Política

OPINION

La Plata: la tensión entre Garro y Kicillof lejos de las necesidades de las grandes mayorías

El intendente platense Julio Garro afirmó que los comercios y las empresas “no resisten un mes más” si no se flexibiliza la cuarentena. Mientras tanto, la curva de contagios se acelera en la ciudad. Se tensa la relación con la gobernación.

Jueves 18 de junio de 2020 | 10:07

Con acuerdo del gobierno de Axel Kicillof, la capital bonaerense viene habilitando la apertura de industrias, comercios y algunas actividades con la intención de reactivar la economía, en los que es un fuerte reclamo de los intendentes bonaerenses, en su mayoría de Cambiemos, con el objetivo de manejar la flexibilización de la cuarentena con mayor autonomía y mantener al empresariado y a la clase media en buenos términos y en calma.

En declaraciones que realizó a varios medios, el intendente platense Julio Garro brindó un panorama general sobre cómo se encuentra la ciudad en medio del aislamiento preventivo, social y obligatorio, repasando algunas de las medidas tomadas desde su gestión; su mayor preocupación, y así lo manifiesta frente a cada micrófono, es la necesidad de la apertura comercial.

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Garro, como otros jefes comunales, elevó al gobierno provincial todos los protocolos y planificaciones requeridas para la reapertura gradual de actividades, manifestando que no recibió ninguna repuesta aún. En un evidente tono opositor señaló que “no conseguimos ni un sí ni un no, la indefinición es muy dañina”. El intendente local busca ubicarse como representante de los comerciantes y sectores de profesionales que vienen sufriendo la crisis económica, profundizada por la pandemia.

Este reclamo de mayor apertura se da en el marco de un acelerado aumento de las personas de Covid- 19 que ya superan los 350 casos, siendo una de las diez ciudades de la provincia más afectadas.

Sin embargo, no hubo (ni hay y seguramente no habrá) mención alguna sobre la realidad de los miles de trabajadores y trabajadoras precarizadas e informales que deben salir a conseguir algún sustento, exponiéndose al contagio o conformándose con la mísera ayuda estatal (si es que le llega); ni a la realidad de cientos de barrios vulnerables que vienen padeciendo la desidia estructural desde hace décadas, situación que la pandemia expuso de manera brutal, como la falta del acceso al agua potable. Un derecho tan básico que los 24 años de mandato peronista (16 bajo el mandato del actual ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia Julio Alak) y los 5 años que van de gobierno macrista no se han molestado en resolver.

La apertura de comercios y la tensión Kicillof- Garro

"Nos estamos adaptando a esta nueva etapa, en la que estamos aprendiendo a convivir con el virus. Por eso los empresarios, industriales y comerciantes que están habilitados deben adecuarse a las nuevas normas de trabajo, con protocolos de sanidad rigurosos para cuidar la salud de sus trabajadores y evitar contagios", es la constante en el discurso del jefe comunal en las últimas semanas y sobre esta base diseña las medidas. Por el momento fueron habilitadas fábricas de autopartes, cables eléctricos, premoldeados de hormigón, ladrillos, pinturas, membranas y adhesivos.

La exigencia al gobierno provincial de un decreto que permita la apertura del comercio barrial es lo que más preocupa al municipio y no puede pensarse por fuera de los intereses políticos de ubicarse como referente de la oposición. Garro busca canalizar la preocupación de los comerciantes, sector con un peso fuerte en la economía de la ciudad, a pesar del crecimiento de la curva de contagio, como si eso fuese suficiente para evitar la crisis y hasta la quiebra de cientos de comercios locales.

El intendente se hace eco de la idea del gran empresariado, que sostiene que si la cuarentena se levanta todos volverá a la normalidad. De esta manera disputa el apoyo de las pequeñas empresas y comerciantes al borde de la quiebra y de quienes viven con lo que ganan al día. Pero los despidos y las pérdidas de poder adquisitivo no se recuperarán de esta manera. Los comercios que se mantuvieron abiertos, están vendiendo muy debajo del 50% de lo que vendían previo a la cuarentena.

Por eso, no hay eximición de tasas, medida aprobada por el Concejo Deliberante, ni la apertura comercial que sea suficiente para dar una solución real al sector. Se necesitan medidas de fondo que empiecen por afectar las ganancias de los que realmente concentran las riquezas y recursos del país como es un impuesto a las grandes fortunas.

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Pero el gobierno se niega a avanzar de forma concreta en la discusión y Cambiemos se pronunció en contra a pesar de que permitiría, entre otras cosas que el Estado otorgue un acceso real a los créditos a tasa cero para pequeños comerciantes.
No hace falta decir que esta situación repercutió en cientos de despidos y suspensiones de trabajadores. Casos como la confitería París, el bar Islas Malvinas; trabajadores de la República de los Niños (en estos dos últimos casos el municipio es parte responsable al estar bajo su órbita la concesión) como de los comercios de comidas rápidas y de Apps son algunos conflictos que reflejan la crisis en la ciudad.

Es más, desde el propio municipio se denunció penalmente al Ministerio de Trabajo bonaerense a raíz de un conflicto por 47 despedidos de un centro de atención telefónica municipal al inicio de la cuarentena y por el cual se los había intimado a reintegrar a los trabajadores, tensando aún más el vínculo municipio – Provincia.

La otra ciudad

La preocupación de Garro por la crisis comercial y de las Pymes de la región contrasta con el silencio sobre la precarización y pobreza que golpea a cientos de miles de platenses.
Tomando los datos del Indec, correspondientes al último semestre de 2019, en la región del Gran La Plata había 70.986 hogares bajo la línea de la pobreza (22%), lo que reúnen a 271.678 personas (30,6% de la población local). Y si hablamos de indigencia, 16.100 hogares se encontraban en esa situación (5%), siendo 67.031 personas (7,6%). A septiembre del mismo año, la desocupación ya superaba el 10%.

Y si hablamos de la vulnerabilidad de los barrios, según los últimos datos brindados por la organización Techo y el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) indican que hay 188 barrios populares en la región: 152 en La Plata, 18 en Berisso y 17 en Ensenada. La mayoría formados entre los años 1960 y 1980 pero fue a partir de la década del 90 que se intensificó su crecimiento.

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"De a poco la economía local se empieza a reactivar, y por lo tanto, miles de platenses vuelven a sus puestos de trabajo", reitera el intendente una y otra vez, pero no hay mención alguna sobre el otorgamiento de un salario de cuarentena para aquellas personas que deban cumplir el aislamiento obligatorio y no posean licencias pagas o no tengan ingreso alguno, como viene planteando el Frente de Izquierda.

Las acciones para reclamar contra los despidos, por el pago de los salarios adeudados o ante la incertidumbre en la continuidad laboral han expuesto una crisis muy profunda en la ciudad: los miles de trabajadores y trabajadoras que viven en la informalidad y la precariedad, con la soga al cuello día a día.

En el Gran La Plata, las personas inscriptas para en el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y que tuvieron su aprobación son más de 52.000. Mientras algunos aún no han cobrado la primera parte a casi tres meses de iniciada la cuarentena, empresas como MacDonalds fueron subsidiados por el Estado nacional cuando es sabido de sus ganancias millonarias; beneficios de clase que le dicen…

Al mismo tiempo los trabajadores organizados en cooperativas continúan con salarios por debajo de la línea de indigencia, con un sueldo de $8.500, trabajando con pocos o casi nulos elementos de protección personal, siendo parte de los considerados trabajadores esenciales. Gran parte de ellos se encuentran nucleados en organizaciones sociales que han montado ollas populares en los barrios para paliar la situación. Según un relevamiento de la organización barrial Bombas Pequeñitas en la región del Gran La Plata ya hay más de 100 ollas populares; el virus avanza al igual que el hambre.

El aumento salarial acorde a la canasta básica es una de las exigencias del sector desde el inicio de la gestión de Garro en la ciudad, obteniendo como respuesta rápida la represión. Recordemos lo fue el ataque policial en enero de 2016 en el inicio de su gestión, luego de cesantear a 4.500 personas.

Una política muy arraigada que siguió gran parte del año pasado con los violentos desalojos de las ferias en las plazas céntricas (en su mayoría compuestas por mujeres) como contra la comunidad senegalesa, que solo cuentan con la venta callejera como único medio de subsistencia; hace pocos días fue detenido brutalmente un joven senegalés en inmediaciones del centro platense. Un mecanismo sistemático de hostigamiento y persecución por parte del intendente de Juntos por el Cambio como de la maldita Policía bonaerense, hoy bajo la mano dura del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, quien pareciera tener rienda suelta para actuar a su gusto.

Desde el inicio de la cuarentena, tanto el Gobierno nacional como los gobiernos provinciales y municipales resolvieron que las fuerzas represivas patrullen las calles para aleccionar a la población a cumplir la cuarentena.

Queda claro que las tensiones con el gobierno provincial responden a intereses ajenos a los que tienen la mayoría de la población que está sufriendo las consecuencias de las crisis social y sanitaria y para lo que no hay ninguna medida de fondo.







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