Política

DICTADURA

La Plata: primeros y fuertes testimonios en el juicio a genocidas de la Brigada de San Justo

Relatos de sobrevivientes y familiares en las primeras tres audiencias del proceso donde se juzga a algunos responsables del centro clandestino de detención comandado por Camps y Etchecolatz.

Luján Echeverría

CeProDH | Zona Norte GBA

Sábado 8 de septiembre | Edición del día

El 13 de agosto dio inicio el debate oral y público por los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención Brigada de San Justo, en el que se juzga a 19 represores por un total de 84 casos de compañeros y compañeras.

El último miércoles, en la tercera audiencia de este juicio, el Tribunal Oral Federal N° 1 de la capital bonaerense escuchó nuevos testimonios.

Manfredi presente

La misma comenzó con el sentido recuerdo y el reconocimiento a Alberto Manfredi, en un aplauso que atravesó la sala de audiencias al grito de “compañero Manfredi presente, la Justicia ausente!”.

Manfredi brindó testimonio a sus 67 años, como sobreviviente de este centro clandestino, días antes de fallecer producto de una grave enfermedad, que no significó ningún límite en el valor de expresar frente a los jueces todo lo vivido durante su paso por allí. Contó que en 1978 se desempeñaba como fotógrafo independiente y, al momento de ser detenido, era integrante de la Junta Vecinal del Complejo habitacional 17 de octubre de La Tablada.

Un testimonio lúcido donde contó que por entonces era miembro del PCR y había sido delegado en La Cantábrica, metalúrgica de Haedo que llegó a emplear 8.500 trabajadores. Si bien ya no tenía actividad gremial continuó su militancia en la Junta Vecinal, donde se entregaban alimentos y funcionaban un jardín maternal y una salita de primeros auxilios. Esa tarea los llevó también al reclamo por los desaparecidos del barrio y la libertad de los presos políticos.

El edificio, que pudo identificar con posterioridad en la inspección visual, donde reconoció el calabozo, era la brigada de San Justo. Recordó el playón y una oficina que era utilizada como sala de tortura, donde los interrogaban de a uno o de a dos.

“El secuestro ocurrió cuando salíamos de una misa por el pedido de libertad de los compañeros desaparecidos, y era evidente que estábamos rodeados de efectivos policiales. Allí nos subieron a unos autos, a mí, a un Ford rojo… durante la detención, escuchábamos los gritos y sonidos de la escuela que está al lado. Eran terribles los resultados de la tortura en los días que estuve detenido. Si, recuerdo que había alguien que controlaba que no se pasaran de la tortura, de picana”, expresó Manfredi.

También recordó a uno de sus secuestradores con el apodo de “Víbora”, que no es otro que el cabo de la Brigada Rubén Alfredo Boan. Y concluyó: “En estos 40 años uno ha ido pensando lo justo y lo injusto de algunas cosas, lo necesario de hacer justicia. Hoy tienen la posibilidad porque tienen a los responsables que tuvieron participación genuina en hechos que le hicieron muy mal a su pueblo”, en clara alusión a los responsables ideológicos y beneficiarios económicos que tuvo el genocidio.

Alberto Manfredi deja su vida sin ver condenados a sus torturadores. Otra víctima de la impunidad.

Hermanas de sangre y de lucha

Durante la misma jornada, también se escucharon los contundentes testimonios de las hermanas María y María José Lavalle Lemos, hijas de Mónica Lemos y Gustavo Lavalle.

María relató que a fines del año 1975 sus padres se instalaron en un barrio de José C. Paz. Su padre conoció las tareas sociales y poco después se acercó a participar en Montoneros mientras Mónica, su madre, era activista en el Centro de Estudiantes de la Universidad. A fines de ese mismo año ya no tenían actividad política, pero continuaron con una importante actividad social.

“Dejaron una marca muy profunda en los vecinos, los chicos del barrio entraban y salían de la casa, un lugar de puertas abiertas, pero todo cambió cuando fue nuestro secuestro”, dijo María. Y agregó que “el 21 de julio del 77 es el operativo, nos secuestran. Mi mamá estaba embarazada de ocho meses. Se sentían golpes, que se revolvían cosas, se escuchaba bastante porque era descampado. Al principio los vecinos creían que se trataba de un robo. Y cuando salen ven que hay un camión grande como del Ejército y personas vestidas con ropa de fajina. Así fue como fuimos trasladados a Brigada de San Justo. Por aquel momento mi abuelo hizo una presentación de habeas corpus”.

Pasada una semana, María fue devuelta a la familia de una manera muy particular: una llamada telefónica anónima que es atendida por su abuelo paterno, “si quiere volver a ver a su nieta” y le pasaron la dirección de unos vecinos de los abuelos maternos, mudados hacía muy poco a Haedo, lo que confirma el seguimiento que venían haciendo a la familia.

María en su relato describió con precisión el estado traumático que vivió en ese tiempo, con miedo a los uniformes policiales y las sirenas. “Estaba en shock, no reconocía ni la casa ni a nadie, en mal estado de salud, la mirada perdida. Poco a poco van intentando hacer que reaccione, me dan un baño. A partir de ahí comencé a vivir con mis abuelos porque yo era muy chica cuando empecé a hablar. Tenía miedo, por ejemplo cuando veía a una persona uniformada, a las gorras de la policía, gritaba, la gorra la gorra”.

La búsqueda de sus padres y hermana la continuó su abuela materna, Haydé Vallino, cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. Gracias a la información de Liliana Zambano, ex detenida desaparecida, se pudo determinar que hasta septiembre del 77 Gustavo y Mónica estuvieron en la Brigada y luego fueron trasladados al CCD Pozo de Banfield, donde Mónica dio a luz a su hermana, María José.

La pareja fue desaparecida y la beba apropiada en San Justo, por la sargento de la Bonaerense María Teresa González y su pareja Nelson Rubén, quienes fueron condenados a tres años de prisión en suspenso.

María José recuperó su identidad en 1987. En su testimonio remarcó las dolorosas secuelas de la apropiación: “Nos conocimos con mi hermana en el 87 y vivimos juntas en la casa de mi abuela materna, siempre fue muy difícil. En mi adolescencia era un tema que no se hablaba mucho, era difícil decir, en la sociedad no se contaba mucho”.

También relató la violencia que vivió al lado de su apropiadora, la sargento González, quién siempre alardeaba de lo que había hecho con los “subversivos”. “Vidal había atendido mi parto, y esto surge en la causa por mi apropiación. González estuvo en el parto y se la puso en su pecho para que sienta su olor y no el de su mamá”, declaró.

Y fue categórica al expresar que “los tres casos de apropiación son de matrimonios que fueron secuestrados por la Brigada de San Justo y nosotras fuimos apropiadas por ellos. Como es el caso de Paula Logares y Victoria Moyano Artigas. Había una estrecha relación entre los apropiadores y la brigada de San Justo”.

El cierre de la jornada fue con el testimonio de Nancy Rizzo, hija del obrero y dirigente gremial José Rizzo, secuestrado y desaparecido en noviembre de 1976 y cuyos restos fueron identificados por el equipo de Antropología Forense en 2009.

Nancy solo tenía doce años cuando los represores irrumpieron y se llevaron a su padre de la casa en la que vivían con su madre y tres hermanos. Recuerda a José como una persona solidaria y combativa. Su desaparición desarmó a la familia.

Nancy se presentó ante el Tribunal con las cenizas de su padre en una urna de madera y sentenció: “No es morbo, mi papá está acá presente (...) Esperé 42 años este momento, y ustedes van a decidir si creí en la justicia es en vano o no, no me defrauden, quiero que me prometan que van a ser justicia de verdad”, exigió mientras los jueces esquivaban la mirada.

María Luz Santos Morón, abogada querellante de Justicia Ya! La Plata junto a María Victoria Moyano Artigas, querellante

Más hermanos

Durante la última audiencia, del miércoles 5, fue el turno de los hermanos Fernández, Marcela y José Gabriel. Sus hermanos mayores, Jorge Luis y Juan Alejandro, fueron secuestrados durante un operativo el 19 de setiembre de 1977 y llevados a la Brigada de San Justo.

Alejandro, de 17 años, era delegado de la UES y junto con Jorge, de 16, alfabetizaban a los chicos del barrio de la villa, hacían huerta, talleres. Educados bajo la religión católica, tanto los directivos del colegio religioso al que asistían, como la Iglesia católica de conjunto les dieron la espalda a los familiares cuando acudieron desesperadamente en busca de ayuda.

Ambos hermanos continúan desaparecidos.

“Mi madre todavía los espera”, afirmó Marcela. Y concluyó: “A Etchecolatz le quiero decir que Chicha ya no está pero que a Clara Anahí las vamos a seguir buscando. Que tengan un poco de conciencia, si son tan católicos, que digan dónde están los niños. Quiero justicia, cárcel común efectiva y perpetua”.

A su turno Gabriel agregó: “La justicia se nos ha negado durante 41 años, la justicia que necesitamos es una justicia que pueda reconstruir todo este daño se hizo. Por mis hermanos, mis viejos, por los 30 mil compañeros desaparecidos. Y por toda esa juventud que hoy tienen que tener derecho a expresarse, a la libertad.”

También declaró Herman Von Shmeling. Su padre y hermana fueron desaparecidos en el año 77 en la localidad de Castelar. El padre, Herman, era militante montonero y hacía trabajo barrial. Ya en el 76 estuvo detenido desaparecido y luego liberado. La hermana, Sonia, era militante de la UES.

Otros miembros de la familia Von Shmeling también fueron secuestrados y torturados por varias horas en los días posteriores al secuestro de Herman padre. Herman y Sonia están desaparecidos.

Uno de los testimonios más crudos, y que ha sido de mucha importancia para los familiares de quienes fueron secuestrados, torturados y desaparecidos en Brigada de San Justo, fue el de Adriana Martín, militante de la UES, quien con apenas 15 años fue detenida y secuestrada en dos oportunidades en diciembre del año 76 y setiembre del 77.

Siguen amparando la impunidad

Todos estos testimonios dan cuenta de que el Estado sigue amparando la impunidad. Por la Brigada de San Justo pasaron más de cien compañeros identificados con nombre y apellido.

Sin embargo, después de 40 años, sólo se juzga a algunos genocidas por algunas de las víctimas. Desde el Poder Judicial la impunidad es garantizada por medio de la demora y negación a elevar a juicio las causas, el rechazo a las ampliaciones de las denuncias y, sobre todo, el fraccionamiento de las causas.

Recordemos que este centro clandestino de detención funcionaba de forma articulada con otros del conurbano, donde es evidente la coordinación de diferentes fuerzas, traslado de personas detenidas y que varios de los imputados en esta causa también lo estén en otras del mismo circuito represivo.

El mismo no sólo ha sido un lugar de “fichaje”, por lo que todo lo que se investiga en esta instancia es insuficiente cuando hay pruebas para demostrar su rol inclusive previo al golpe genocida, ya en el año 75, donde en el marco del Plan Cóndor actuaban conjuntamente fuerzas uruguayas y argentinas.

De los testimonios se desprende que, al menos en tres casos, los genocidas que se apropiaron de bebés nacidos en cautiverio en el Pozo de Banfield revistaban en la Brigada de San Justo. Y de este CCD, precisamente, habían sido trasladadas las jóvenes madres al Pozo de Banfield.

Sin embargo, como denuncia la nieta restituida María Victoria Moyano Artigas, querellante en esta causa y quien dará su testimonio el próximo 19 de septiembre, “en este juicio no hay ninguna imputación por apropiación de niños, en el marco del Plan Sistemático de robo de bebés”.

Los veinte acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en este centro clandestino se negaron a declarar en la segunda audiencia, que se celebró en el juicio en el que son juzgados por su accionar. De hecho fueron autorizados a no presenciarlas y vienen siguiéndolas a través de teleconferencia.

Entre ellos se encuentran el ex coronel del Ejército Rodolfo Enrique Godoy y el ex policía de la Bonaerense Alejandro Menichini quienes pasan sus días en Mar del Plata contando con el beneficio de prisión domiciliaria y quienes solo obtuvieron permiso de la Justicia para acudir a la sede judicial marplatense para presenciar desde allí el juicio que se les sigue en La Plata, quienes en medio de un cuarto intermedio además salieron a disfrutar del privilegio de tomarse un café a un local del centro de la ciudad balnearia . Oportunamente, las querellas solicitaron se informe quién autorizo esa salida.

Entre ellos se encuentran el excoronel del Ejército Rodolfo Enrique Godoy y el expolicía de la Bonaerense Alejandro Menichini, quienes pasan sus días en Mar del Plata contando con el beneficio de prisión domiciliaria y quienes solo obtuvieron permiso del Poder Judicial para acudir a la sede judicial marplatense para presenciar desde allí el juicio que se les sigue en La Plata, y en medio de un cuarto intermedio además salieron a disfrutar del privilegio de tomarse un café a un local del centro de la ciudad balnearia.

Oportunamente, las querellas solicitaron se informe quien autorizo esa salida. Desde la querella de Justicia YA! y la fiscalía solicitaron la revocación de las prisiones domiciliarias de Godoy y Menichini.

Por estos hechos fueron imputados integrantes del Ejército, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y miembros del gobierno civil a cargo de la provincia. Ellos son Rodolfo Enrique Godoy, responsable del Área 114; Roberto Armando Balmaceda, Jorge Héctor Di Pasquale, Ricardo Armando Fernández, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Carlos del Señor Hidalgo Garzón y Carlos María Romero Pavón, quienes integraron el Destacamento de Inteligencia 101; Miguel Osvaldo Etchecolatz, responsable de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires; Alejandro Alberto Menichini, Juan Carlos Ojeda, Leopoldo Luis Baume y Roberto Armando Félix, a cargo de la Brigada de Investigaciones de San Justo; Héctor Horacio Carrera, Rubén Alfredo Boan, Raúl Carballo, el médico Jorge Héctor Vidal y Ricardo Juan García, quienes se desempeñaron en el lugar y participaron directamente en secuestros y torturas.

Finalmente, los abogados Jaime Lamont Smart y Juan María Torino facilitaron los recursos desde su desempeño en el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La lucha sin descanso de estos familiares, sobrevivientes junto a organismos de derechos humanos, contra la impunidad de ayer y por el juicio y castigo a todos los genocidas por todas las compañeras y todos los compañeros, va de la mano de la lucha contra impunidad y la represión de hoy.

Ellos mismos son los que han llevado adelante su propia investigación, aportando pruebas, poniendo el cuerpo, y en más de 40 años las distintas variantes han demostrado interés en el avance por el juicio y castigo a los genocidas.

El próximo miércoles no habrá audiencia por el paro de judiciales. Las audiencias públicas se reanudarán el miércoles 19, en el TOF N° 1 de la ciudad de La Plata de calle 8 entre 50 y 51. Es necesario para presenciarlas ser mayor de edad y concurrir con DNI.







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