Géneros y Sexualidades

#NIUNAMENOS

La Oficina de Violencia Doméstica atendió a más de 116 mil personas en ocho años

El organismo de la Corte Suprema informó que cada año las denuncias aumentan y desde noviembre atienden casos de trata con fines de explotación sexual o laboral.

Julieta Azcarate

Congresal de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE)

Jueves 29 de diciembre de 2016 | 12:46

Los datos mostraron que la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), dependiente de la Corte Suprema de Justicia, recibió a 116.681 personas entre el 15 de septiembre de 2008 y el 15 de diciembre último.

Los equipos interdisciplinarios atendieron 76.093 casos, se realizaron 39.213 consultas informativas y 1.375 consultas extrajurisdiccionales.

En un comunicado, la OVD señaló que las denuncias por violencia han ido en aumento desde la creación del organismo.

Si bien el organismo firmó convenios con los superiores tribunales de 23 provincias, son los de Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Santa Cruz los que cuentan con sus propias oficinas de violencia doméstica.

En un reciente informe, la ONG Casa del Encuentro, también reveló datos alarmantes sobre violencia de género: entre 2008 y 2014 hubo 1.808 femicidios, y sólo entre enero y octubre de 2015, fuero 233.

Estos datos que se suman a los arrojados por la OVD, son alarmantes pero a la vez muestran una mayor predisposición de las mujeres a hacer visibles las situaciones de violencia.

A pesar de que organismos como la OVD señalen que "se incorporaron cuatro profesionales a los equipos de atención y dos administrativos, completando un plantel de 161 empleados”, que atienden las 24 horas, las políticas de estado para garantizar los derechos de las mujeres son completamente insuficientes. Una gran prueba de esto es que para el 2017 se va a destinar $4,45 por mujer del presupuesto nacional para combatir la violencia de género. ¿Acaso esto es suficiente para dar respuestas inmediatas a las mujeres en situación de violencia?

La proporción del presupuesto incluso no aumentó después de la sanción de la Ley de protección integral de violencia contra las mujeres en el año 2009.

Tanto en 2015 como en 2016 las marchas por Ni una Menos, contra los femicidios y la violencia hacia las mujeres, fueron masivas y las mujeres salieron por miles no solamente a mostrar la bronca y el hartazgo, sino también para exigir al estado medidas mínimas para responder a su situación, como creaciones de refugios, subdidios, planes de vivienda accesibles, licencias por violencia de género a nivel nacional.






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