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La crisis del Estado y la reforma energética

Desde la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la prensa internacional no ha quitado sus ojos de México. Violencia, colusión entre funcionarios y el narcotráfico, crisis de las instituciones, crisis de los partidos tradicionales, movilizaciones y la reforma energética son temas recurrentes.

Bárbara Funes

México D.F |

Martes 18 de noviembre de 2014 | Edición del día

En el diario El País del día 15 de noviembre en el artículo El desamparo de Ayotzinapa de Jorge Volpi, se pone el acento en la crisis de los partidos institucionales de México. Se sostiene “Así, mientras los políticos de las distintas fuerzas no han hecho otra cosa más que tratar de exculparse o de exhibir la complicidad con los delincuentes de sus rivales, el resto del país se halla sumido en el más acerbo desamparo. Dado que todos los partidos, desde Acción Nacional, que inició la guerra contra el narco, hasta Morena, que continúa solapando a Lázaro Mazón, el protector de Abarca, y desde el Gobierno del Partido Revolucionario Institucional, que tanto ha tardado en reaccionar para resolver el caso, hasta el PRD, que postuló al alcalde y al exgobernador Rubén Aguirre, tienen responsabilidad en lo ocurrido, los ciudadanos de pronto no tienen a quién recurrir, en quién confiar. La ineficiencia de nuestro sistema de justicia —donde el 90% de los delitos se mantienen impunes— hace que la llaga se revele supurante”.

No hay partidos que queden sin mancha de colusión con el crimen organizado: ni el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ni el Partido Acción Nacional (PAN), ni el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ni el recientemente creado Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Los trabajadores, los estudiantes, los campesinos pobres y los pueblos originarios de México necesitan una alternativa independiente, que defienda sus intereses. ¿Surgirá una alternativa de esta crisis?

En el mismo periódico, en el artículo Obligado a matar se explica, a través del testimonio de un exmilitar refugiado en Canadá, Zacarías Osorio Cruz, el particular ensañamiento de la violencia institucional en el estado de Guerrero, que se desplegó desde la década de 1970 contra los movimientos opositores al gobierno priista. Se sostiene que “La represión gubernamental en Guerrero se remonta a los años sesenta y fue testigo de detenciones extrajudiciales, violaciones, torturas y desapariciones sistemáticas de opositores y "supuestos enemigos" del Gobierno mexicano entre 1969 y 1985, según el libro Obligado a Matar”. El abogado de Osorio Cruz declaró a ese medio que “Las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales ocurrían en al menos otros cuatro estados del país. Pero, incluso entonces, el 50% de las desapariciones forzadas comprobadas ya eran de Guerrero”.

De esos años aciagos quedan más de 1500 denuncias de desapariciones forzadas sin resolver y sólo 512 están comprobadas por la Comisión de la Verdad en Guerrero. Vuelos de la muerte, torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y violaciones eran la práctica diaria del ejército mexicano en esa entidad por órdenes gubernamentales. La CIA siguió de cerca el accionar militar.

No existen cifras oficiales sobre la cantidad de desaparecidos en el país: se reconocen 30 mil, pero organizaciones no gubernamentales afirman que hay más de 300 mil. La cantidad de fosas clandestinas descubiertas en la búsqueda de los normalistas desaparecidos apunta en ese sentido.

El inicio de la apertura a los capitales extranjeros

En otro orden, respecto de la apertura de los recursos energéticos, también en El País, en el artículo Las empresas toma posiciones ante la apertura del petróleo mexicano se plantea que “Fuentes del sector coinciden además en la importancia de que el proceso de licitación cumpla con los necesarios estándares de transparencia, así como que el nuevo edificio administrativo que México está construyendo para acompañar y vigilar todo el trayecto funcione autónoma y eficazmente. ‘Una cosa fundamental es que el regulador sea fuerte’, apunta Carlos Ruiz, jefe Ejecutivo de IEnova, una de las principales empresas energéticas mexicanas”.

El proceso de licitaciones ya iniciará. La llamada Ronda Uno, donde se darán a conocer las prebases de la apertura energética de 169 bloques, se pondrá a consideración de las trasnacionales el lunes 17 de noviembre en Nueva York. Según informa La Jornada, “el costo de exploración y desarrollo se ubica en 14.91 dólares y el de producción de 7.91 dólares, con lo que se ubica en el nivel más bajo de la industria [internacional, nota de la autora]”.

El Financial Times no es tan optimista. La crisis del gobierno y los partidos institucionales no puso sólo en evidencia la colusión entre la clase política, el narcotráfico y el empresariado, sino la falta de condiciones de “seguridad jurídica” para los inversores extranjeros. En el artículo El crimen organizado podría socavar los beneficios de la reforma energética de México señala que las tomas de ductos clandestinos se duplicaron cada dos años desde 2008. En la actualidad 20% de las zonas exploradas y explotadas por Pemex se encuentran en territorio dominado por el narcotráfico.

El PRI ahora impulsa en el senado un proyecto de ley para sancionar los ataques contra la exploración y explotación de hidrocarburos, que contribuya a frenar las tomas ilegales de ductos. El PRI, uno de los partidos que tiene negocios con el narco.

Pero a las inquietudes respecto a la aplicación de la reforma energética se le suma el profundo descontento social que se expresa en movilizaciones, bloqueos, mítines y todo tipo de acciones por la aparición de los 43 normalistas desaparecidos, que denuncia la colusión entre PRI-PAN-PRD con los cárteles del narcotráfico, que denuncia como responsable del ataque a los estudiantes al Estado y exige “¡Fuera Peña Nieto!” resulta difícil responder el interrogante: ¿el actual presidente de México pasará a la historia como el ejecutor del desguace de los recursos energéticos del país? No está dicha la última palabra.







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