Política

NACE “DOCENTES E INVESTIGADORES DE IZQUIERDA”

La crisis del Conicet es su orientación estratégica

Cuanto más avanza la campaña electoral, más se acelera la necesidad de polarizar.

Viernes 4 de agosto | Edición del día

Como toda polarización, tiende a evitar las cuestiones que no encajan en ella. El sector de Ciencia y Técnica no es la excepción. Mientras Macri ajusta a troche y moche en nombre de la eficiencia, el kirchnerismo se desgañita por una ciencia nacional y popular, y amaga con una despaciencia que nunca llega. En el medio de tanto artificio, es bueno leer los documentos en cuya letra grande (no hace falta calzarse los anteojos), están las bases de las coincidencias que explican que Barañao sea el sucesor de Barañao.

Una política científica nacional al servicio del agromodelo y la megaminería

El Plan Argentina Innovadora 2020 (PAI 2020) forma parte de la herencia del anterior gobierno que no suele generar discusión en el actual. En un contexto de ajuste en ciencia y tecnología, frases como "había un plan" son comunes entre quienes se ven afectados por los recortes presupuestarios y en los ingresos a la carrera de investigador científico del Conicet. Esa frase hace referencia a lo que se presentó como objetivo del 2020: "incrementar el ingreso de personal a esta institución a un ritmo del 10% anual" como puede leerse en su resumen ejecutivo.
Sin embargo, lo que se ha ocultado fervientemente es el lugar desde donde saldrían los fondos para este incremento de científicos.

El propio documento indica claramente que la apuesta “audaz” del PAI 2020 consiste en un aumento de la participación del sector privado/empresarial en el presupuesto, hasta llegar a una suerte de co-financiación pública-privada de la ciencia nacional. Como señala la Dra. Ruth Ladenheim, -quien en 2015 fuera Secretaria de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y hoy se desempeña como Directora del CIETCI- en relación al rol del sector privado: “se estimó un incremento de su contribución a la inversión en I+D a mayor ritmo que el crecimiento del aporte del Estado de forma tal de aumentar su peso en el financiamiento total y alcanzar el 50 % en 2020. Sobre la base de estas dos trayectorias proyectadas, pública y privada, Argentina podría invertir en 2015 el 0,94 % de su PBI en actividades de Investigación y Desarrollo y superar el 1,6 % en 2020” (PAI2020: 14-15). Como toda inversión capitalista, este aporte empresarial no es gratuita, sino que se acompaña de lineamientos de investigación “estratégicos”, entre los cuales resaltan temáticas ligadas a la Agroindustria, Biotecnología y Energía, cuyos términos generales expresan una preponderancia del aspecto utilitario-tecnológico de la ciencia. Estos ejes temáticos se traducen en un gran predominio de producción científica ligada a desarrollos de las Ciencias duras, las Ingenierías y la medicina, mientras grandes temáticas y perspectivas de las ciencias básicas y sociales quedan excluidas.

El neoliberalismo los cría, y los grandes capitales los amontonan…

Como uno de los ejemplos de aplicación de conocimiento científico elaborado en el seno del MINCYT al servicio de las grandes corporaciones empresariales, podemos citar a la supercomputadora TuPAC, clúster computacional que simula procesos de fractura hidráulica para la industria petrolera, la técnica a utilizar por YPF en la explotación hidrocarburífera de Vaca Muerta. Esta técnica, popularizada como Fracking, es conocida por sus efectos contaminantes y nocivos para la salud. Este es solo uno de los 120 proyectos y los $1.238.137.126 invertidos hasta el año 2015, cuyos mayores montos corresponden a los ítems Energía y Agroindustria. Posteriormente, en octubre de 2015 se anunció la liberación para su comercialización de dos eventos biotecnológicos nacionales: la soja resistente a sequía y la papa resistente al virus PV. La licencia para explotar la semilla de la soja resistente a sequía fue otorgada a la empresa INDEAR, constituida por CONICET (por la parte estatal) y Bioceres (por la contraparte privada). En el directorio de Bioceres se encuentra, entre otras personas, Victor Trucco, presidente de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa y el millonario Gustavo Grobocopatel, conocido por enriquecerse con la siembra de soja transgénica y la venta de insumos y servicios, así como productos elaborados con agrotóxicos.

Estos ejemplos sirven para mostrar el camino que sigue el conocimiento, transformado en mercancía. En una primera etapa los costos de la investigación básica y de la formación de recursos humanos adecuados es socializado, afrontado desde el mismo Estado o por las universidades públicas. Pero cuando estas investigaciones se aproximan a la generación de un producto con valor comercial, terminan en manos privadas. Ejemplo de ello es la obsesión con las "patentes", forma de propiedad intelectual que limita, precisamente, la construcción social del conocimiento que se encuentra en la base de la investigación científica.

Pero no es solamente el empresariado nacional el destinatario de la inversión estatal en ciencia y tecnología. El ministro Barañao afirmaba en 2008 que sus intenciones como ministro eran "alentar el emprendedorismo cambiando la cultura científica nacional que todavía encuentra algo indigno en convertir investigación en ganancia" y que esperaba "atraer más inversiones de las compañías multinacionales, específicamente de los campos de la investigación biomédica, biotecnología y nanotecnología". Esta inclusión de las grandes corporaciones entre las posibles beneficiarias de la política científica es una idea que no debería sorprender de un férreo promotor del agromodelo, tal como lo fuera la ex presidenta Cristina Fernández, quien públicamente elogió a Monsanto en numerosas ocasiones.
El predominio presupuestario asignado a proyectos vinculados al agromodelo y la megaminería evidencian que detrás de la hipótesis del aumento presupuestario para el CONICET y del incremento en la cantidad de científicos por habitante se consolida un proyecto de privatización de la ciencia y la técnica, por el cual las y los investigadores son llamados a servir al sector privado-empresarial. Esto implica un golpe neoliberal a la producción científica nacional y al conjunto de trabajadores que allí se desempeña. Agregar valor a la producción “tal como lo hacen los países más avanzados” termina siendo sinónimo de que el sector empresarial adquiera más plusvalía a costa del trabajador –científico–.

Lo que esta política expresa es nada menos que la vinculación entre promoción científica estatal e intereses empresariales. Un sistema científico cada vez menos independiente, en creciente desguace y con cada vez mayores restricciones por parte de los capitalistas: eso es lo que promovieron y continúan promoviendo las autoridades estatales nucleadas en el MINCYT.

Un “nuevo” plan estratégico que vuelve siempre al mismo lugar

Con una lógica en extremo verticalista que nada tiene que envidiarle al armado del PAI2020, la fase de diagnóstico de un Nuevo Plan Estratégico para Conicet fue puesta en marcha por el gobierno macrista. El documento se origina como relatoría de los talleres realizados por el directorio de Conicet en diciembre de 2016 y marzo de 2017. Días antes de la toma del MINCYT y en plena crisis por el recorte presupuestario, los miembros del Directorio pudieron hacerse un tiempo para comenzar la planificación del futuro del sistema científico argentino. La relatoría incluye también los talleres realizados por las gerencias de Conicet en mayo y junio de 2017 y, recientemente, ha sido enviado a los Centros Científicos Tecnológicos para su discusión. Más allá de los "bloopers" metodológicos de un documento que carece en absoluto de datos duros, el propio lenguaje mercantilista y las definiciones sobre la "marca Conicet" revelan demasiado acerca de la pretendida orientación del organismo.

Sobre la continuidad de la política de trasferencia tecnológica, el documento reconoce que: “Se argumenta la necesidad de expandir el modelo Y-TEC y que el Estado asuma los riesgos de spin off/scale up de los conocimientos generados en ciencia básica. Esos montos podrían salir de los fondos hoy asignados a becas." Para el que no se halla familiarizado con el lenguaje de los CEOs, con estas definiciones se pretende crear empresas de base tecnológica donde el Estado asume todos los riesgos en detrimento de la creación de nuevos puestos de trabajo - se habla claramente de recorte de becas- y del acceso a planta permanente del personal contratado en forma temporaria -recorte que ya inició en diciembre del año pasado y se continuó en febrero del corriente.

Sin embargo, cabe destacar que, tras varios años de una creciente importancia de las líneas prioritarias y núcleos socio-productivos estratégicos en las convocatorias a becas, ingresos a carrera y en la distribución de los apoyos financieros a la investigación científica (la última convocatoria asigna el 50% de los magros 450 ingresos a temas estratégicos), el entusiasmo del sector empresarial parece no haberse encendido. Según el documento de trabajo de la futura planificación estratégica de Conicet: “existe una falta de demanda de conocimiento del sector privado”. En otras palabras, la lluvia de inversiones -ya sea del empresariado nacional o el multinacional- está lejos de hacer florecer la innovación tecnológica.

¿Soberanía de qué soberano?

El Plan Argentina Innovadora 2020, las líneas prioritarias que determinan ingresos y apoyos económicos, y el esbozo de un “nuevo” plan estratégico para CONICET son ejemplos de la política científica que el kirchnerismo ha implementado, y que el macrismo proyecta para el sector científico nacional. Sus principales características se resumen en un programa científico que se ensambla a un modelo económico, social y político basado en la preeminencia del sector empresarial -que conlleva una creciente privatización- y la utilización del conocimiento como vía e insumo de ese sector. Términos como “Núcleos socioproductivos estratégicos”, "marca Conicet", “demanda de conocimientos” e “innovación” no son más que eufemismos para maquillar una política científica de corte claramente neoliberal, que en conjunción con el actual contexto de crisis económica y ajuste no pueden significar otra cosa que el detrimento de las condiciones de trabajo y la restricción de los puestos de trabajo en el sistema científico, en gran medida ya precarizado.

Es insostenible para quienes pensamos la ciencia desde una perspectiva anticapitalista, el reducir la discusión a cuáles grupos económicos se ven beneficiados por determinada política científica. La subordinación de la ciencia a las lógicas de mercado es el verdadero riesgo para sus trabajadores y para la sociedad, como lo expresan Richard Levins y Richard Lewontin en El Biólogo Dialéctico: "Es ampliamente conocido que los gastos en investigación son los primeros en ser recortados cuando una corporación sufre dificultades económicas, presumiblemente porque la innovación tecnológica no tiene una compensación inmediata, mientras que incrementar la publicidad, los costos del trabajo y de los materiales, se reflejan de manera inmediata en la ganancia. (...) el horizonte de decisión típico de los gerentes es como mucho de tres a cinco años. Dado que la investigación a menudo no brinda retornos en ese período, es mayormente prescindible. Al mismo tiempo, los costos de la investigación a largo plazo son socializados, cambiando el lugar de trabajo de empresas individuales a instituciones públicas como universidades e institutos nacionales. (...) Cuando esta investigación socializada se encuentra cerca de producir un producto con valor de mercado, las etapas finales de desarrollo vuelven a manos privadas a fin de asegurarse su exclusiva propiedad” (1985: 201).

Ante este panorama, resulta llamativa la reciente declaración del grupo CyTA ante la denominada “Crisis del CONICET”. En dicho documento contraponen lo que denominan “década de crecimiento” vs. las gestiones de Ceccato y Barañao bajo la presidencia de Macri. Uno de los elementos más destacados del texto es la ausencia de todo intento de explicación argumentada. Recordemos que Ceccato fue convocado por Lino Barañao y designado secretario de Articulación Científico Tecnológica con la creación del Ministerio de Ciencia a fines de 2007, y se mantuvo allí durante los dos mandatos de Cristina Kirchner.

Esa continuidad, lejos de pensarse a partir de “proyectos estratégicos” comunes, es presentada, en el relato kirchnerista, enviando a los dos díscolos a la larga lista de “traidores”. Tampoco explican que parte del crecimiento añorado se asentó sobre condiciones laborales precarias, las becas, que fue el punto de apoyo del macrismo para iniciar el recorte. Mucho menos, hacen referencia a que el “escuálido presupuesto” otorgado bajo el macrismo para el sector, fue votado por decenas de legisladores del Frente para la Victoria, apoyo sin el cual no podría haber sido aprobado. En este marco de “datos” no tenidos en cuenta (error garrafal de cualquier investigador científico), hay algo que el texto sí descubre y que tiene valor explicativo.

En el marco del lamento por el “abandono” del PAI 2020 - que como vimos, no ha sucedido del todo-, aclaran que “de los casi 20.000 investigadores que el país debía formar con ese fin, una pequeña parte (sic) sería absorbida por el CONICET”. Una pequeña muestra de que el objetivo de ese plan no radicaba en la ampliación del CONICET, sino en una reorientación de la política científica hacia los capitales privados. Luego de este conjunto de olvidos y confesiones, el documento de CyTA llama a la “defensa del organismo” que, a esta altura y sin ninguna discusión sobre la orientación de la política científica, no se sabe qué significa.

Los trabajadores del sistema científico tenemos la capacidad de redirigir nuestros esfuerzos hacia los intereses de la sociedad, y de plantear una política científica alternativa al modelo neoliberal actual. Es necesario volver a poner en pie la discusión sobre la orientación de la política científica desde una perspectiva anticapitalista, donde tengan lugar trabajadores y trabajadoras, pueblos originarios, comunidades afectadas por la megaminería, el extractivismo y los agrotóxicos, minorías sexuales y todos los invisibilizados por el discurso dominante, de modo que el conjunto del pueblo forme parte de la decisión acerca de las finalidades y la estrategia de la construcción de conocimiento científico.

"No podemos defender la ciencia como es (...) debemos abrir la ciencia a quienes han sido excluidos, democratizar su estructura autoritaria, modelada sobre la de una corporación e insistir en una ciencia cuyo objetivo sea la creación de una sociedad justa compatible con una naturaleza rica y diversa", afirmó el científico Richard Levins hace ya varios años. La democratización radical del régimen de gobierno de los organismos de Ciencia y Técnica, tópico ausente en quienes hablan de “ciencia soberanía”, es una discusión de primer orden que está indisociablemente ligada a la lucha por una ciencia al servicio de una vida digna de ser vivida.








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