PROFESORES

La corrupción tras los fondos SEP: docentes son los más perjudicados

Esta semana Jaime Gajardo salió a denunciar el uso indebido de los fondos SEP que entrega el Estado a los establecimientos educacionales, lo que en la actualidad no representa nada nuevo, si no que la continuidad de una política de las municipalidades y corporaciones municipales, de clara corrupción.

Melissa Navea V

Psicóloga

Sábado 24 de diciembre de 2016

El desvío de los recursos SEP como una práctica habitual

La Subvención Escolar Preferencial (SEP) según declara el MINEDUC son recursos económicos destinados para mejorar la calidad de los establecimientos educacionales en pos de mejorar la condiciones de aprendizaje de estudiantes. Este financiamiento, se destina principalmente en la contratación de directivos, docentes y asistentes de la educación; junto con un plan de mejoramiento educativo (PME), todo con el fin de otorgar más herramientas para ayudar y estimular los aprendizajes de estudiantes desde. Más del 85% de las escuelas y liceos de enseñanza regular diurna (el total de municipales y 2 de cada 3 particulares subvencionados) reciben está subvención especial de parte del Estado.

En el 2012, un informe de la contraloría revelaba cómo municipios y corporaciones municipales muy por fuera de invertir los recursos en mejorar la calidad de la educación hacían mal uso, o simplemente demostraban tener un vacío de millones de pesos que no fueron destinados a entregar igualdad de oportunidades en educación. Entre esos montos destacan $25.559 millones que desaparecieron en lo que reportajes denunciaron cómo un “nuevo foco de corrupción”.

Ya en el 2014 el Contralor de la República acusó una “cultura del despelote” en la rendición de cuentas de los fondos SEP en el sector municipal. Ante la Comisión Investigadora de la Cámara de diputados, reveló que un 60,45% de los recursos fueron gastados en fines distintos a los autorizados por la ley. Entre ellos, saldos de recursos que no se invirtieron, además de confirmar una denuncia ante el Ministerio Público por una posible malversación de fondos de $2.975 millones. Al final de cuentas, con una ley despachada por el Congreso Nacional, se les otorgó un “perdonazo” a los municipios y alcaldes infractores, por lo que las investigaciones y sanciones quedaron en nada.

La izquierda diario Desvío de recursos SEP y las condiciones de trabajadores y profesionales de la educación

Ante la corrupción son los estudiantes y trabajadores los perjudicados

Esta semana Jaime Gajardo, el aun actual presidente del Colegio de Profesores de Chile, salió a denunciar la mala administración de los fondos de la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) por parte de los municipios, acusando que estos se destinan a “otros asuntos que no tienen que ver con la formación primaria”. Además aseguró que esta situación irregular es la que ha provocado que la educación pública tenga menos matrícula.

Pero los desvíos de recursos por parte de las municipalidades y corporaciones municipales no solo han afectado a millones de niños, niñas y adolescentes y sus familias, sino que también han sido causales de la precarización y desocupación de millones de docentes y asistentes de la educación.

En la actualidad la ley señala como tope máximo de horas a contrata el 20% de la dotación de docentes por comuna, contemplando multas a los municipios que excedan este porcentaje. Sin embargo, en cifras del MINEDUC, el 40% de los profesores está a contrata bajo ley SEP, es decir desempeñan labores docentes transitorias, experimentales, optativas, especiales o de reemplazo de titulares, por lo que no tienen derecho a acceder a los beneficios del estatuto docente, ni estatuto administrativo, reajustes salariales, bonificaciones (proporcionales, reconocimiento profesional), entre otros derechos. Lo cierto es que la mayoría realiza labores docentes permanentes, es decir, deberían pasar a ser titulares, algo que no sucede.

Que el directorio del Cdp se proponga defender a los trabajadores

Este 2017, el Gobierno ya no estará a la cabeza del gremio. Luego de las últimas elecciones será Mario Aguilar, parte de la autodenominada “disidencia” quienes dirigirán el CdP a nivel nacional. A pesar de llevar más de 10 años en el directorio, Aguilar se propone una gestión distinta a la de Gajardo (PC), que poco hizo ante una realidad que recién ahora sale a denunciar con más fuerza. Ante esto es fundamental la exigencia que se pueda hacer desde las bases ante las problemáticas como la precarización laboral y sus diversas aristas, y la desmunicipalización.

Todo lo anterior da cuenta de que las escuelas municipalizadas no pueden seguir siendo administradas por los municipios, la estabilidad laboral de profesores y asistentes de la educación no pueden depender de un alcalde, y debe hacernos ruido una ley que traspasa recursos públicos a sostenedores casi automáticamente, sin mayor fiscalización.

Son estos temas los que no están siendo abordados dentro del actual proyecto de “desmunicipalización” o “nueva educación pública” del gobierno de la Nueva Mayoría, el cual por el contrario pareciera que ha tenido como principal foco en los últimos años, aumentar el agobio laboral no dando su brazo a torcer con la exigencia del 50/50, o con la recientemente aprobada Nueva Carrera Docente que en su momento contó con un 97% de rechazo desde las bases, pero que fue aprobada ante la nula respuesta de los dirigentes nacionales que respaldaron al Gobierno de la Nueva Mayoría.

Ante esta realidad es urgente una verdadera desmunicipalización de la educación que sea impulsada y discutida desde las bases, que se proponga entre otros puntos, terminar con la externalización y el subcontrato para que todos los trabajadores de la educación tengan contrato de funcionario público, y tomar en sus manos la recuperación del organismo al servicio de defender sus derechos como trabajadores y trabajadoras.

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