instituciones para establecer los criterios de identificación de la figura de productor (explotaciones agropecuarias-unidades productivas), es alarmante la cantidad total de productores -más del 50 por ciento- que desaparecen de la actividad en las últimas cuatro décadas. Ese dato cristaliza un proceso de exclusión cuya incidencia es más fuerte en los rangos de explotaciones que se encuentran por debajo del umbral de capitalización (unidad productiva), que en los últimos años se calculaba estimativamente en las 30 ha.


Fuente: Censo Nacional Agropecuario. INDEC


Anuario Estadístico 2016. Senasa.

En la última década, las dificultades de la producción independiente (chacarera) para sostener su participación en la actividad encuentra en la profundización de la matriz extractiva hidrocarburífera un doble impacto. Por un lado, se agravan los condicionantes para el sostenimiento en desarrollo de la actividad productiva al nivel que demanda el mercado internacional (contaminación de frutales, aumento de plagas, etc.). En trabajos de campo recientes detectamos una importante pérdida de frutales por desmonte, impacto negativo en la calidad y cantidad de las plantas por la cercanía con pozos y venteos, disminución de la oferta laboral existente para tareas culturales agrarias, deterioro en los términos de colocación de la fruta cercana a pozos petroleros, que se suman a las dificultades históricas ya expresadas.

Por otro lado, el avance de la frontera extractiva petrolera presiona, junto al loteo para el negocio inmobiliario, sobre las tierras productivas, deteriorando su capacidad (Álvarez Mullally, 2015: 51). El arrendamiento de las chacras responde a estrategias individuales de algunos chacareros frente a la mencionada coyuntura. Emerge como posibilidad “superadora” del uso de la tierra y conlleva una transformación del perfil de quienes detentan la propiedad de esa tierra: de productor agrario a rentista . El impacto social en el cambio de uso de la tierra es significativo y se expande en el paisaje local como modalidad de salida individual a la descapitalización agraria.

Esto implica un profunda transformación a la composición de la estructura social local. Al proceso de deterioro de la producción primaria frutícola en manos de unidades mercantiles simples (chacareros/as) por avance en la cadena de las unidades típicamente capitalistas y a escala, se le suma una nueva transformación. La de las explotaciones mercantiles simples basadas en la unidad capital-trabajo familiar para la producción artesanal de fruta, en unidades en arrendamiento para la explotación hidrocarburífera intensiva, con un perfil más capitalista-rentista. En este contexto, se abre el debate acerca de los usos de la tierra productiva bajo riego y la capacidad de ejercer soberanía alimentaria en el marco de las transformaciones en los modelos productivos, así como la transformación de la estructura social agraria con un perfil predominantemente agrario hacia una con un perfil rentista, altos niveles de desocupación, ocupación informal y actividades que no emplean mano de obra local.

En relación con el empleo de mano de obra, la fruticultura se ha caracterizado por ser una producción altamente demandante a lo largo de todo el ciclo productivo, determinada por la extensión de la parcela y la estacionalidad de los trabajos (Trpin, 2008). Para los/as trabajadores/as el impacto de las nuevas condiciones también es sensible. Un nuevo proceso de reestructuración de la cadena impone nuevas exigencias de calificación, contratación y disminución de la oferta de trabajo en chacra. Las condiciones de vida de sectores que históricamente se asentaron en el Valle para la realización de estas tareas como medio de vida se ven una vez más amenazadas por una actividad primaria en declive y una actividad extractiva que gana espacio productivo a la vez que no contrata este tipo de fuerza de trabajo, sino que integra un circuito de fuerza de trabajo que decide no incorporar mano de obra que pertenezca a la localidad.

YPF se ha dado políticas para lograr consensos que permitan avanzar sin grandes problemas. Para algunos productores, la idea de convivencia y “fracking seguro” les permite hacer negocios sin culpas. Por otro lado, para algunas organizaciones sociales, partidos políticos, ambientalistas y vecinas y vecinos en territorios afectados la convivencia de estas actividades es imposible. Además de la contaminación, se hace hincapié en el desequilibrio económico que se genera, ya que las economías de enclave producen inflación, aumentos de demandas temporales, aumentos de la mercantilización de la vida y un sinnúmero de consecuencias para la reproducción social que complejizan y fragmentan el tejido social local. El debate de la convivencia entre la actividad extractiva y la fruticultura es una ficción.

1) Para 2008 el Censo Nacional Agropecuario (CNA) refería la existencia de 5.547 productores en la provincia de Río Negro, en tanto que el Senasa en 2016 precisaba que eran 1962.

Fuentes consultadas:

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas Presidencia de la Nación (Diciembre 2016). Informe de Cadena de Valor Frutícola – Manzana y pera AÑO 1 - N° 23. Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo Subsecretaría de Planificación Económica. Dirección Nacional de Planificación Regional. Dirección Nacional de Planificación Sectorial.

Alvaro, María Belén (2013). Estrategias de reproducción social en la producción familiar capitalizada: los chacareros del Alto Valle de Río Negro. Buenos Aires: La Colmena.

Álvarez Mullally, Martín (2015) Alto Valle perforado: el petróleo y sus conflictos en las ciudades de la Patagonia Norte. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ediciones del Jinete Insomne.

Trpin, Verónica (2008) La jerarquización actual del mercado de trabajo frutícola: chilenos y "norteños" en el Alto Valle de Río Negro. Trabajo y sociedad; Lugar: Santiago del Estero; Año: 2008 vol. X p. 1 - 1
Diario Río Negro (21/04/2017), Chacareros piden echar a Diomedi.

*María Belén Alvaro es doctora en Ciencias Sociales, investigadora y docente de la Universidad Nacional del Comahue

**Martín Álvarez Mullally es investigador del Observatorio Petrolero Sur.








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