Política

FUERZAS REPRESIVAS

La desaparición del ARA San Juan como excusa para fortalecer a las Fuerzas Armadas

La crisis por la búsqueda del submarino es utilizada por la derecha para pedir más presupuesto. El Gobierno busca fortalecer una fuerza que, esencialmente, se use en la represión interior.

Miércoles 29 de noviembre | Edición del día

En las dos semanas que lleva la búsqueda del ARA San Juan -el submarino que desapareció con 44 tripulantes a bordo- analistas y referentes de un discurso republicano utilizan la crisis para reclamar mayor presupuesto y mayor jerarquía institucional para las Fuerzas Armadas.

Una de los voceros de esta política es Horacio Jaunarena, ex ministro de Defensa de los gobiernos de Raúl Alfonsín, Fernando De la Rúa y Eduardo Duhalde. El referente de la UCR y promotor de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, se quejó del bajo presupuesto militar y de que “no hay una clara percepción de lo que deben hacer en este momento las Fuerzas Armadas y qué rol tienen”.

En definitiva aprovechan el momento político para reclamar demandas históricas de los militares. Además, comparan el presupuesto que destina la Argentina con el de potencias imperialistas (guerreristas), como Estados Unidos.

Sin embargo el plan que prepara Macri para las Fuerzas Armadas no incluye mayor armamento, ni más presupuesto para las fuerzas armadas de una semicolonia que, después que capitularon en Malvinas se subordinó a los dictámenes del imperialismo yanqui. La derecha republicana que pide más presupuesto parece olvidar que durante los años 90, bajo el gobierno de Carlos Menem, las fuerzas castrenses se sumaron a las misiones de las Naciones Unidas. Una política a la medida de las exigencias del imperialismo. Su patriotismo es puro verso.

Esta política es a la que van a dar continuidad desde la Casa Rosada, aunque aggiornadas a los nuevos discursos que bajan del Norte. En función de este plan Macri prevé la reducción de presupuesto y la “eficientización” de los recursos económicos y humanos.

La remoción de los jefes de las Fuerzas Armadas, que ya tenían en agenda antes del extravío del ARA San Juan, forma parte de un plan de reestructuración militar que le dará más poder al jefe del Estado Mayor Conjunto, teniente general Del Valle Sosa.

El proyecto del gobierno busca que el Estado Mayor Conjunto unifique y coordine las fuerzas y el sistema de comunicación y el servicio de inteligencia militar. Buscan unificar la marina (Armada y Prefectura) y la aviación, concentrando todo los recursos en Fuerza Aérea.

Está en discusión si podrá unificar la Prefectura con la Armada, sin antes modificar las leyes de Seguridad y Defensa. Si lo hicieran antes esta fuerza pasaría a manos de Defensa y no la podrían utilizar para patrullar los ríos y menos aún para la represión interna. Prefectura es la fuerza que acaba de asesinar al joven de la comunidad mapuche, Rafael Nahuel.

Otra de las medidas que tomarán desde el gobierno de Cambiemos es reducir los gastos salariales en el Ministerio de Defensa, tanto del personal civil como militar. Proyecto que se puso en marcha en marzo de 2016, cuando el presidente Mauricio Macri ordenó al entonces ministro de Defensa Julio Martínez un plan de racionalización militar para reducir a las fuerzas armadas.

El 85 % del presupuesto para Defensa está destinado a cubrir salarios, por eso Macri pidió una reducción de personal, entre ellos oficiales y suboficiales, así como pasar a retiro a los generales con 35 años de servicio. Además planean reducir la cantidad de militares que envían a misiones internacionales. Con esto se ahorran los adicionales que deben pagar a oficiales y suboficiales que están en estas misiones fuera del país.

Otras de las medidas sería reducir la cantidad de propiedades que poseen las Fuerzas Armadas en Argentina y en el exterior, como la residencia del agregado naval argentino en Washington, que serían desafectadas del uso militar.

Sobre cuál es el rol que deben tener las Fuerzas Armadas, la estrategia presidencial apunta a que se integren en lo que llaman el “combate” del terrorismo y el narcotráfico.

Desde que asumió el gobierno de Cambiemos, Macri se ha reunido en distintas oportunidades junto con el jefe de Gabinete, los ministros de Defensa, Seguridad y Justicia, incluyendo al personal de la AFI. En esas reuniones se discutió sobre qué posibilidades tiene el gobierno de modificar los decretos que reglamentaron las leyes de Seguridad y Defensa. Son los que prohíben explícitamente a las Fuerza Armadas realizar tareas de seguridad interior para enfrentar aquello que llaman “amenazas” como el terrorismo y el narcotráfico.

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Eso ha tenido ya avances, que se han expresado en acuerdos con presidentes extranjeros, de las principales potencias del mundo que arribaron al país, con quienes firmó acuerdos (represivos y militares) como se señala en esta nota.

El llamado combate al narcotráfico y el terrorismo internacional, desde la caída de la Unión Soviética, es la gran excusa de las potencias imperialistas para armarse hasta los dientes e instalar bases militares en el mundo.

Macri discutió sobre estas “nuevas amenazas” con los mandatarios con quienes firmó acuerdos. Lo que significa mayor injerencia imperialista en nuestro país.

Muestra de esto es el proyecto que se votó en el Senado (comandado por Pichetto y con mayoría del PJ), para que tropas de EE.UU. hagan ejercicios militares en Trelew. Estos ejercicios, que se llaman Operativo Cormorán, están fundamentados en una carta elevada por el Agregado Naval de la Armada de los Estados Unidos de América, en enero del año 2017, a la Armada Argentina.

La exministra de Defensa kirchnerista, Nilda Garré, tenía toda la intención de aprobarlo en Diputado, pero un “desencuentro” con el actual ministro Aguad, la llevó a vetarle, por ahora, el proyecto. Probablemente lo aprueben más adelante, porque la legisladora tiene acuerdo en que los militares no sean destratados y haya un presupuesto suficiente para que se entrenen.

Macri y el gobierno de Cambiemos tienen claro qué rol deberían cumplir las Fuerzas Armadas (si es que logran cambiar la legislación vigente, lo que dependerá de la relación de fuerzas). Utilizarlas en la seguridad interna, con la excusa de un potencial ataque terrorista, para prevenir y enfrentar las únicas amenazas reales a los planes del gobierno: la organización de los trabajadores, de movimientos sociales, de las comunidades de los pueblos mapuches y de todos aquellos sectores que salgan a reclamar por sus derechos.








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