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La educación pública y nuestras vidas valen más que sus ganancias

Todos hablan de la "crisis de la educación pública", pero ¿cómo llegamos a esta situación? ¿quiénes son los responsables? El Frente de Izquierda plantea una salida.

Christian Castillo

@chipicastillo

Miércoles 17 de mayo | Edición del día

“La educación pública está en crisis”. Lo escuchamos todo el tiempo. El tema es por qué está en crisis, quiénes son los responsables y qué salida tiene.

Como docente universitario lo vivo todos los años. De cada cuatro jóvenes que ingresan a la universidad pública, sólo uno la termina. La mayoría de los que tienen que dejarla son hijos de trabajadores, o son trabajadores y trabajadoras ellos mismos, que llegan agotados a las cursadas. El salario docente universitario, como el de todos los niveles educativos, sigue cayendo frente a la inflación y hay miles de docentes que no cobran, los mal llamados “ad honorem”. Escribo esta columna luego de participar de la marcha federal universitaria y después de haber tenido la semana pasada cinco días de paro en todas las universidades nacionales, frente un gobierno que solo ofrece un aumento miserable.

Si esto sucede en la universidad, el “problema educativo” es mucho más agudo cuando levantamos la vista y vemos la situación de los millones que empiezan los niveles iniciales y los menos que llegan al secundario.

En los últimos años vienen quedando afuera de los jardines (públicos y privados) 165.000 niños de 3 y 4 años solo en la Provincia de Buenos Aires. Menos del 50 % de los estudiantes terminan la escuela secundaria en tiempo y forma, entre los que tienen que abandonar o repiten por múltiples causas, a pesar de la ley que establece la obligatoriedad para este nivel. No extraña: un 46% de los jóvenes se encuentra en situación de pobreza. Difícil que pueda mejorarse el rendimiento escolar cuando los estudiantes viven en hogares hacinados y con las “necesidades básicas insatisfechas”. Los docentes tienen que tratar de enseñar en aulas superpobladas, escuelas que se caen a pedazos, dejando la salud en los cursos trabajando doble o triple turno, tal como ocurre con otros trabajadores en las fábricas. La Ley de Financiamiento Educativo establecía que en el nivel primario el 30% de las escuelas debía tener jornada extendida o completa para el año 2010. En la Provincia de Buenos Aires este porcentaje llega apenas al 6% y es menor aún en el conurbano.

Los docentes tienen que tratar de enseñar en aulas superpobladas, escuelas que se caen a pedazos, dejando la salud en los cursos trabajando doble o triple turno

El incumplimiento estatal es claro: ni el Estado nacional ni el Estado provincial pusieron los fondos necesarios para ni para construir las escuelas ni para crear los nuevos cargos docentes para cumplir esta meta elemental. Y después quieren culpar a los docentes por luchar en defensa de sus bajos salarios por la pérdida de la “calidad educativa”.

Herencia y continuidad

La dualización del sistema educativo entre un sector público cada vez más degradado y un sector privado donde concurren los hijos de los sectores más acomodados de la población (e incluso franjas de los trabajadores con mejores salarios) ha acompañado la precarización creciente de la fuerza de trabajo y la marginalización de sectores crecientes, impuesta particularmente a partir de la década de los ’90.

Los efectos de esta política se grafican en el hecho que a partir del año 2003 por primera vez en la historia cae la matrícula de la educación primaria estatal. Esta dinámica no varió en los gobierno kirchneristas. Si en 2003 por cada 3,8 alumnos de escuelas estatales había uno que iba a escuelas privadas, en 2013 la proporción era de 2,8 en escuelas estatales a uno en las privadas. La caída es mayor si nos centramos en la matriculación existente en el primer grado primario. Mientras en 2003 se matricularon 675.000 niños en primer grado en escuelas estatales en 2013 lo hicieron solo 549.000, una caída del 19%.

Aunque tenía sus antecedentes, las leyes menemistas “anti educativas” de comienzos de los ’90 favorecieron el crecimiento de la educación privada buscando adaptar el sistema educativo a lo que pedían los organismos financieros internacionales. Primero se descentralizó hacia las provincias la totalidad de las escuelas secundarias, gran parte de los institutos terciarios y las escuelas de gestión privada, pero sin entregar los recursos. Entonces cada provincia tuvo que hacerse cargo del sistema, generando una profunda desigualdad según la recaudación y el gasto de cada provincia. Mientras el Estado nacional desfinanciaba la educación dedicaba estos recursos para el pago de la deuda externa.

Junto a la descentralización y el desfinanciamiento, se produjo un claro proceso de segmentación. La baja en la calidad educativa se corresponde con trabajos cada vez más precarizados. Cada vez son menos los estudiantes que provienen de escuelas públicas que logran acceder a las universidades a pesar de la gratuidad y del ingreso libre. Quienes cuentan con más recursos y provienen de los hogares de mayores ingresos logran las mayores calificaciones educativas. Del otro lado, un sector relevante de la juventud entre 18 y 24 años, un 26% para el año 2012, pertenece a la categoría “ni ni”, ni trabaja ni estudia, cifra que crece a un 33% en el sector de menores ingresos.

Junto a la descentralización y el desfinanciamiento, se produjo un claro proceso de segmentación. La baja en la calidad educativa se corresponde con trabajos cada vez más precarizados.

Artemio López no pudo dejar de reconocer que durante el kirchnerismo no hubo ningún cambio estructural en esta situación de decadencia de la educación pública: “esta privación extensa y muy profunda garantiza a futuro un tipo de inserción laboral y nivel de ingresos con un perfil muy precario (…) Es inexorable entonces la persistencia de trabajadores pobres, con empleos de muy baja calificación y salarios que no permitan al hogar superar la situación de pobreza, en este contexto de notable empobrecimiento educativo, aún sin reversión a la vista”.

Y es que a pesar de un aumento –limitado- en la proporción del PBI destinado a la educación, el kirchnerismo dejó intacto lo esencial el esquema educativo impuesto en los ’90. En la universidad ni siquiera derogaron la Ley de Educación Superior, votada con los estudiantes rodeando el Congreso en 1995.

Lejos del relato anti-noventista de la “década ganada”, seguimos teniendo veinticuatro sistemas educativos con veinticuatro presupuestos diferentes.

Además, el espíritu de la Ley Federal del menemismo, que habilitaba a cualquier entidad privada a ofrecer servicios educativos y ser subvencionada por el Estado, no solo se mantuvo durante el kirchnerismo sino que creció el mercado educativo privado, y particularmente el confesional.

Los docentes tuvieron que emprender enormes luchas por su salario y aún así fue realmente una década perdida: doce años de salarios que son los más bajos de la región y la naturalización de la doble jornada (o incluso triple), afectando así las condiciones de trabajo y enseñanza. Hoy Macri, Bullrich y los gobernadores quieren profundizar esta situación, más allá de los discursos de compromiso.

Nuestra educación vale más que sus ganancias

Macri, Vidal y Esteban Bullrich quieren avanzar en el ataque a la educación pública, la segmentación y la privatización del sistema. Por eso eligieron a los docentes como “enemigos”. Antes lo habían hecho Scioli y su ministra Nora De Lucía. No nos olvidemos. Por eso el ex candidato presidencial del Frente Para la Victoria le recomendó a la gobernadora de Cambiemos cerrar la paritaria docente por decreto y dar nuevamente un aumento de miseria, después que el año pasado el salario ya perdió diez puntos frente a la inflación.

Los funcionarios gubernamentales, que cobran quince o veinte más que un docente, no vacilan en utilizar la disputa por el salario docente como parte de la campaña electoral, utilizando a las corporaciones mediáticas y los periodistas amigos para estigmatizar a los trabajadores de la educación. Por su parte, la dirección del SUTEBA y otros gremios docentes han querido utilizar las masivas marchas de marzo para impulsar el “vamos a volver” al servicio del peronismo. Mis compañeros de la Agrupación Marrón vienen enfrentado esta política, no solo durante el conflicto contra el ajuste de Vidal, sino ahora en las elecciones donde impulsamos la combativa Lista Multicolor. Gabriela Macauda, con la que comparto la precandidatura por la Provincia de Buenos Aires al Senado Nacional por el PTS en el Frente de Izquierda es protagonista de este proceso. Como docente de la EP 36 y Secretaria Adjunta del SUTEBA Tigre, sabe lo que es la defensa de la educación pública.

Mis compañeros de la Agrupación Marrón vienen enfrentado esta política, no solo durante el conflicto contra el ajuste de Vidal, sino ahora en las elecciones donde impulsamos la combativa Lista Multicolor

Para nosotros, al contrario que para Cambiemos, el PJ o el Frente Renovador, la educación pública es una prioridad. El Frente de Izquierda tiene una salida. Parte de esto planteamos cuando nos tocó ocupar bancas en la Legislatura y el parlamento nacional, desde donde acompañamos las luchas docentes. En mi caso fui uno de los autores de la ley de Boleto Educativo Gratuito en la Provincia de Buenos Aires, que originalmente abarcaba al conjunto de estudiantes, docentes y no docentes de la provincia. El Senado provincial la restringió solo para los estudiantes y María Eugenia Vidal ha excluido de este beneficio elemental a los estudiantes terciarios y a la mayoría de los universitarios.

No se puede mejorar a mejorar la calidad y el aprendizaje de los chicos con salarios docentes que están $3000 por debajo de la línea de pobreza. Tampoco con solo un 6% de escuelas primarias públicas con jornada extendida o completa.

Para dar respuesta a la emergencia proponemos la renacionalización del sistema educativo, para que el estado nacional junto con los estados provinciales garantice el financiamiento necesario para sostener una educación pública de calidad y al servicio de las necesidades e intereses de los trabajadores. Proponemos duplicar ya el salario docente con recursos de Provincia y Nación y que una jornada laboral docente de 6 horas (4 frente a clase y 2 extra clase) cubra la canasta familiar. Hay que terminar con el fraude laboral y todo el salario tiene que ir al básico para computar antigüedad, aguinaldo y vacaciones.

Es hora que la prioridad sea la educación pública, y no la ganancia de las mineras, los bancos, las patronales agrarias y las corporaciones multinacionales. Proponemos terminar con los subsidios a la educación privada y la privatización de carreras y posgrados a pedido de las empresas.

En vez de destinarla al pago de la deuda o los subsidios a los capitalistas, deben destinarse todos los recursos para construir las escuelas que faltan y crear cargos docentes para garantizar la jornada extendida y completa en al menos el 50% de las escuelas.

Hoy solo se recibe uno de cada cuatro ingresantes. El Estado debe otorgar becas de media canasta familiar, $11.500, para que todos puedan terminar sus estudios terciarios y universitarios. Que se comience por la entrega de 100.000 becas este mismo año en base a un impuesto extraordinario al 1% más rico de la población.

Hay que derogar inmediatamente la nefasta Ley de Educación Superior menemista, que ha favorecido la mercantilización y privatización periférica de los estudios universitarios, transformando en particular los estudios de posgrado en un negocio y mera fuente de recaudación de fondos.

Nuestra educación, la de millones de jóvenes, vale más que sus ganancias. Pero los ministros, tecnócratas y burócratas no pueden darle una salida a esta crisis. Necesitamos un gran Congreso Educativo Nacional, donde padres, docentes y estudiantes puedan definir un plan para salir de la crisis a donde nos llevaron los gobiernos que defienden los intereses de las patronales.








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