Géneros y Sexualidades

TRANSFOBIA

La Conferencia Episcopal carga contra las personas trans

Gil Tamayo, portavoz de los obispos, tilda la transexualidad de “self-service antropológico” y las leyes contra la LGBTI de “imposición”. Este 8M seamos miles contra la moral oscurantista y patriarcal de la Iglesia.

Viernes 2 de marzo | 21:12

En la última rueda de prensa de la Conferencia Episcopal Española, el portavoz Gil Tamayo ha confirmado lo que sospechábamos: la Iglesia Católica es LGBTIfóbica. Paren las rotativas ante tan inesperada noticia. En plena recta final hacia la Huelga Feminista del 8 de marzo, califica las propuesta de ley LGBTI como una "imposición radical e inquisitorial a toda la ciudadanía". Porque un alto jerarca de la Iglesia Católica es la persona más indicada para comparar algo con la Inquisición.

La Conferencia Episcopal Española y el heteropatriarcado

En estas declaraciones describía la inscripción legal por género y nombre autopercibidos como un hecho que "desdibuja la ecología humana fundamental" y “perturba la vida social". Sin embargo, a nivel estatal la actual legislación sigue llena de limitaciones: para poder acceder al cambio de identidad de género sigue siendo necesario que te diagnostiquen la nombrada “disforia de género” algo que patologiza la transexualidad, así como las innumerables restricciones hacia los menores transexuales.
Unas barreras que se suman a la enorme discriminación que sigue habiendo hacia las personas transexuales que son constantemente estigmatizadas y marginalizadas desde pequeñas en la escuela, y posteriormente en el mercado laboral y otros contextos sociales. Todo ello con la complicidad de un sistema y una violencia estructural que les sigue calificando y tratando como ’”trastornados” y personas “anormales”.
Es necesario recordar que las agresiones hacia el colectivo LGTBI suponen aproximadamente un 40% de las denuncias por delito de odio. Eso sin contar todos aquellos casos que no llegan a denunciarse, que según la FELGTB suponen acerca del 70%. Sólo en la ciudad Madrid se produce una agresión por homofobia o transfobia cada dos días, según afirmaba recientemente la asociación Arcópoli.

No es el único caso, ya que podemos encontrar declaraciones del Obispo de Valencia que fueron llevadas a los tribunales por su contenido LGBTIfóbico. Pero para el Juzgado número 18 de Valencia cargar contra los homosexuales y hablar de un “Imperio gay” que “es peligroso y destruye la familia”, o decir que “la ideología de género”- forma despectiva en como habitualmente se refieren al feminismo y los movimientos LGTBI en general- es “una de las ideologías más insidiosas en la historia de la humanidad y de la cultura” no incita ni al odio ni a la violencia.

Hace años el Obispo de Alcalá de Henares decía que “los homosexuales se corrompían y se prostituían en clubes nocturnos” y que allí “encontraban el infierno”. Y, sin ir más lejos, hace apenas un año comparó la homosexualidad con la pederastia. Declaraciones que ha realizado con total impunidad y sin haber sufrido ningún tipo de consecuencia en su cargo.

No sólo no resulta sorprendente esta cadena de acontecimientos si se ve desde la reflexión sobre el enorme poder que tiene la Iglesia Católica, sino que además es una de las instituciones más patriarcales y LGBTIfóbicas históricamente hablando. El Papa Francisco, siguiendo la línea tradicional de la Iglesia Católica, llegó a afirmar que la "familia estaba amenazada por el matrimonio homosexual" y que el "matromonio gay estaba motivado por el diablo”.
Nada nuevo bajo el sol. Y es que poderosos lobbys como la Conferencia Episcopal, Hazte Oír o la Asociación de Abogados Cristianos han enfrentado desde su creación los derechos de las mujeres y las personas LGBTI, en muchas ocasiones de la mano de dinero público y miembros del Gobierno.
Este 8M seremos miles exigiendo que los asuntos religiosos, incluida su moral conservadora, dejen de acosar la sexualidad de la mujer y las personas no heterosexuales, peleando por el fin de toda represión sexual.
Para ello es indispensable la separación total de la Iglesia (que cuenta con, entre otros privilegios, un tercio de los centros educativos del Estado Español) de la educación y el Estado y subvenciones millonarias de dinero público.







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