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JUJUY

La Esperanza: el Gobierno finalmente reconoció los 338 despidos discriminatorios

En una audiencia solicitada por Silvio “Choper” Egüez, obrero despedido y referente del PTS-FIT, la administración del ingenio propuesta por Gerardo Morales y designada por el juez de la quiebra, Juan Pablo Calderón, reconoce los 338 despidos discriminatorios.

Agustín Comas

Abogado | CeProDH

Jueves 1ro de marzo | 07:43

Silvio “Choper” Egüez tiene 57 años, desde los 16 años que trabaja en el Ingenio La Esperanza, ubicado en la localidad homónima de Jujuy. Desde el 28 de noviembre, día que una escribana contratada por el Gobierno provincial junto con un móvil policial le fue a notificar a su casa que había sido despedido junto a 337 compañeros, se encuentra luchando por su reincorporación. Ya van 3 meses. En Jujuy, Gerardo Morales inauguró la modalidad de notificar despidos con la Policía, todo un mensaje de amedrentamiento a los trabajadores y sus familias.

Ayer, en una audiencia que solicitó ante la Justicia Laboral de San Pedro requiriendo su reinstalación, la Administración Colegiada del Ingenio La Esperanza le notificó que su despido -y el de los 337 trabajadores- había sido convalidado por el Juez de la Quiebra, Juan Pablo Calderón, desde el 7 de diciembre de 2017. La resolución se mantuvo oculta casi 3 meses hasta que el Gobierno de Jujuy se vio obligado a contestar. Antes se habían cansado de sostener cínicamente por todos los medios de comunicación que no se trataban de despidos sino de “traslados”. Una confesión lisa y llana.

La Administración Colegiada (AC) es un órgano que se encarga de administrar y gestionar el Ingenio, que fue propuesta por el Estado Provincial junto a sus integrantes también, y nombrada por el Juez de la quiebra del Ingenio La Esperanza. Entre los integrantes de la AC figura el hermano del ministro de Infraestructura, Luis Américo Rizzotti, el hermano del Juez Samman –quien ordenó la detención de 25 trabajadores con causas penales el 20 de diciembre-, Carlos Alfredo, que por sus servicios a Morales se embolsa 50.000 pesos por mes y José Alberto García, un contador que reviste en el partido radical y también percibe los beneficios.

Cuando por escrito se le pide explicaciones al Gobierno de Morales por los 338 despidos, responde que ellos no administran el Ingenio, pero públicamente hacen declaraciones como si fueran los dueños del mismo, y hasta firman acuerdos de venta directa, como hicieron a principios de diciembre del año pasado con el Grupo Omega. Jamás, los que se quieren manejar como dueños de la Provincia, pudieron explicar esta contradicción. Menos pudieron explicar cuál fue el criterio que eligieron para seleccionar a los 338 despedidos, ni una palabra de ello. Entre los despedidos se encuentran Silvio “Choper” Egüéz y Walter Farfán, referentes sindicales y políticos y candidatos del FIT en las últimas elecciones. La persecución política alcanza a los opositores en los despidos de La Esperanza.

Para la Administración Colegiada del Ingenio La Esperanza, como para el Gobernador Morales, así como para el Juez de la Quiebra del Ingenio, es lo mismo comprar una pala que despedir y dejar en la calle a 338 trabajadores. Así lo consideró Calderón en su resolución del 7D que además de ilegal es discriminatoria. Ambos sostienen que despedir a 338 trabajadores es un “acto de gestión ordinaria” dentro de la continuidad de la quiebra, que no requiere ni autorización judicial, ni discusión con el sindicato, y menos derecho de defensa de los trabajadores. Al lector desprevenido, le reiteramos que esto sucede en Jujuy, capital argentina de laboratorios de la represión y ahora de la xenofobia.

Podrá decir el Juez Calderón, que del pedido de despidos que propuso la Administración Colegiada le pidió una opinión a la Sindicatura y al Comité de Acreedores, y ambos no hicieron objeciones. Claro que el comité de acreedores está integrado por el Estado Provincial. Es decir, ante los 338 despidos que dispuso la Administración Colegiada que fue propuesta por el Gobierno Provincial, al comité de Acreedores que dirige el Gobierno Provincial, le pareció absolutamente legal y coherente. No se esperaba otra cosa. Esto fue suficiente para que Calderón considere avalar los despidos.

Para Morales y su Justicia los trabajadores no tienen voz ni voto

¿Pero qué opinión se les requirió o solicitó a los trabajadores o al Sindicato SOEA que agrupa a los mil trabajadores del Ingenio La Esperanza? Ninguna, para el Juez Calderón que los trabajadores o el Sindicato tengan algún mínimo derecho de defensa en la Jujuy de Morales es demasiado. Ya pasan por arriba de la Constitución al promover la xenofobia hacia los inmigrantes que se atienden en los Hospitales Públicos de Jujuy, de la misma manera lo hacen con los trabajadores, pasan por arriba de todos sus derechos constitucionales, laborales y humanos. No hay derecho de hablar ni de defensa para los trabajadores en Jujuy.

Cuando el SOEA planteó la inconstitucionalidad de la Ley 5929, que dispone una suerte de intervención del Gobierno Provincial sobre el Ingenio La Esperanza, el Gobierno de Morales le contestó al Sindicato de Trabajadores que no tenían legitimación alguna para representar a los trabajadores. Sostuvo que en virtud de la situación de quiebra del Ingenio La Esperanza el caso se rige por la normativa concursal, por lo que sus trabajadores ya no son representados por la organización gremial. Si pudiera, a Morales le encantaría barrer con todos los sindicatos en Jujuy. Por ahora se reserva esa propuesta.

Los trabajadores no se quedaron con los brazos cruzados y salieron a manifestarse. La represión del 21 de diciembre dejó el saldo de decenas de heridos y 25 detenidos, entre ellos la directiva del SOEA (Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar) y periodistas. Para no perder el camino de la ilegalidad, la Justicia los envío al Penal de Alto Comedero y allí estuvieron durante días sin que se los indague o procese. Un limbo legal que para la Justicia jujeña, cuya mandamás es la sanpedreña, ex diputada por la UCR, Clara Aurora De Langhe de Falcone, presidenta del Tribunal Superior de Justicia, ya se está haciendo algo corriente. En momentos definitorios del conflicto, la Justicia Jujeña dejó descabezado al Sindicato. Un símbolo de los planes de Morales en la Provincia. Y aunque fue escandaloso el actuar judicial, los trabajadores aún siguen procesados por la Justicia.

Chantaje a los trabajadores y liquidación del ingenio

Cuando a los trabajadores la policía tocaba sus puertas para notificarles los despidos, la notificación contenía una propuesta del Gobierno de Morales. Les ofrecía pagarle la indemnización, o a cambio un puesto en el Estado Provincial y un bono o un terreno. Las opciones, que ya de por sí son ilegales ya que no se puede “trocar” indemnización por “puesto de trabajo”, en realidad terminaron siendo una estafa.

Para cobrar la indemnización los trabajadores deberían ponerse en la larguísima fila de acreedores del ingenio, quizás algún día le llegue las migajas como siempre sucede con los trabajadores en las quiebras. Y las otras dos opciones, no fueron más que fuego de artificio de Morales. No hay un solo trabajador que haya aceptado esa opción y que hoy en día se encuentre trabajando en el Estado Provincial.

Pese a que Morales y su ministro de Desarrollo y Producción, Juan Carlos Abud Robles, se encargan de repetir una y otra vez, que no hubo despidos en el ingenio, la realidad es que hoy en día 338 trabajadores continúan en la calle. La mentira también es parte de la xenofobia y discriminación.

Todo este proceder irregular e ilegal en el despido de más del 30% del plantel de trabajadores del Ingenio La Esperanza, tiene por único fin liquidar el ingenio. Lo intentó Morales suscribiendo un acuerdo con un grupo el colombiano “Omega” a principios de diciembre de 2017. Pese a no ser “dueño” del Ingenio, Morales anunció la venta por U$S 85 millones con el plantel de 600 trabajadores que quedaron tras los despidos. La poca seriedad del inversor colombiano (con varias empresas Offshore), así como la Ley de Concursos y Quiebras impedían una venta directa, fueron motivos suficientes para que se cayera la misma.

Ahora el Juez Calderón, en una insólita e ilegal resolución, el 14 de febrero procedió a llamar a un “concurso de precios” para la venta del ingenio, y le encomendó al Gobierno Provincial que debía encontrar a los interesados para que hagan las ofertas. Todo en el módico plazo de cinco días hábiles. Las bases y condiciones (pliego) eran la oferta que había realizado el Grupo Omega. En esa resolución, a Calderón no le quedó artículo alguno de la Ley de Concursos y Quiebras por transgredir. Llamó a una venta por 5 días, sin publicar edictos, sin tener tasación, sin que exista el “concurso de precios” en la ley, y por la suma que había ofrecido Omega, que representa según la oposición un tercio del valor real del Ingenio. Todo al revés de lo que sostiene la Ley. Una liquidación express. El resultado fue que se presentó un único oferente: El Grupo Omega. Una venta hecha a la medida del grupo colombiano.

Mientras Morales es tema de discusión por las medidas xenófobas que quiere imponer en Jujuy, hay otro ataque igual de profundo y reaccionario que está llevando el gobernador junto a su Justicia adicta, con la negación a los trabajadores de los mínimos derechos constitucionales. Las denuncias en la OEA, CIDH, OIT se siguen acumulando contra Morales y su justicia al igual que las resoluciones que emiten esos organismos, a las que tildó de “patéticas”. En Jujuy, para Gerardo Morales y su Justicia, es lo mismo comprar una pala que despedir a 338 trabajadores.







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