OPINIÓN

La desaparición forzada de Santiago Maldonado y los usos políticos de la historia

Ciertos términos en boga recuerdan a los episodios más negros de la historia reciente argentina, mostrando que, para algunos actores, hay mucho más en juego de lo que parece en la resolución del “caso Maldonado”.

Domingo 10 de septiembre | 18:53

Hablar de un desaparecido en Argentina nos lleva inevitablemente a la Dictadura Cívico Militar de 1976, el episodio más negro de la historia Argentina junto con a la llamada “Campaña al Desierto” llevada adelante por el gobierno de Julio Argentino Roca entre 1878 y 1885. La desaparición forzada de Santiago Maldonado conjuga, de alguna manera, estos dos acontecimientos. Por un lado, el accionar de las fuerzas represivas del gobierno, la demonización de la protesta popular y la dolorosa figura del “desaparecido”. Por el otro la situación de las comunidades originarias, oprimidas desde los albores mismos del estado nacional, que luchan por su derecho básico a existir, y por ende, a poseer los medios materiales para ello. Especialmente el derecho a sus tierras, arrebatadas a sangre y fuego y hoy en posesión de grandes terratenientes extranjeros.

Pero la referencia actual de estos episodios centrales de la historia argentina no se presenta como el eco de un pasado lejano y negro. Tanto desde el gobierno como desde los grandes medios de comunicación se machaca contra el peligro de la “politización” del “caso Maldonado”, sugiriendo como interpretación “objetiva” la búsqueda del ausente como si de una simple búsqueda de paradero se tratara. El objetivo, claro, es desligar de responsabilidad política al gobierno nacional y de responsabilidad material al Ministerio de Seguridad y a las Gendarmería Nacional. El gobierno y sus aliados en los medios de comunicación practican una defensa cerrada del accionar del Ministerio y de las fuerzas represivas. Este empeño deja entrever, tanto en lo discursivo como en el accionar concreto, que hay intereses en juego por la forma en la que se resuelva el “caso Maldonado”. Se advierte un trasfondo ideológico, que revela una disputa por la memoria histórica, en relación directa con acontecimientos muy sensibles de la historia argentina.

El PRO y las grandes corporaciones mediáticas: negacionismo (apenas) disimulado

A ningún lector informado pasará inadvertida una tendencia actual a desempolvar del viejo glosario reaccionario, términos y expresiones que brotan de los espacios informativos y las bocas de los voceros oficiales. “Terroristas”, “guerrilleros”, “grupos trostkistas”, “infiltrados”, “células anarquistas”, “seguridad nacional”, “guerra”, “desaparecido”. Desde el gobierno nacional y sus aliados de las grandes corporaciones mediáticas (en especial el Grupo Clarín y La Nación), y con el uso de trolls en las redes sociales, se intenta confundir, inoculando versiones falsas e imponiendo hipótesis interesadas. La intención es defender la no responsabilidad gubernamental en la desaparición de Santiago, o practicar una justificación solapada que abone la impunidad. Pero las formas discursivas que ha tomado dicha defensa no se explican sólo por un apoyo fanático al gobierno de Mauricio Macri.

Aquí vale trazar unos lineamientos generales. El gobierno PRO y sus corporaciones mediáticas aliadas intentaron desde el minuto cero iniciar una re-discusión de la historia reciente argentina. El punto central orbitó en torno al acápite “memoria”, y comenzó con la denuncia del “curro de los derechos humanos”, avanzando en una impugnación a los relatos que condenaban abiertamente el accionar genocida de la dictadura cívico militar iniciada con el golpe de estado de 1976. Significa volver sobre cuestiones sensibles, que una gran parte de la población consideraba más o menos zanjadas.

Y no por gracia del kirchnerismo precisamente. Los organismos de DDHH, las que continuaron enarbolando las banderas del socialismo y miles de activistas independientes mantuvieron constante la lucha por la memoria de los caídos, y las exigencias de aparición con vida y castigo a los culpables. El kirchnerismo, más por necesidad que por virtud hizo eco de algunas demandas. Aparte de los juicios a los militares (a los más notorios, dejando fuera a grandes sectores de las fuerzas represivas y los sectores civiles involucrados), el relato kirchnerista sobre la dictadura, los desaparecidos y su lucha ensayó una versión un tanto edulcorada: una juventud idealista que quería una sociedad mejor (o directamente la democracia), que tal vez tomó formas un tanto exageradas (como la lucha armada) contra una dictadura represiva y anti-democrática. Otros continuamos reivindicando la lucha de los compañeros, militantes decididos en gran mayoría por el socialismo, contra una dictadura del gran capital que tuvo el objetivo concreto de aniquilar a la vanguardia obrera que cuestionaba al sistema en los lugares de trabajo y en todos los aspectos de la vida social, inspirada en grandes acontecimientos de orden internacional, como la Revolución Cubana, el mayo francés o la Guerra de Vietnam. La diferencia entre relatos fue evidente, y la lucha por Memoria, Verdad y Justicia continuó independiente de los gobiernos kirchneristas, y en general, contra ellos.

Pero hubo voces que se ocultaron prudentemente durante el período anterior, escondidas en las catacumbas de la reacción y el conservadurismo. Y que sintiendo como propio el triunfo electoral de Macri comenzaron una campaña por “la verdad”. Un relato que tenía poco de nuevo, y se asemejaba a una versión derechizada de la “teoría de los dos demonios” elaborada en el “Nunca Más” (1984) de la CONADEP. Esta cruzada, que tuvo sus campeones entre los diarios La Nación, Clarín, Infobae o en programas como Intratables, Animales Sueltos, los de Alfredo Leuco o PPT de Jorge Lanata, delineaba la nueva versión oficial del genocidio de clase comenzado en 1976 (o, como comienzan a demostrar las investigaciones actuales, desde el gobierno del general Perón de 1974). Comenzó por impugnar el número real de los detenidos/desaparecidos en pos de una “verdad” que justifique, si no los métodos, al menos los resultados socio económicos de la dictadura genocida. Se impuso a la violencia, en abstracto, como razón explicativa del todo, por fuera de las causas y las intenciones de los actores. Se subsumió toda la organización obrera y popular, toda la movilización de un período de gran efervescencia política, a una demonizada guerrilla, considerada impune y favorecida por el poder.

¿Cuáles son los motivos detrás de esta operación, que viene a ajustar cuentas con una dimensión que algunos consideran terreno de museos, universidades o bibliotecas? ¿Qué relación mantiene esto con la desaparición de Santiago Maldonado?

Los usos políticos de la historia

La historia reciente argentina parece presentar elementos constantes, casi genealógicos. Y es que el poder detrás del poder se ha mantenido a través de los años y los acontecimientos, impune y casi inadvertido. Los descendientes de los beneficiados del reparto de tierras posterior a la carnicería del “desierto” son, con algunos agregados, los grandes beneficiarios de los golpes de estado, y los que impulsaron, o miraron para otro lado mientras sucedía, la dictadura genocida de 1976. Menéndez, Martínez de Hoz, Mitre, Peña, Bullrich, Luro, Blaquier, Macri, por nombrar algunos. No sólo han acaparado las tierras, modelando un estado a su forma y conveniencia, agro minero exportador. También han provocado las masacres sociales, como el genocidio de los pueblos originarios, que nunca pagaron. En el interín, por supuesto, no dejaron de amasar fortunas. Ellos sugieren sus interpretaciones de los hechos pasados porque aún no han pagado sus culpas. Hoy han vuelto a ejercer el gobierno por propia mano, o así lo sienten, y muestran un ánimo vindicante manifiesto, el famoso “revanchismo” que tanto denunciaron en el período anterior. Ya bastante han tolerado, pensarán. Ya es hora de ajustar cuentas.

Pero más allá de sus intenciones, la clase obrera y el pueblo, en sus momentos de mayor organización y combatividad se han erigido en freno de sus aspiraciones. Desde las resistencias de los originarios, las grandes huelgas de peones, ferroviarios, empleados marítimos, obreros de la carne o de la construcción, a las luchas por el control de los ritmos de producción de las fábricas, las coordinadoras interfabríles, las organizaciones armadas, las tomas de facultades, a las puebladas o las grandes manifestaciones que suben presidentes a helicópteros, han mostrado los límites del poder de las clases dominantes. La contradicción entre lo que ellas quieren que sea la realidad, y como la viven y la sufren quiénes tienen que soportarla. La historia tiene muchas versiones, pero siempre habla desde el presente.

Así, la lucha por lo que se dice que pasó, apunta inevitablemente a entender lo que hoy es. Y porqué es. Detrás de las condenas a la violencia del pasado y del presente, se pretenden ocultar los actores y las razones. Si se relaciona a las fuerzas armadas con la defensa de los intereses de las clases dominantes, y si a éstas se les pone nombre y apellido y se las identifica en la actualidad, el resultado puede resultar peligroso.

Y aquí es donde la denuncia de la desaparición forzada de Santiago Maldonado muestra una razón profunda. Aparte de la urgencia de encontrar a Santiago y de conseguir respuestas concretas, existe la necesidad de denunciar a sus perpetradores. Todos los testimonios apuntan hacia la Gendarmería, y sugieren una dirección concreta del Ministerio de Justicia de Bullrich a través de su segundo, Noceti. El gobierno ensaya hipótesis descabelladas para encubrir su accionar a través de unas fuerzas represivas que, saben, serán muy necesarias para el futuro. Sobre todo si las medidas económicas que promociona el gobierno PRO (ajuste, recortes, despidos, aumento de tarifas, mayor flexibilización laboral), auguran formas de resistencia popular. El plan económico del gobierno no cierra sin represión. La pelea por una versión exculpatoria de las fuerzas armadas en la última dictadura, de su papel en el genocidio, se torna necesaria para imponer el orden económico y social. Unas fuerzas armadas deslegitimadas no sirven a esta labor. Tampoco sirven unas que, a los ojos del pueblo, sean las causantes de la desaparición de un joven que se solidarizó con la situación de injusticia que sufren las comunidades originarias.

Entre la desaparición forzada de Santiago Maldonado, la responsabilidad directa del gobierno y sus fuerzas represivas en esto, y la cruzada por imponer un determinado relato del genocidio, existe una afinidad evidente. En las intenciones del gobierno hay una relación dialéctica entre un relato de los acontecimientos pasados, su relato, para imponer una determinada visión del presente, y una versión manipulada del presente para justificar el pasado. Su pasado.








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