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La Corte Suprema o cómo salvar a los acusados de corrupción

El senador Iván Moreira fue desaforado en el marco de la investigación del caso Penta, en una votación dividida. La discusión es sobre cómo terminar de cerrar los casos.

Viernes 10 de noviembre

Los casos SQM, Penta, Corpesca y otros sacudieron a prácticamente todos los partidos del régimen. Por eso la discusión sobre cómo cerrarlos y alejarlos de la discusión pública cobró importancia.

Los primeros pasos en ese sentido fueron al menos en tres direcciones. La primera, acuerdos como el logrado por Jovino Novoa, aunque con admisión de culpa como requisito: eficaz para salir del foco de la atención pública, pero costoso. La segunda, la decisión del Servicio de Impuestos Internos (SII) de cerrar administrativamente las posibles investigaciones y hacerse del monopolio de las eventuales denuncias. La tercera, alargar las investigaciones para que se diluya al menos su impacto político.

Aunque para hacerlo más eficaz, algunos casos emblemáticos siguen su curso, para simular una sanción. Es el caso del UDI Orpis, del ex PS Fulvio Rossi, y ahora del también UDI Iván Moreira.

La votación del desafuero en la Corte Suprema fue dividida, con 9 votos a favor y 8 en contra. Las diferencias fueron profundas, alrededor de si puede alegarse la existencia o no de dolo por parte del senador en la presunta comisión de delito tributario.

Discutieron sobre si los servicios fueron realmente prestados, si hubo dolo al facilitar boletas, o si la intención era o no financiar una campaña o defraudar al Fisco.

Recordemos que Iván Moreira aceptó los hechos, pero rechazó que constituyeran un delito.

El voto de minoría va en ese sentido: que sí buscaba financiar su campaña, pero que ello no configura un delito tributario, y que el uso por las empresas para rebajar baja imponible puede ser corregido por la vía administrativa. Agregan que la investigación comenzó sin que el Ministerio Público estuviera habilitado, pues fue antes de la querella del SII el 19 de junio de 2015.

Este es el nudo. Si esta última tesis finalmente prevalece, el camino administrativo del SII se confirma judicialmente, y los casos se pueden limitar a los actualmente investigados, una minoría del total. Un salvavidas de la Justicia para disimular, y asegurar, la impunidad de los políticos empresariales.

Lo que no puede cerrar es el juicio público, y el amplio y profundo rechazo a los parlamentarios que hacen leyes que incluso redactan los mismos empresarios.






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