Política

REPRESIÓN Y CRISIS

La batalla del Congreso y las urgencias represivas de Macri y Bullrich

En un operativo inédito en la historia reciente argentina el Gobierno buscó que se vote la reforma previsional con un Parlamento sitiado por la Gendarmería y la Policía Federal. Postales de lo que vendrá.

Daniel Satur

@saturnetroc

Viernes 15 de diciembre de 2017 | 03:17

Fotos Enfoque Rojo

Reiteradamente se dijo desde este sitio, desde el Frente de Izquierda y desde diversos sectores que es imposible que el ajuste que propone Mauricio Macri pase (al menos en sus partes sustanciales) sin represión. Los hechos de este jueves alrededor del Congreso Nacional no sólo confirman esa sentencia sino que dejan en claro que la represión no es un recurso al que el Gobierno apela para subsanar una crisis circunstancial sino que es un elemento primordial de la gestión Cambiemos y es indisociable de cualquier paso que quiera dar para consumar sus planes.

Sin embargo, no es parte de los planes oficiales el cálculo de las consecuencias que esa represión puede tener, sobre todo para ellos mismos. Lo que ayer hizo el Gobierno fue, lisa y llanamente, dispararse un tiro en el pie.

Por eso en el anochecer de esa intensa jornada se podían escuchar balances tan disímiles de parte de miembros de la misma coalición de gobierno. De un lado, la diputada Elisa Carrió afirmaba que “no se necesitaban tantos gendarmes” y que para ella “la ministra de Seguridad tiene que pararla”. Del otro lado, el diputado Eduardo Amadeo confesaba sentirse “muy orgulloso de la defensa que hizo la Gendarmería del Congreso”. En el medio, el diputado Nicolás Massot (heredero del empresario genocida de Bahía Blanca Vicente Massot) ensayaba una poco convincente autocrítica y auguraba sumarios para quienes hayan cometido “excesos” en el operativo.

Quien brilló por su ausencia durante todo el jueves fue Patricia Bullrich, nada menos que una de las protagonistas centrales de lo que ocurrió en las calles del centro porteño. Con decir que todos los días la ministra de Seguridad escribe en Twitter, así más no sea una estupidez, y ayer sus seguidores se vieron privados de leer aunque sea una sola de sus siempre interesantes reflexiones.

De todos modos se puede asegurar que, pese a no hacerlo públicamente, ayer Bullrich habló mucho. Sobre todo con sus subordinados de las fuerzas represivas federales, las que saturaron desde temprano con más de mil efectivos las calles aledañas al Parlamento.

Ayer, al ver la marea verde oliva pertrechada frente al Congreso disparando desenfrenadamente balas de goma, gases lacrimógenos y gas pimienta, en muchas cabezas resonaron las definiciones dadas por Bullrich el 16 de agosto en el mismo Congreso, durante la interpelación del Senado por el caso Maldonado. “No voy a tirar a ningún gendarme por la ventana”, había asegurado la ministra, ya que necesita a esa institución “para la tarea de fondo que está haciendo este gobierno”. La provocación de poner a la misma fuerza involucrada en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado a “atender” la parte más represiva del operativo de ayer, fue un mensaje claro y directo.

El palacio y la calle

El Congreso nacional amaneció blindado por un descomunal operativo de las fuerzas represivas más duras con las que cuenta hoy el Estado (Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria). Desde el mediodía esas fuerzas comenzaron un derrotero de violencia que duraría casi hasta la noche, transmitido en vivo y en directo por todos los medios, incluso aquellos más afines al macrismo.

Las órdenes generales emanadas del Ministerio de Seguridad fueron claras. Combinadas con las órdenes parciales de los jefes de cada fuerza y con las ganas de reventar gente que ostenta cada uniformado, el afán represivo se desarrolló a pleno.

El saldo fue inusitado. Además de manifestantes, entre los heridos, gaseados y baleados hubo diputadas y diputados, periodistas, fotógrafos, gente que salía de trabajar e incluso gente sin techo que vive las veredas del barrio de Congreso. Según la información oficial difundida al final del día, hubo una veintena de personas heridas (número mentiroso ya que los móviles de TV mostraron a muchísimas más personas afectadas) y 10 policías con lesiones.

Por el lado de las detenciones, oficialmente se difundió que 35 personas fueron llevadas a diferentes dependencias policiales. Pero a la medianoche organismos de derechos humanos organizaron la centralización de las denuncias y el recorrido por las comisarías, confirmando a 38 personas en esa condición. Al mismo tiempo se procuraba dar con el paradero de otras que eran buscadas por familiares y amigos.

Quien tenga un poco de edad y de memoria recordará que ni siquiera el 20 de diciembre de 2001, pese al estado de sitio y a la voluntad asesina de De la Rúa, las fuerzas represivas tuvieron un nivel de despliegue tan masivo en una geografía tan acotada. Las vallas instaladas desde el día anterior y el millar de hombres y mujeres con armas, cascos, bastones y móviles apostados alrededor del Congreso configuraron una escena cuyas fotografías difícilmente encuentren similares en otros momentos graves de la realidad nacional, al menos desde 1983 a la fecha.

Que acontecimientos represivos anteriores hayan terminado con muertos o con una cantidad de heridos mayor a la de ayer, no le quita gravedad al operativo desplegado para impedir que una masiva movilización llegara al Congreso a repudiar el plan de hambre y miseria del Gobierno. Y mucho menos le quita méritos a Patricia Bullrich, quien en tiempo récord ya se ganó un peldaño en el podio de los funcionarios más criminales de los gobiernos constitucionales que ocuparon la Casa Rosada en los últimos 34 años.

Una lectura poco filosa podría hacer creer que a Macri y a su Gabinete (y especialmente a su ministra de Seguridad Patricia Bullrich) las muertes de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel en sendos operativos represivos de Gendarmería y Prefectura en la Patagonia les importaron muy poco. Hilando fino, esos crímenes de Estado fueron dos capítulos brutales de una trama compleja en la que desde el Estado se pretende descargar los costos del ajuste sobre las espaldas del pueblo trabajador.

Si la reaccionaria Carrió, que justificó cuanta represión a la protesta social hubo en los últimos años (incluyendo las llevadas a cabo por los gobiernos kirchneristas), dice que Bullrich debería parar un poco con tanta represión; quienes procuran el respeto a los derechos humanos y las libertades democráticas y rechazan el intento de este nuevo saqueo al pueblo trabajador deberían levantar ya misma la exigencia de la renuncia inmediata de la ministra de Seguridad y de sus subordinados con poder de decisión.

La caída de Bullrich, de Pablo Noceti, de Eugenio Burzaco, de Gerardo Milman y demás funcionarios es una cuestión de primer orden. De conquistarse, no sólo será un duro golpe para Macri y sus secuaces sino que sería un muy buen primer punto de apoyo para dar una pelea en serio contra los mil y un atropellos del Estado contra la clase trabajadora y el pueblo pobre.








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